VOA
Un grupo de diputados del Frente Sandinista de Liberación Nacional presentaron ante la Asamblea Nacional de Nicaragua una polémica propuesta de legislativa que, según algunas voces críticas, “criminalizaría la libertad de expresión” tanto de periodistas como de activistas.
En concreto, el artículo 30 de la “Ley Especial de Ciberdelitos” contempla penas de prisión a aquellas personas que utilicen “las tecnologías de la información y comunicación para publicar lo que ellos consideren noticias falsas, tergiversadas que produzcan alarma, temor, zozobra en la población”.
Algunas organizaciones internacionales han expresado su preocupación ante los movimientos del gobierno de Daniel Ortega que consideran es “la última gota que derrama el vaso de la censura que se está viviendo en Nicaragua”.
“Todos sabemos que es una decisión sumamente restrictiva para la libertad de prensa y de expresión”, comentó Luis Botello, vicepresidente de Nuevas Iniciativas e Impacto del Centro Internacional para Periodistas (ICFJ), con base en Washington, durante una entrevista con la Voz de América.
Las “fake news”, la “excusa perfecta”
En ese sentido señaló que la aparición de noticias falsas es motivo de preocupación en cualquier sociedad, pero criticó que Nicaragua está utilizando esa problemática para aprovecharse y “limitar la libertad de prensa”.
“En un país como Nicaragua, donde la prensa independiente prácticamente ha sido cerrada y tiene muy pocas posibilidades de poder informar de manera libre y sin tener que pensar en represalias, este tipo de medidas estarán en manos de autoridades que van a decidir qué es verdad y qué no es verdad”, decía el portavoz de ICFJ convencido de que “eso limitaría cualquier juego de ideas libres que requiere una democracia”.
La organización que él representa tiene como objetivo “elevar los estándares del periodismo alrededor del mundo”. Ante una situación como la que se vive actualmente en el país centroamericano, la ICFJ defiende “una salida política como la (opción) más adecuada” aunque hoy en día “es imposible”.
“Existen dos realidades. Una es que el gobierno de Nicaragua cree que no puede existir la libertad de prensa y de expresión en una sociedad como esa, y otra realidad es que otros están luchando por esa libertad”, agregó al respecto.
Durante las protestas antigubernamentales de 2018, el gobierno de Daniel Ortega catalogó como difusores de noticias falsas a los periodistas y medios de comunicación que divulgaron información sobre la represión estatal que habría dejado más de 300 muertos, según organismos de derechos humanos.
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