El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también aumentó el flujo de fondos federales a organizaciones religiosas.
Por: Andrès Ramìrez Prado
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una medida destinada a evitar que las escuelas públicas coarten de algún modo el rezo de sus estudiantes y a aumentar el flujo de fondos federales a organizaciones religiosas.
Tres semanas después de que la principal revista evangélica del país, Christianity Today, se volviera en su contra, Trump emitió una directriz que recuerda a estudiantes, padres y profesores que pueden denunciar a sus escuelas ante su gobierno estatal si presencian algún intento de reprimir la oración.
“Trágicamente, hay un creciente impulso totalitario por parte de la extrema izquierda que busca castigar, restringir e incluso prohibir la expresión religiosa”.
Trump durante un acto en el Despacho Oval.
Aunque varios estudiantes y profesores acudieron al acto de Trump y relataron ejemplos en los que se les marginó o presionó por su fe cristiana, algunos expertos opinaron que no hay pruebas de que haya un problema serio de falta de respeto al derecho de los estudiantes a rezar en las escuelas públicas del país.
“Esto es, en cierto modo, una crisis manufacturada, porque funciona bien políticamente decir: ‘Queremos que Dios vuelva a nuestras escuelas’”, dijo un experto en libertad religiosa en las escuelas de la organización Freedom Forum, Charles C. Haynes, en declaraciones al diario The Washington Post.
El Tribunal Supremo de los Estados Unidos prohibió la oración institucionalizada en las escuelas en la década de 1960, pero los estudiantes tienen derecho a rezar solos o en grupos siempre que no se obligue a otros alumnos a formar parte.
Trump también derogó un decreto firmado por el expresidente Barack Obama (2009-2017) que obligaba a organizaciones religiosas de todo tipo a avisar a sus potenciales clientes de que podían obtener el mismo servicio de un proveedor laico.
Además, la Oficina de Gestión y Presupuesto de EE.UU. propuso una regla para que las agencias del Gobierno no puedan tomar en cuenta factores religiosos a la hora de decidir a quién conceden un contrato federal, lo que podría aumentar el flujo de fondos a organizaciones religiosas.
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