Por: Felipe Guadamuz Flores
El alcalde de Escazú denunció en un vídeo publicado en redes sociales que, después de ordenar a la policía municipal de este cantón que no reforzara la restricción vehicular impuesta por el gobierno, sin que el Poder Ejecutivo proveyera datos claros para la procedencia de esas medidas; se despacharon una gran cantidad de miembros de la Fuerza Pública y de la Policía de Tránsito al cantón. ¿Por qué despacharía el gobierno decenas de efectivos de cuerpos policiales nacionales a un cantón en el cual, precisamente, el alcalde determinó no reforzar la restricción vehicular?
El gobierno no ha sido claro en cuanto a los elementos escogidos para los análisis en la toma de decisiones y escogencia de las diferentes medidas restrictivas. Parte del pueblo no tiene que comer y si morir del virus chino es una probabilidad, morir de hambre es una certeza, como bien dijo un académico en redes sociales.
En Costa Rica existen dos realidades: La de aquellos que reciben un salario y no han visto su estilo de vida mayormente afectado y la de todos los demás, que en una gran cantidad de ocasiones han quedado sin sustento y con familias hambrientas.
Pareciera que estas medidas restrictivas fueran una especie de ensayo para medir a la población y ver cuán domesticado está el pueblo, porque sin brindar datos certeros, se han tomado una serie de medidas en las cuales no se tiene claro cómo se llevaron a cabo y, tuvo que haber una condena de la Sala Constitucional contra el Ministerio de Salud para que finalmente se entregaran los datos.
Si bien, el virus chino ha generado cambios a nivel global, es necesario que las medidas que se tomen, localmente, sean congruentes con el peligro real de contagio y fallecimiento pero sobre todo, con transparencia en el manejo de los datos. En la era de la información, un gobierno en democracia no se puede dar el lujo de actuar en las sombras.
El artículo 131, inciso 3), de la Ley General de la Administración Pública es claro en indicar que, en cualquier actuación administrativa donde se persigan fines distintos a los principales, habrá desviación de poder. En otras palabras, si no hay justificación con base en datos reales y en busca de proteger los intereses públicos, habría desviación de poder.
Surgen entonces estas preguntas: ¿Cuál era el fin del gobierno a la hora de enviar miembros de la Fuerza Pública y oficiales de tránsito a Escazú? ¿Pretende el gobierno intimidar a la población escazuseña?
Mala y engañosa ciencia es juzgar por las apariencias, pero cuando son tantos los indicios que establecen patrones, cualquier persona de inteligencia promedio comienza a cuestionarse si estas muestras de aparente matonismo gubernamental no son sino ensayos para algo más fuerte.
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