Sobre el aparato estatal costarricense

Por: Andrés Ramírez Prado

Como ya sabemos, Costa Rica es un país de modestos recursos, con gran dependencia de la agricultura, de los servicios y del turismo, especialmente. Además; Costa Rica apostó por un esquema de desarrollo muy ligado a los programas de bienestar social, con grandes inversiones en educación y salud, y enormes limitaciones económicas para temas de infraestructura y grandes proyectos de inversión, como los mencionados recientemente por el DR. Fernando Zamora.

Ello ha implicado que el aparato estatal nuestro ha ido creciendo de manera desproporcionada y desordenada con relación a nuestras posibilidades de país pobre en vías de desarrollo. Mucho de ello ha sido producto del papel de los partidos tradicionales a lo largo de años, siendo que tanto Liberación Nacional en mayor grado como la Unidad Social Cristiana, son responsables directos de la aguda crisis que muestra la hipertrofia estatal, aunado a esto de la nada emerge un partido político con tintes socialistas, con gran complejo de anarquista, con pocas soluciones y mas bien un deseo manifiesto de agrandar el contexto antes descrito.

Abundantes instituciones que en la segunda mitad del siglo pasado vieron la luz, sumaron en la expansión del Estado. Desde el Poder Ejecutivo o poder central, hasta las instituciones descentralizadas, como también desde un entramado institucional de otros organismos adscritos, u órganos de interés público, que de una u otra forma nos tienen en una aguda situación económica

Es un urgente la pronta revisión al aparato estatal.

Es importante, revisar el quehacer de todas las instituciones públicas vinculadas al aparato estatal. Lo anterior debe hacerse con gran sentido técnico de los investigadores y analistas, pero también acompañado de una seria valoración política de los diferentes actores del país y con una responsable participación de los poderes Ejecutivo y Legislativo, bajo la tutela del pueblo de Costa Rica.

Un ordenamiento del aparato estatal es urgente para determinar las actividades o funciones que realizan las instituciones y sus verdaderos o reales aportes al desarrollo social, económico, político, cultural y ecológico.

Debemos cambiar el actual modelo, que es a toda luz, añejo e inoperante.

Esto significa que una sociedad como la nuestra, debe priorizar sobre el tipo de instituciones que requiere y en especial, sobre qué temas y actividades debe reservarse al Estado para que tenga un rol en vías en aras del desarrollo. Las necesidades de hoy día ante el cambio de los mercados internacionales ya no justifican actividades en manos estatales y bien debieran buscarse esquemas mixtos, de participación conjunta con organizaciones de la sociedad civil. Esto podría llevar a una verdadera modernización del aparato estatal, lo cual implica todo un ajuste de la carga para las finanzas públicas, para los costarricenses. Por su parte, habrá que determinar dónde hay duplicidades, o esquemas de organización administrativa deficientes o superados por las modernas tecnologías, y dónde unas funciones pueden ser incorporadas, fusionadas o subsumidas en otras.

El rol de la sociedad civil

En alguna medida nos sentimos orgullosas cuando decimos que vivimos en la democracia mas longeva y estable de la región, claro si tomamos en cuenta que no hemos vivido un estallido de guerra desde 1948 y no estamos acostumbrados a ver tanques de guerra estacionados en las aceras, es lógico pensar que tenemos algún grado de libertad, pero todo lo anterior es fácilmente cuestionable si nos adentramos en la etimología y teoría de las palabras que acompañan dicha democracia.

Leyendo a los entendidos en política, entiendo que, la democracia participativa es un sistema de organización política que otorga a los ciudadanos una mayor, más activa y más directa capacidad de intervención e influencia en la toma de decisiones de carácter público. Tomando en cuenta que hasta la fecha sólo se ha realizado un referéndum en la historia de Costa Rica desde que está vigente la actual república, podemos concluir que el discurso de una Costa Rica libre, soberana y democrática es cuestionable. Pero los países escandinavos no se hacen esa ilusión, saben y entienden por practica y no por dogma política el verdadero significado del rol social dentro de la toma de decisiones políticas.

Revisando la historia me di cuenta de que; a finales del decenio de 1990 y principios del decenio de 2000, Suecia vendió sus empresas estatales, desreguló sus mercados financieros (de nuevo) y sustituyó los monopolios públicos por la competencia. Se redujeron las tasas impositivas máximas, se reformaron los programas de bienestar social. Estos logros no fueron concretar sin la consulta y escrutinio directo del pueblo mediante una importante representación en el parlamento y un sinnúmero de referéndums. ¡Ellos tomaron parte!

Un vistazo a Suiza

El sistema político suizo otorga gran importancia a la participación ciudadana, que se expresa a través del federalismo y de la democracia directa.

os ciudadanos suizos acuden a las urnas más a menudo que en cualquier otro país del mundo. Este uso intensivo de los privilegios democráticos se explica principalmente gracias a la existencia de dos derechos inéditos: el referéndum popular y la iniciativa popular.

Es este un ejemplo de lo que la dinámica democrática debería ser en realidad dentro de un gobierno con verdadera voluntad política y un pueblo distante a la parsimonia que caracteriza nuestra cultura del «Pura Vida”.

De esta manera, uno de los retos de la democracia participativa es crear una sociedad integrada por ciudadanos activos, organizados y preparados para asumir un papel dinámico en la escena política; individuos a quienes, desde la propia escuela, se les eduque para participar en este sistema político.

Básicamente, se persigue que el ciudadano se involucre en las decisiones que le afectan, proponiendo iniciativas, promoviendo asambleas y debates, pronunciándose a favor o en contra de una u otra medida, así como vigilando y verificando su implementación, pero hoy día este deseo parece ser más un sueño idealista que una meta por conquistar. Debemos entonces sentirnos plenamente orgullosos de nuestra democracia? ¡NO!