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Uno de los tantos intereses del presidente Carlos Alvarado y su equipo de gobierno con la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), era tener una herramienta que obligara a las entidades a darles acceso a bancos de datos de naturaleza confidencial, cosa a la que ya se habían negado varias instituciones pese a solicitudes de hechas desde el despacho de Casa Presidencial.
Ejemplo de ello fue que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que a través de la Oficina de Planes y Operaciones rechazó una petición de información sensible sobre denuncias por delitos, hecha por el asesor de Zapote, Diego Fernández en diciembre del 2018. En aquel momento, la policía judicial le indicó a Fernández que no sería posible entregarle el banco de datos gestionado porque contenía datos confidenciales operativos del OIJ.
De igual modo, en 2019, la jefa del despacho de Carlos Alvarado, Felly Salas, envió el oficio Dp-039-2019 a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) solicitando un desglose informativo sobre cuotas obrero patronales, es decir, los datos relacionados a empresas, número de empleados, cotizaciones y demás. Sin embargo, también la administración de la Caja rechazó esa petición al justificar que se trata de un banco de datos protegido por ley.
El audio derivó la entrevista hecha por la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, al mandatario Carlos Alvarado en el marco de la investigación seguida tras la elaboración y publicación del Decreto Ejecutivo N41996-MP-MIDEPLAN, para dar marco jurídico a la UPAD.
En el contenido de la conversación, durante un cuestionamiento de Crespo, Alvarado reconoce que existían instituciones con “manejos rústicos” de sus bases de datos y que en muchos casos, las administraciones correspondientes controlan a su criterio las informaciones, que servirían -según él- para la elaboración de políticas públicas.
“…tienen la información e incluso tienen responsabilidades legales, en algunos casos para compartir dicen esto es mío, esta es mi base y esto no se lo paso a nadie, aunque haya un interés público de hacer cosas buenas con eso”, señala Alvarado en relación a los alcances que tendría la UPAD.
El artículo 7 del documento firmado por Carlos Alvarado, su exministro de Presidencia Víctor Morales y su exviceministro de Planificación Luis Daniel Soto, se especificaba que la UPAD tendría acceso a bases de datos confidenciales de entidades centralizadas y descentralizadas sin importar esa categoría de informaciones.
“Artículo 7 Para el cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del Presidente de la República, las instituciones de la Administración Pública Central y Descentralizada deberán permitir el acceso a toda información que sea requerida por parte de la UPAD para el cumplimiento de sus fines y objetivos, salvo aquellos casos particulares donde la información sea considerada como secreto de Estado. Para ello, se le facilitará los accesos a los datos o brindarán los insumos de información de forma oportuna y en formatos que permitan su análisis y procesamiento estadístico (…) también se brindará acceso a la UPAD a información de carácter confidencial con la que cuenten las instituciones públicas cuando así se requiera…”.
Para tales fines se le dio la declaratoria de interés público en el artículo 10 del decreto.
Creación de UPAD
Diego Fernández, exdirector de la UPAD. CRH
En la entrevista con la Defensoría estuvo presente Diego Fernández, especialista en análisis de datos, quien precisamente fue contratado por Carlos Alvarado para estructurar el proyecto formal de la UPAD.
Fernández alegó que pese a no existir marco jurídico, el despacho de Casa Presidencial venía operando desde 2018, prueba de ello, las dos solicitudes hechas al OIJ y a la CCSS, por lo que evidenciaron la inexistencia de protocolos para el manejo de informaciones.
“El equipo como tal no existía, los protocolos en realidad estaban regidos por acuerdos vinculados a una sola persona”, señala en su intervención Diego Fernández.
La sugerencia, tanto de Alvarado como de Fernández, fue que en efecto el equipo de recolección de bancos de datos ya estaba trabajando sin cobertura legal, y que se le dio un marco jurídico porque se habían dado rechazos a las solicitudes.
CRHoy.com dio a conocer acerca de la existencia de la UPAD el viernes 21 de febrero en horas de la mañana, y tras fuertes primeros cuestionamientos, Presidencia hizo oficial que se derogaba el decreto.
Por tales hechos dados a conocer, la Fiscalía General lleva a cabo una investigación de naturaleza penal en contra del presidente Carlos Alvarado, Víctor Morales Mora, Luis Daniel Soto en condición de jerarcas que firmaron el decreto, además, se imputó a los asesores que trabajaban en la recolección y análisis de datos: Diego Fernández, Alejandro Madrigal, Andrés Villalobos, Luis Eduardo Salazar -abogado- y Felly Salas.
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