Según reveló el medio digital CRhoy, el Expresidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera tendría responsabilidad penal por las “inversiones” que realizó su gobierno en el Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito) entre marzo y abril del 2017. La información recabada por el medio detalla inversiones por un monto de ₡100 mil millones de colones y $50 millones, así como por las respectivas ampliaciones. Estos movimientos de dinero serían traslados de manera ilícita, esto es, fuera del marco legal, pues nunca conto con la aprobación de la Asamblea Legislativa para poder hacer esas transferencias.
Una Fuente confidencial de la Contraloría General de la República, indicó además que Solís Rivera no habría realizado ninguna intervención efectiva con acciones correctivas, pese a conocer la afectación que tendrían dichos traslados de dinero en las finanzas públicas. Por tanto, el expresidente podría enfrentar -por este caso- una acusación por los delitos de fraude de ley, peculado e influencia en contra de la Hacienda Pública.
Inyección de capital aumento el déficit fiscal
Dicha “compra” se hizo con el objetivo de solventar los problemas de liquidez del banco, “lo cual en apariencia repercutió en la afectación del flujo de caja del Presupuesto de la República del año 2018, poniéndose así en riesgo el cumplimiento de compromisos presupuestarios del Ministerio de Hacienda y aumentando el déficit fiscal de dicho período”, indicaron en un comunicado de prensa.
El análisis enviado al Ministerio Público
Según indicó la fuente, Solís Rivera habría omitido adoptar acciones concretas con relación a las advertencias hechas por la SUGEF y, por el contrario, habría respaldado otras medidas para mantener operando al banco de manera temporal y bajo una apariencia de normalidad a costa del presupuesto nacional. Dicha prueba consta dentro de un análisis el cual ya fue enviado al Ministerio Publica en espera de prontas acciones y contra del expresidente.
Pruebas
La entrega periodística explica como una posible prueba de esto sería la directriz número 017-P, que instaba a la banca estatal, instituciones autónomas y empresas públicas a mantener sus inversiones en dicho banco, así también detalla como esta orden no fue atendida por el alto riesgo que significaba para sus patrimonios tener los fondos invertidos en Bancrédito, pero el objetivo de Solís era que las entidades corrieran el riesgo con tal de mantener con vida a Bancrédito hasta salir del gobierno.
Disfraz de la Inversión y Omisión de advertencias
Al continuar con la lectura de la denuncia sorprende conocer como ante la negativa de las entidades de mantener su dinero en dicho banco, Solís Rivera permitió que la Tesorería Nacional realizara el traslado, en apariencia ilícito, de dineros a Bancrédito mediante lo que llamó la Dirección Jurídica de la CGR “el disfraz de la inversión”.
El riesgo significativo de inmovilización de estos recursos, como efectivamente ha estado sucediendo desde que la SUGEF intervino esa entidad en diciembre del 2017. Es el equivalente a 0,4% del Producto Interno Bruto (PIB) que tiene un efecto indirecto sobre la deuda, al no haberse podido recuperar, la CGR advirtió la CGR en el Informe Técnico sobre el Proyecto de Presupuesto de la República 2018.
Pese a que se podía intervenir, ajustar y usar alternativas como la inyección de capital bajo el proceso establecido en la Ley del Sistema Bancario Nacional o aceptar la intervención de CONASSIF, Solís Rivera habría facilitado la consumación de la distracción de los fondos públicos.
Dicha denuncia revela como Solís, participó en una reunión el 26 de setiembre del 2017 en la cual se acordó que Hacienda buscaría los elementos legales para extender los plazos de la deuda de Bancrédito. Aunado a lo anterior, Solís Rivera se habría comprometido a gestionar una modificación presupuestaria extraordinaria para el mes de diciembre de ese año para prorrogar aún más el plazo de las “inversiones” de Hacienda.
Un mes antes Solís había firmado el Decreto Ejecutivo 40540-H llamado “Contingencia fiscal”, donde se indicaba que la situación financiera del gobierno se agravaba por dificultades de acceso al financiamiento y que repercutían en la falta de liquidez en el flujo de caja de la Tesorería Nacional. Pese a la firma de ese decreto, Solís se comprometió a gestionar la modificación del plazo de Hacienda, aunque ambas acciones se contraponían y no resultaban coherentes, detalla el artículo.
EL DATO:
- La Contraloría determina una posible responsabilidad, no solo del expresidente Solís Rivera, sino también del entonces Ministro de Hacienda y Coordinador del Consejo Económico de ese gobierno, Helio Fallas.
- La Dirección General de Presupuesto Nacional de Ministerio de Hacienda advirtió a la Tesorería Nacional, al Consejo de Gobierno y al expresidente Solís acerca de la ilegalidad de mantener las inversiones en Bancrédito fuera del patrimonio estatal y además la idea de que por medio de un presupuesto extraordinario se pudiera realizar una ampliación de las fechas de vencimiento de los títulos valores.
- La CGR afirmo en el informe que pese a saber de toda la situación, se hizo el traslado de dinero a Bancrédito, a sabiendas de que los fondos no retornarían a las arcas del Estado.
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