El organismo determinó quese alteraron las actas electorales, se falsificaron las firmas de los jurados y se redireccionó el flujo de datos a dos servidores ocultos y no controlados por el Tribunal Superior Electoral
La Organización de Estados Americanos publicó este miércoles su informe final sobre las elecciones en Bolivia del pasado 20 de octubre y concluyó que “la proclamación de la victoria en primera ronda del entonces presidente Evo Morales fue posible únicamente por un aumento masivo de votos en el final del conteo”.
Para lograrlo, explicó, existió una “manipulación dolosa de los comicios en dos planos”.
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El primero refiere a la alteración de las actas y la falsificación de las firmas de los jurados responsables por ellas. Y el segundo al nivel de procesamiento de los resultados, a partir del “redireccionamiento del flujo de datos a dos servidores ocultos y no controlados por personal del TSE, haciendo posible la manipulación de datos y la suplantación de actas”.
El documento asegura que una “abrumadora” cantidad de evidencia permite afirmar la existencia de “operaciones dolosas encaminadas a alterar la voluntad expresada en las urnas”.
La presidente interina de Bolivia, Jeanine Áñez, se hizo eco de la publicación y resaltó el proceso mediante se sancionó la ley que anuló los comicios y llamó a la conformación de un nuevo Tribunal Superior Electoral para que determine cuando se llevará a cabo el nuevo proceso electoral».
Con respecto a la paralización del escrutinio provisorio, hecho catalizador de las denuncias de fraude, la OEA indicó que los análisis del equipo técnico “permiten determinar que no fue un accidente ni una decisión basada en fundamentos técnicos”. “Fue simplemente una decisión arbitraria, cuyo propósito incluyó la manipulación de la infraestructura informática”, agregó.
El hecho permitió que entrara en escena un servidor oculto, que no había sido declarado ni era controlado por la empresa auditora ni los técnicos del órgano electoral. Ese servidor procesó las más de 1.400 actas remanentes, que arrojaron una diferencia clara a favor de Morales y proveyeron el margen necesario -de más de 10 puntos sobre su perseguidor, Carlos Mesa- para que pudiera proclamarse ganador sin necesidad de una segunda vuelta.
“Este segundo servidor no apareció en ningún informe hasta que la auditoría de la OEA lo develó a través de los estudios periciales”, agregó.
Además, el documento indicó que hay evidencia suficiente para confirmar “la parcialidad de la autoridad electoral”. «Los vocales del TSE, quienes debían velar por la legalidad e integridad del proceso, permitieron que se desviara el flujo de información hacia servidores externos, destruyendo toda confianza en el proceso electoral”, graficó el organismo que preside Luis Almagro.
De hecho, explicó que funcionarios técnicos del órgano electoral enviaron una carta a la auditoría en la que reconocen la existencia del servidor, pero aseguran que fue instalado “a petición de los vocales del TSE y en coordinación con un asesor informático”.
“La interrupción del TREP y el posterior re-direccionamiento del flujo de datos a un servidor externo tornó absolutamente manipulable el sistema. En efecto, el análisis pericial revela que, de manera deliberada, se construyó una estructura informática oculta, con capacidad de modificar resultados electorales, así como borrar cualquier rastro de esta actividad”.
El cómputo oficial, que también debía ser un sistema independiente, tampoco salió indemne. El documento indicó que se usaron las imagenes del TREP para realizar el cómputo en dos ocasiones: a la hora de contar el voto proveniente del exterior y en el caso de la quema o pérdida de actas originales.
“En total, más del 5% de las imágenes de las actas pasaron directamente a cómputo. El nexo entre el TREP, sistema abiertamente manipulado, y el Cómputo Oficial afecta la credibilidad de este último», explicó el reporte.
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El argumento que había dado Morales para justificar el drástico cambio en la tendencia era que los votos provenían de áreas rurales favorables a su partido. Sin embargo, el informe rechaza esta tesis e indica que aún si este hubiera sido el caso, “no se vería una discontinuidad tan aguda en torno a un punto arbitrario como el umbral del 95%”.
El informe explicó que su campo fue “acotado, tanto en el tiempo del que se dispuso como en relación con los componentes del proceso que fueron analizados«. Por ende, expresó que “excede a este informe lo ocurrido en la etapa pre electoral y los hallazgos de la misión de la observación de la OEA respecto a la inequidad de la contienda y el accionar del TSE en la fase anterior a los comicios”.
Sin embargo, aclaró, “los hallazgos son contundentes”. “El equipo auditor no puede ignorar el conjunto de manipulaciones e irregularidades observadas a través del trabajo en terreno y del análisis de las más de 200 denuncias y comunicaciones con información que se recibieron. Hacerlo sería un acto de suma irresponsabilidad y supondría incumplir el mandato asumido al momento en que se aceptó realizar la auditoría”.
El pasado 10 de noviembre Almagro había pedido la anulación de las elecciones tras difundir los resultados preliminares del informe, realizado por auditores encargados de valorar la calidad democrática del proceso. Al igual que el reporte final, el organismo había determinado la existencia de “irregularidades muy graves” en el proceso.
La declaración de la OEA elevó los niveles de agitación existente en la sociedad boliviana desde el día de las elecciones, marcado por denuncias de fraude contra el entonces presidente. Poco después de la publicación, el todavía presidente Morales anunció nuevas elecciones y la conformación de un nuevo TSE.
Sin embargo, la decisión no logró calmar las tensiones. Y horas después, el comandante general de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, y el de la Policía Nacional, Vladimir Calderón, le solicitaron al jefe de Estado que dimitiera para desactivar un escenario crecientemente convulsionado, cosa que Morales hizo ese mismo día.
Luego de dos semanas donde los enfrentamientos en las calles se desarrollaban en paralelo a las negociaciones políticas, la Asamblea Legislativa sancionó una ley de urgencia para anular los comicios del 20 de octubre, agilizar la convocatoria a nuevas elecciones y conformar un nuevo TSE.
Uno de sus artículos, además, vetó la posibilidad de que Morales y su vice durante su tiempo al frente del Ejecutivo, Álvaro García Linera, se postularan como candidatos.
La ley fue promulgada por la sucesora de Evo Morales y presidente interina, Jeanine Áñez, quien un día después designó al primer miembro del nuevo tribunal, Salvador Romero Ballivián. Desde entonces comenzó a correr un plazo de 20 días para designar al resto de los miembros del tribunal que, una vez conformado, tendrá dos días para llamar a elecciones.
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