El proyecto de ley de extinción de dominio tramitado por los diputados a golpe de tambor bien podría llamarse “Ley de Extinción del Estado de Derecho”, pues, de aprobarse, suspendería garantías constitucionales fundamentales a quienes se vean afectados, tales como el principio de presunción de inocencia, la inviolabilidad de la propiedad privada y el derecho al debido proceso.
Por: Andrés Ramírez Prado (DIRCOM)
La extinción de dominio es un proyecto de reforma que discuten los diputados y con el que se busca debilitar el poder económico de las organizaciones de crimen organizado. En el dictamen de la mayoría de la comisión legislativa se realizaron cambios a la propuesta remitida por la Corte de Justicia, entre ellos eliminar conductas delictivas que estaban incluidas en la iniciativa original.
Cabe destacar que temas como tráfico de influencias y malversación de fondos públicos quedaron sin ninguna jurisprudencia que permita la investigación y sanción de este delito. Si no hay jurisprudencia que tipifique una acción como un delito, no habría delito. La fiscalía perdería su base legal para desarrollar lo que por su naturaleza está definido. Dentro de este nuevo contexto del derecho la impunidad reclamaría su lugar en un aparato estatal ya de por sí muy erosionado por el alto volumen de indicios de corrupción.
De aprobarse este proyecto habría una gran incertidumbre en cuanto a la lucha del crimen organizado en nuestro país, por lo tanto el impacto sociológico seria destrozo.
El proyecto en mención se dictaminó el martes en la comisión legislativa.
Debo Mencionar que Antonio Álvarez Desanti fue el principal promotor de esta iniciativa pero cuenta con el apoyo entusiasta de la administración Alvarado y de la mayoría de las fracciones legislativas.
Esperemos en Dios, que esta iniciativa legislativa no sea la antesala de un capricho autoritarista estimulado por el ejemplo de cuba, Venezuela y sus similares.
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