Para entender lo que realmente es el socialismo cubano, es menester acceder a las información de los medios sobre la experiencia cubana, bajo el régimen Castrista desde el año 1953. El aprendizaje derivado de ellas debe iluminar nuestra propia lucha por la libertad.
Educación
La experiencia democrática de las naciones permitió la formulación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y se conceptualizó una potestad ejercida de antaño: «Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos». Para facilitar el ejercicio de ese derecho, en Cuba existieron colegios públicos, privados y religiosos, con metodologías y estilos distintos. Desde los tiempos del obispo Espada y hasta el año 1959, la brújula del magisterio cubano fue crear una escuela de ciencia, conciencia y virtud, todo de sello cubano.
Con el giro al marxismo, el magisterio tomó el rumbo soviético aplicado en todos los países socialistas de Europa
Con el giro al marxismo, el magisterio tomó el rumbo soviético aplicado en todos los países socialistas de Europa. El proceso fue acelerado, a pesar de encontrarse la libertad de educación entre las otorgadas por la Ley Fundamental de febrero de 1959, teóricamente en vigencia hasta 1976.
La campaña de nacionalización de la enseñanza encontró inútil resistencia por parte de pedagogos y padres de familia. Una premonitoria frase del Diario de la Marina de 1960, además de describir el momento, resume lo ocurrido en las últimas seis décadas de nuestra realidad: «La estatalización de la enseñanza no es más que la esclavización de la ciencia puesta al servicio del poder y supeditada a sus intereses. Y ésta es una táctica infalible de todo Gobierno totalitario, empezando por el comunista. En consecuencia, lo que debiera ser simple medio de difundir ilustración se convierte en arma de partido político, de sectarismo, de pasiones personales».
Todo comenzó inmediatamente después del triunfo con la llamada reforma de la educación. Durante casi dos años, el discurso oficial estuvo pleno de engaño y demagogia. Una enrevesada declaración en octubre de 1959 del ministro de Educación Armando Hart determinó de forma hiperbólica que usar el temor al comunismo refiriéndose a la revolución era ir contra el proceso popular; de donde peligrosamente resultaron sinónimos los términos «anticomunista» y «contrarrevolucionario». Sucesivas declaraciones oficiales posteriores prometieron que no se eliminaría la enseñanza privada, especialmente la católica, alevosa campaña en la cual destacado papel jugó el propio Hart.
Primero, en 1960 se definió el poder regulatorio del ministro de Educación sobre ambos tipos de educación pública y privada
Primero, en 1960 se definió el poder regulatorio del ministro de Educación sobre ambos tipos de educación pública y privada, quedando sujetas a órdenes oficiales. Se implantó el control y unificación de los textos de la enseñanza, un apretón de tuerca a la tradicional inspección metodológica del Estado sobre el proceso pedagógico. Seguidamente, se declaró pública la función de la enseñanza y gratuita su prestación, y se dispuso que correspondía al Estado esa función, medida de la que sólo escaparon los colegios religiosos. Más tarde, la Comisión de Planeamiento Educacional pasó a operar bajo la dirección del ministro y comenzó el descarte o modificación de los libros de texto anteriores. De la nada, intelectuales comunistas como Carlos Rafael Rodríguez y Sergio Aguirre comenzaron a escribir los nuevos textos para enseñar la asignatura de Historia de Cuba.
La reforma terminó en la madrugada del 2 de mayo de 1961, cuando centenares de milicianos, cumpliendo orientaciones de Fidel Castro, ocuparon los colegios privados sobrevivientes. La Ley de Nacionalización de la Enseñanza se emitió un mes después. Se anunció oficialmente que el ruso se convertiría en asignatura obligatoria en nuestras escuelas, para lo cual se prepararía un grupo de 2.300 profesores. Ese desatino quedó finalmente sin cumplir gracias a la resistencia popular, aunque pudimos, eso sí, estudiar esa lengua hasta por la radiodifusión.
Hoy, el discurso de un Gobierno -que es «continuidad» de aquél- califica a los periodistas independientes y opositores de mercenarios al servicio de potencias allende los mares. Siguiendo esa línea de pensamiento, recordemos que entre La Habana y Moscú se extienden miles de kilómetros de mar y tierra; nuestras relaciones comerciales habían sido mínimas hasta 1959; aún menores los contactos culturales; y absolutamente nula la influencia de su modo de vida en nuestra historia y tradiciones patrias. Por consecuencia, los líderes que entonces promovieron el giro al marxismo merecen igual calificación.
A partir de entonces, yo repetí en la escuela: «¡Seremos como el Che!», aunque mi madre me hablara después en casa de su violenta ejecutoria
Existe una larga cadena de varias generaciones adoctrinadas por la Escuela cubana «reformada», nadando en las profundidades de la doble moral, califica entre las causas fundamentales de la actual pérdida de valores de todo tipo, especialmente de aquellos que impulsan la participación ciudadana, la construcción de la nación. No siendo suficiente, el régimen a logrado infiltrarse en diferentes gobiernos a lo largo y ancho de la, región Latinoamericana.
Religión
Christian Solidarity Worldwide (CSW) ha publicço un informe sobre la libertad de religión o creencias (FoRB) en Cuba en el que concluye que las autoridades cubanas continuaron violando de manera rutinaria y sistemática el derecho a FoRB a lo largo de 2020, y que el gobierno ha utilizado la pandemia COVID-19, en varios ocasiones, para legitimar tales violaciones.
En 2020, CSW recibió 203 violaciones documentadas de FoRB. Si bien este número es inferior a los 260 casos documentados en 2019 , la disminución en los números no se debe a ningún cambio de política del gobierno, sino más bien a la reducción servicios religiosos durante unos siete meses a causa de la pandemia.
Las violaciones documentadas incluyen detenciones arbitrarias, amenazas, hostigamiento y vigilancia de líderes religiosos y defensores de FoRB; los esfuerzos del gobierno para bloquear la ayuda humanitaria en el extranjero y la distribución de alimentos por parte de grupos religiosos; difamación de líderes religiosos en línea; y el ataque a las propiedades de la iglesia con demolición, vandalismo y cierre forzoso. El informe también destaca un caso particularmente llamativo en el que las autoridades demolieron una iglesia perteneciente a la denominación Asambleas de Dios en el barrio Abel Santamaría de Santiago de Cuba en octubre.
El informe señala un aumento en los casos en los que el derecho a la FoRB fue restringido arbitrariamente en virtud del Decreto Ley 370, una ley que efectivamente restringe la libertad de expresión en Internet en Cuba para protegerse contra la “difusión de información contraria al bien común, la moral, la decencia y integridad a través de las redes públicas de transmisión de datos «. En un ejemplo en abril de 2020, las autoridades cubanas usaron el decreto para amenazar al periodista Yoel Suárez , quien a menudo se enfoca en temas de FoRB, con multas y la incautación de su trabajo.
Al igual que en 2019, CSW también documentó violaciones continuas contra niños pertenecientes a grupos religiosos, particularmente en entornos educativos. Por ejemplo, en enero de 2020, un líder de la iglesia en una denominación registrada se vio obligado a sacar a su hijo de la escuela primaria luego de una constante campaña de intimidación contra el niño dirigida por su maestro.
El informe encuentra que estos desarrollos se han producido cuando Cuba enfrenta una situación particularmente inestable que incluye escasez de alimentos, medicamentos y suministros de higiene y, por supuesto, la pandemia de COVID-19 en curso. Concluye que estos hechos «deberían ser motivo de seria preocupación entre la comunidad internacional y aquellos que buscan defender el FoRB y los derechos humanos internacionales».
Organismos institucionales como la Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF) siguen preocupados por la represión religiosa en Cuba y continúan designándolo como un país de Nivel 2, mientras que el Departamento de Estado de los EE. UU. Mantuvo a Cuba en una Lista de Vigilancia Especial por violaciones de la FoRB para el segundo año consecutivo.
La Jefa de Defensa de CSW, Anna Lee-Stangl, dijo: “De este informe se desprende claramente que la situación de los grupos religiosos en Cuba sigue necesitando urgentemente la atención internacional, como lo ilustra la decisión del Departamento de Estado de colocar a Cuba en la Lista de Vigilancia Especial por segundo año consecutivo. Como se temía, la pandemia del COVID-19 ha proporcionado a las autoridades cubanas otra forma de legitimar las violaciones del derecho a la libertad de religión o de creencias, que han sido facilitadas aún más por una legislación represiva, incluido el Decreto Ley 370. CSW hace un llamado a la comunidad internacional para prestar atención a las recomendaciones contenidas en este informe e instar a las autoridades cubanas a respetar plenamente el derecho a los derechos humanos de conformidad con la propia constitución del país y los estándares internacionales sobre este derecho humano fundamental”.
Prensa
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), en un análisis de este año, señaló a Cuba como uno de los países que más censura y hostilidad muestra hacia la prensa en el mundo.
La investigadora del CPJ, María Cristina Núñez, recordó que desde hace varios años la isla ocupa un lugar entre los 10 países con más censura y limitaciones en el orbe, por esa razón “sigue siendo de una enorme preocupación para el CPJ”, según declaró a Radio Televisión Martí.
“Cualquier esperanza del CPJ de que la situación mejorara se ha visto abandonada en estos últimos tiempos», precisó.
Entre las mayores limitaciones a los comunicadores en Cuba, el CPJ mencionó el acoso a reporteros, e incluso a sus familiares. También las detenciones arbitrarias y domiciliarias, la prisión y la aplicación de multas, entre ellas a consecuencia del Decreto-Ley 370 o Ley Azote, como fue bautizada por los activistas de derechos humanos en la isla.
Otra de las violaciones mencionadas por la organización está relacionada con la prisión impuesta al abogado y periodista independiente Roberto Jesús Quiñones Haces.
El resumen de año indica que, de igual manera, ciberactivistas y youtubers han visto recaer sobre ellos todo tipo de limitaciones y hostigamiento por parte de la Seguridad del Estado, a fin de que dejen de postear en las redes sociales sus trabajos.
Varios de ellos recibieron citaciones policiales. Durante los interrogatorios, fueron objeto de amenazas, y otros sufrieron el allanamiento de sus viviendas, y la confiscación de los medios de trabajo y dispositivos electrónicos con los que realizan gran parte de sus producciones.
Otro de los métodos aplicados contra los periodistas independientes, antes de las medidas tomadas por la pandemia de coronavirus, fueron las prohibiciones a viajar fuera del país, o a trasladarse de una provincia a otra.
La lista de reporteros que recibieron negativas a viajar fuera del país fue notable, y en ninguno de los casos los afectados recibieron explicación de las causas de esas limitaciones a su libertad de movimiento.
También los cortes a las líneas telefónicas y al servicio de Internet forman parte de las maniobras de la Seguridad del Estado para impedir que los comunicadores participen en eventos virtuales o talleres programados en distintas partes del mundo.
«Hemos visto empeorar la situación de los periodistas y las autoridades cubanas no han enviado ninguna señal positiva de cambio”, concluyó la investigadora.
Durante el año, organizaciones como Human Rights Watch, y Reporteros Sin Fronteras han denunciado las graves limitaciones del régimen cubano a la libertad de expresión y prensa.
En octubre, la Sociedad interamericana de Prensa (SIP) durante la clausura de la 76ª Asamblea General de esta organización, recordó que la represión policial se hizo sentir con mayor fuerza en las protestas civiles de junio, julio y octubre.
Muchos periodistas independientes tenían prohibido salir de sus viviendas y eran vigilados. Entre ellos, el informe del SIP destacó el caso de Luz Escobar, Abraham Jiménez Enoa, Ricardo Fernández Izaguirre, Mario Ramírez Méndez y Henry Constantin Ferreiro.
En este período fueron arrestados Abraham Jiménez Enoa, Jorge Enrique Rodríguez, Yoe Suárez, Héctor Luis Valdés Cocho, Iliana Hernández, Camila Acosta, Esteban Rodríguez López, Vladimir Turró Páez, Roberto Rodríguez Cardona, Yadisley Rodríguez Ramírez, Anderlay Guerra. También, los activistas Raux Denis y José Luis Acosta Cortellán, por sus críticas en Facebook, concluyó el informe de la SIP.
Durante el mes de noviembre también se hicieron notables las acciones hostiles contra periodistas independientes que apoyaron la protesta del Movimiento San Isidro en La Habana Vieja, como el caso del director de la revista independiente El Estornudo, Carlos Manuel Álvarez.
Recientemente, la organización no gubernamental Artículo 19 declaró que actualmente en Cuba, por demandar reconocimiento a sus derechos, los artistas, activistas y periodistas están en constante riesgo.
Internet
Algunos gobiernos de países alrededor del mundo han usado la pandemia del virus del PCCh (Partido Comunista Chino), también conocido como nuevo coronavirus, como excusa para expandir la vigilancia online de su población, colectar datos y limitar la libertad de expresión. China es la nación del mundo que más ha limitado la libertad en la red a nivel global y Venezuela y Cuba a nivel del continente americano.
Así lo indicó el informe anual de la organización Freedom House publicado el miércoles, exponiendo que la libertad en la web empeoró a nivel mundial por décimo año consecutivo y, en el último año, el rápido desarrollo de la Inteligencia Artificial, junto con la vigilancia biométrica usada por los gobiernos para enfrentar la pandemia han creado “nuevos riesgos para los derechos humanos”, explica el texto.
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