Pensilvania, Georgia, Michigan y Wisconsin contestaron la demanda de Texas, apoyada por otros 18 Estados republicanos. A su vez, 22 Estados salieron en su defensa. La Corte Suprema deberá decidir el resultado de la elección más polémica e irregular de la historia.
Este 10 de diciembre era la fecha que había establecido la Corte Suprema para que los Estados acusados de haber llevado a cabo la elección de manera inconstitucional respondieran y el tribunal aceptara tratar el caso. La respuesta de los cuatro Estados demandados (Georgia, Pensilvania, Michigan y Wisconsin) fue muy dura, acusando a Texas y los otros 20 Estados que demandaron de «actitudes sediciosas«.
La demanda fue redactada por el Fiscal General de Texas, Ken Paxton, quien argumenta que estos Estados demandados violaron la Cláusula de Electores de la Constitución Nacional porque hicieron cambios a las reglas y procedimientos de votación a través de acciones ejecutivas de sus gobernadores, en vez de a través de las legislaturas estatales.
Los procedimientos constitucionales indican que cualquier cambio en la metodología del voto debe ser sometida a un plebiscito en aquél Estado y luego aprobada por la Legislatura estatal. Este año, todos los Estados demandados introdujeron el voto por correo universal, suspendieron la verificación de firmas y permitieron que los votos lleguen hasta varios días después del 3 de noviembre por decreto del Gobernador o por fallo de un Tribunal local. Según Texas, esto hace que los resultados de la elección no sean válidos y que para mantener la integridad de una elección federal, el Presidente y Vicepresidente debe ser elegido en el Congreso, como establece la Constitución Nacional en una «elección de contingencia».
Pero Texas no está sólo. Desde el lunes, ocho Estados (Alabama, Arkansas, Florida, Kentucky, Lousiana, Mississippi, Carolina del Sur, y Dakota del Sur) se sumaron como demandantes, y otros diez Estados (Montana, Dakota del Norte, Nebraska, Kansas, Oklahoma, Utah, Misouri, Tennessee, Indiana, y West Virginia) se sumaron como amicus curiae, o sea que no son querellantes pero acompañan y asisten la causa de su lado. En total, 19 Estados piden que la Corte Suprema se expida.
Por su parte, Arizona presentó un escrito propio, en sintonía con la de Texas pero que no exige un cambio en el resultado de la elección. Ohio celebró públicamente la demanda pero no se sumó como amicus curiae y el Fiscal General de Alaska aseguró que no tuvo tiempo de leer el texto por lo que no se sumó. Por último, Idaho, Iowa y Wyoming por ahora no han dicho nada concreto al respecto pero tampoco se sumaron.
Este jueves, todos los Estados gobernados por demócratas en el país se unieron en defensa de Pensilvania, Michigan, Wisconsin y Georgia. Incluso la ciudad de Washington, Guam y las Islas Vírgenes se sumaron a defender a los Estados acusados de fraude. En total, son 22 Estados los que defienden la victoria de Biden.
En marrón los cuatro Estados demandados, en rojo los Estados demandantes, y en azul los Estados que defienden a los demandados. En gris los que todavía no tomaron parte.
Quien lidera la defensa demócrata es principalmente el Fiscal General de Pensilvania, el ultra-demócrata Josh Shapiro, quien es a su vez acusado de haber introducido la ley «Act 77» de manera inconstitucional. Esta ley permitió el voto por correo universal en el Estado.
Shapiro pidió que la Corte Suprema rechace esta histórica demanda en los méritos: «El esfuerzo de Texas para lograr que esta Corte elija al próximo Presidente no tiene base ni de hecho ni de derecho. La Corte no debe aceptar este abuso sedicioso del proceso judicial y debe enviar una señal clara e inequívoca de que tal abuso nunca debe repetirse«.
La Fiscal General de Michigan, Dana Nessel, también comprometida ante la justicia por fraude electoral, abordó la demanda con un lenguaje igualmente fuerte y escribió que «las elecciones en Michigan han terminado. Texas es un agente extraño en este asunto y no debería ser escuchado aquí«.
Chris Carr, el Fiscal General de Georgia, habló sobre el federalismo y acusó a Texas de no respetar la independencia de los Estados. «Texas presiona un agravio generalizado que no involucra el tipo de controversia directa entre Estados que se requiere para la jurisdicción original», escribió, sin aludir que los resultados de unas elecciones federales afectan a todos los Estados del país por igual.
El Fisca General de Wisconsin, Josh Kaul, calificó de manera similar la demanda como una «intrusión extraordinaria en las elecciones de Wisconsin y de los demás Estados acusados, una tarea que la Constitución deja a cada Estado«.
Las justificaciones de los Estados demandados recuerdan a la de los Estados confederados cuando defendían su derecho a mantener esclavos sin que los otros territorios de la Unión se metan en sus asuntos.
La Corte Suprema todavía no se ha expresado sobre esta causa, pero todo indica que no llegarán a votar antes del 14 de diciembre, cuando el Colegio Electoral elegirá inconstitucionalmente a Joe Biden como Presidente-Electo. Sin embargo, hasta el 6 de enero estos votos no son validados por el Congreso y una decisión del supremo tribunal podría generar una elección en Diputados y Senadores que elijan a Trump y Pence como los próximos Presidente y Vicepresidente.
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