Una de las preocupaciones plasmadas es la penetración del narcotráfico, legitimación de capitales, crimen organizado y tráfico de influencias generados por los grandes monopolios en la política nacional.
El Diario Extra dio a conocer un documento enviado el pasado 9 de setiembre por parte de la defensora de los habitantes, Catalina Crespo, dirigida al superintendente de Sugef, Bernardo Alfaro sobre la posibilidad de una intervención, por los financiamientos en la campaña presidencial.
Según revela la nota del medio nacional, la defensora notificó la admisibilidad y solicitud de informe a jerarca a raíz de una denuncia que ingresó al órgano defensor el 4 de junio de 2019.
La entidad recibió una queja la cual se refirió a presuntas omisiones del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), entre ellas que se veía imposibilitado de dar cuentas del origen de los fondos económicos ingresados a la campaña electoral, añade el artículo
La denuncia detalla que, no se pudo entregar información sobre los dueños finales y acreedores de los recursos económicos que se prestaron a los partidos políticos por medio de la banca privada.
Al respecto el Tribunal Supremo de Elecciones desconoce quiénes son las personas físicas que se encargan de aportar por medio de bancos privados los dineros que corresponden a ¢11.000 millones, revela la denuncia.
Dichos montos estarían “invertidos” en la anterior campaña electoral de 2018, de acuerdo con la denuncia.
“El supremo órgano electoral de Costa Rica no sabe, y se niega a averiguar, quién o quiénes finalmente financian a los principales partidos políticos en sus campañas. Este es un asunto de vital importancia para determinar la salud democrática de Costa Rica y la defensa de los costarricenses para con el derecho a la información transparente, ajustada a la moral, la justicia social y nuestras leyes.
Es inaceptable para los habitantes de una democracia como la nuestra, que ha venido enmendando la normativa electoral a través de los años para eliminar el tráfico de influencias y la corrupción en los financiamientos de campaña de las empresas nacionales o extranjeras, todo a un alto costo”, expresa la acusación.
El documento en poder de DIARIO EXTRA, describe como los fondos económicos anónimos corresponden en el 98% de Acción Ciudadana, 93% Frente Amplio (FA), entre otros partidos políticos.
Ese desglose citado correspondería al total de dinero ingresado a la campaña presidencial 2017-2018.
“Nace y crece una fundada sospecha de que mucho dinero de origen desconocido y de intereses espurios se filtró por esta vía y se desarrolla una justificada percepción ciudadana de ausencia de moralidad en el ejercicio democrático nacional de que el TSE incumple el cometido de garantizar la pureza del sufragio a sus habitantes y sus votantes”, continuó resumiendo.
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