La «autoridad política superior» que protegió a Caro Quintero y otras irregularidades en torno a su caso.
Domingo 17 de marzo de 1985, a eso de las 5 de la tarde. El Coronel Luis Barrantes, Jefe de la Oficina de Narcóticos del Ministerio de Justicia de la República de Costa Rica, y Antonio Pereira Sevilla, Director de Migración del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, están apoyados sobre el carro del primero, estacionado a un lado de la pista de aterrizaje. Esperan. Entonces llega un avión privado con matrícula TI-AQM, el cual había despegado pocas horas antes desde una pista clandestina en Mazatlán. En él viaja Rafael Caro Quintero.
“El narco de Narcos” huye de la DEA y de una denuncia en su contra por el secuestro de una menor de edad. El avión es piloteado por Werner Lotz Artavia, quien había trabajado para importantes políticos costarricenses, entre ellos el ex presidente Daniel Oduber. Tiene vidrios polarizados, por lo cual ningún funcionario puede ver a los ocupantes. La nave se detiene, según se sabe, casi en frente de Barrantes y Pereira.
El Director de Narcóticos había estado en el aeropuerto dos veces antes desde el día anterior. El sábado 16 de marzo se había llevado a cabo un operativo conjunto de Narcóticos y la DEA, el cual incluía el seguimiento de un informante en el Juan Santamaría. Uno de los contactos se fugó y el operativo tuvo que ser abortado a altas horas de la noche o en la madrugada del domingo. El Coronel estuvo de nuevo allí la mañana siguiente, cinco minutos antes, para asegurarse que llegaría bien otro avión en el que venía Jesús Félix Gutiérrez, alias “Cachas”, el colaborador cercano de Caro Quintero que se había encargado de comprarle cuatro lujosas propiedades, dos automóviles nuevos y averiguar quién era quién en Costa Rica para que su jefe se pudiera poner en contacto con ellos. Cinco minutos es lo que se quedarían más tarde él y el Director de Migración.
Meses después, cuando una comisión investigadora de la Asamblea Legislativa le preguntó porqué estaba allí y cómo era posible que dos narcotraficantes de renombre entraran al país frente a sus narices en menos de un día, el Coronel Barrantes dijo que él estaba allí todavía como parte del operativo conjunto con la Drug Enforcement Administration. Su testimonio contradijo a todos los demás miembros de ambos equipos, quienes dejaron el aeropuerto antes de la salida del sol. Acorralado semanas después, afirmó que el hecho de haber estado allí fue ante todo una “desafortunada coincidencia”.
Una mínima investigación arrojó a la luz más irregularidades: el arribo del avión fue informado con cinco minutos de anticipación en vez de los quince de rigor, argumentando que estaban en situación de emergencia por falta combustible. El entonces jefe de Torre de Control, José Manuel Pérez Solís, afirma que esa fue la razón por la que dejó que el vuelo entrara con tan corto aviso. Tiempo después se encontraron documentos que hacían constar que el supuesto destino original del vuelo era David, en Panamá y que, en tal caso, debía tener suficiente combustible según las convenciones mínimas de seguridad. Por lo tanto, el aterrizaje en Costa Rica era innecesario.
Por otra parte, se supo que varias aeronaves de Werner Lotz estaban registradas como sospechosas en la Oficina de Narcóticos del Juan Santamaría. Sin embargo, el avión con Caro Quintero y sus acompañantes se fue derecho hasta el hangar privado del piloto. Al llegar a la terminal aérea no había inspector de rampa, funcionarios de Seguridad o Narcóticos, resguardo de aduanas ni autoridades de migración, cosa que ningún empleado del aeropuerto logró explicar. Una vez allí, el grupo de mexicanos subió a un carro y se fueron a la quinta La California, a unos tres kilómetros.
El procurador penal de entonces, José Martín Trejos, explicaría años después que al capo lo esperaban ya más de $ 2.5 millones de dólares en inversiones tan solo por poner pie en el país. Su corta estancia, de apenas veinte días y su arresto, con repercusiones políticas importantes a nivel internacional, cambiarían para siempre la manera en que Costa Rica se miraba a sí misma y su lugar en el escenario internacional.
Tras su reciente liberación, ríos de tinta y bits han corrido acerca de quien ha sido llamado “El narco de narcos”. Originario de Sinaloa, con un solo año de primaria por educación a causa de la pobreza de su familia, comenzó a forjar un imperio tras dejar su pueblo natal a los 18 años. Con menos de 20 comienza a sembrar marihuana y a vender al menudeo los 200 o 300 kilos que cosecha. Ya a los 24 su ascenso parece indetenible, y en Caborca, Sonora, siembra cinco o seis toneladas al año. Según Carlos Monsiváis, “sus relaciones se amplían en México y en Estados Unidos, mientras conoce a dos de los grandes capos: Ernesto Fonseca Carrillo, “don Neto” y Juan José Esparragoza, asociándose con ellos en una cosecha importante en La Ciénaga, Sonora.
En 1983, Caro destaca lo suficiente como para tratar y sobornar a comandantes de la Policía Judicial Federal, que se comprometen a no destruirle los plantíos, y a no hacer fumigaciones aéreas. En 1984, a través de su hermano José Luis, compra en Chihuahua los ranchos El Búfalo, El Vaquero y Pocitos, y para la siembra contrata a miles de hombres”. Sin embargo, en medio de este ascenso en apariencia imparable, comete una serie de gravísimos errores.
Su caída se desata el 9 de noviembre de 1984, cuando la Policía Judicial Federal y el ejército de México, en coordinación con la DEA, invaden el rancho El Búfalo en el municipio de Ciudad Jiménez, Chihuahua, logrando decomisar e incinerar cerca de cuatro mil toneladas de marihuana, valuadas en miles de millones de dólares y que, según fuentes, hubieran bastado para cubrir toda la demanda de esta droga en los Estados Unidos por un año completo. Más de dos mil campesinos de Sinaloa, Sonora, Durango, Oaxaca, Michoacán y Guerrero son arrestados, y estos son apenas una parte de las entre cinco y siete mil personas que estaban allí bajo un régimen cercano a la esclavitud.
En dicho operativo, fueron fundamentales las acciones del agente encubierto de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena, quien fingiendo ser un agente corrupto había logrado ganarse la confianza de varios traficantes y de los mismos capos, obteniendo así la información que condujo al allanamiento de esta hacienda.
La ira de los traficantes no se hizo esperar. Guadalajara era entonces el principal centro de operaciones del narcotráfico nacional e internacional. Introducía 38% de la heroína consumida en Estados Unidos y alto porcentaje de todas las demás drogas. Una recompensa fue ofrecida a cambio de que se les entregase al “traidor”. Y no tardó en ser cobrada.
El 7 de febrero de 1985, Enrique Camarena es secuestrado por hombres armados al salir del consulado estadounidense en Guadalajara. Horas antes, también había sido raptado Alfredo Zavala Avelar, un piloto que la DEA contrataba en misiones especiales. Los narcos interrogan a Camarena en medio de brutales golpizas para determinar cuánto más sabe. Contratan a un médico para que le mantenga con vida lo suficiente. Según versiones, Caro Quintero en persona le da los golpes de los que no lograría recuperarse. Su cuerpo mutilado aparecerá junto con el de Zavala cerca de un mes después, en una hacienda de Michoacán. Sin embargo, los capos no calculan que su compra de impunidad es básicamente local.
El asesinato del primer agente de la DEA en tierras aztecas desató una crisis diplomática entre Estados Unidos y México. Ronald Reagan exigió al entonces presidente Miguel de la Madrid que hiciera todo lo posible por detener a los culpables. Funcionarios estadounidenses tuvieron literalmente que dar golpes en la mesa para que la policía, con fama de corrupta e ineficaz, se pusiera en marcha. Pronto se señaló como los responsables del crimen a Caro Quintero y sus dos socios del cartel.
Este, sin embargo, no fue su único error. El otro tuvo que ver con su amante, casi una niña, sobrina del político Guillermo Cosío Vidaurri, presidente del PRI en el DF, e hija del entonces secretario de educación del estado de Jalisco. La había conocido meses antes en una discoteca de Guadalajara, y su nombre era Sara Cristina Cosío.
Según rumores (nada de esto completamente verificable), Caro rapta a Sara por primera vez en noviembre de 1984 y la devuelve a su familia para la Navidad de ese año, no sin antes hacerle regalos carísimos a la familia. Luego de varios gestos de enamoramiento que combinan la ostentación con el ridículo (se dice que el capo quemó cinco automóviles de lujo frente a la casa de los Cosío, para demostrar que no valían nada en comparación con ella), vuelve a raptarla el 7 de marzo, sacándola literalmente del auto en que iba con su madre y hermano con la ayuda de hombres armados. Huye de Guadalajara a Culiacán dos días después. Acosado por las autoridades, sobre todo por el asesinato de Enrique “Kiki” Camarena, sale junto con Sara y su círculo de confianza en un jet privado propiedad de los hermanos Cordero Stauffer, una de las “mejores familias” de Guadalajara, con destino a Costa Rica.
El 2 de abril, Sara llama a su madre. Ignora que la policía y la DEA tienen intervenido el teléfono. La llamada es rastreada. Cuando Caro Quintero grita tras su arresto, demandando el nombre de quien lo denunció, no logra imaginar que ella lo entregó sin saber, o que los policías costarricenses que lo están esposando no tienen idea de quién es él. Cuando por fin lo averiguan, le preguntan si fue maltratada durante su secuestro. “Yo estoy enamorada de Caro Quintero”, es su respuesta. Luego, no se sabe si por ingenuidad, miedo, o una recién adquirida malicia, habla en detalle con la policía y un par de periodistas. Hasta el día de hoy, el testimonio más utilizado para saber los detalles internos del ingreso de Caro Quintero a Costa Rica fue el que dio Sara Cosío el 4 de abril de 1985.
17 de marzo de 1985 – Caro Quintero ingresa a Costa Rica:
Fiestas caras en discotecas de renombre, siempre con sus hombres y Sara a su lado, se convierten en la constante de su tiempo aquí. Se codea con personalidades del mundo empresarial y de las familias más adineradas. Se ignora, hasta el día de hoy, con cuántos políticos estuvo en contacto. Tenía cuatro propiedades que en su conjunto valían $1.9 millones de dólares: una en San José de la Montaña, otra en Bello Horizonte de Escazú, una más en Vázquez de Coronado y la quinta de San Rafael de Ojo de Agua, donde fue detenido. Se suman a ello lo encontrado en su casa en el momento del arresto: un arma chapada en oro con incrustaciones de diamantes, $ 300 mil dólares en efectivo, joyas por un valor de $ 1 millón de dólares, y dos carros de lujo (un Mercedes Benz y un Toyota deportivo, ambos adquiridos en circunstancias irregulares). Todo esto fue comprado antes de su llegada por intermediación de su aliado “Cachas”.
2 de abril de 1985: Sara Cosío llama a su madre en Guadalajara.
3 de abril de 1985: Las autoridades mexicanas alertan a Costa Rica sobre la posible presencia de Sara Cosío en nuestro país.
4 de abril de 1985
5 a.m: Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) hacen dos sobrevuelos sobre la quinta La California para inspeccionar terreno y planear estrategias.
5:45 a.m: Autoridades costarricenses rodean la casa, ingresan y «rescatan» a Cosío.
El Coronel Luis Barrantes había solicitado una orden de allanamiento dos horas antes por parte de un juez de instrucción en la vecina ciudad de Alajuela. Agentes de la División de Inteligencia y Seguridad (DIS) y de la Dirección de Narcóticos del Ministerio de Seguridad Pública entran en una acción que algunos medios calificaron de “espectacular”, e incluyó varios minutos de balacera contra los hombres de Caro Quintero. Cuando entraron a la casa y llegaron a la habitación, él y Sara estaban semidesnudos en la cama, y creyeron que eran ladrones hasta que un policía comenzó a leer la orden del juez.
La operación, en total, tardó cerca de 15 minutos.
De 6 a.m. a 6 p.m: Esta etapa es la que está más llena de irregularidades.
Hoy se sabe que la detención de Caro Quintero se dio gracias a la información suministrada por tres fuentes: INTERPOL, cuyos representantes telegrafiaron al Jefe de Investigaciones del Banco Central de Costa Rica, notificando la entrada del narcotraficante al país, lo cual fue informado al Organismo de Investigación Judicial; autoridades policiales mexicanas y agentes de la DEA. Al OIJ, sin embargo, se le negó participar en la detención, porque no se le dio el mando del operativo. Tras el arresto, llegó a evidenciarse que dicha división y Narcóticos tenían una relación tensa, dado que se acusaba a varios miembros de la segunda de aceptar dádivas de los narcos en el pasado.
Meses después para vergüenza de múltiples esferas en el país, la comisión investigadora del Asamblea Legislativa se dio cuenta de que eran muchos los policías y las autoridades que desconocían el nombre de Rafael Caro Quintero, quién era o por qué se le buscaba.
Sin embargo, y más allá de lo real o fingido de esta ignorancia, pasaron tres horas completas desde el arresto sin que la Dirección de Narcóticos interrogara a los detenidos. A eso de las 9 a.m. fueron entregados al OIJ, donde tampoco fueron cuestionados.
6 p.m: Las autoridades se enteran de que arrestaron a un importante capo mexicano.
Doce horas después del allanamiento, tras ser enviadas a México las huellas dactilares de todos los detenidos, la policía judicial recibió una respuesta que no esperaba: «Ustedes detuvieron a Caro Quintero, lo buscamos por tráfico de drogas y la DEA lo solicita por matar a uno de sus agentes». Luego de la sorpresa inicial, se tratan de hacer las gestiones para que se proceda a interrogar al detenido y a revisar las pruebas. Descubren, entonces, dos situaciones: primero, las autoridades pertinentes (incluyendo al Fiscal General de la República) no aprueban el interrogatorio. Segundo, las evidencias no están en poder de OIJ, si no de la DEA, en sus oficinas en la embajada de los Estados Unidos.
5 de abril de 1985
11 a.m: Agentes judiciales trasladan a Cosío a la embajada de México. Los arrestados fueron entregados a la Oficina de Seguridad Nacional para su deportación.
3 p.m: Los «narcos» son trasladados al aeropuerto Juan Santamaría y los deportan a México. Se dice que en los pocos pasos entre el carro policial y el avión que lo llevaría de vuelta a su país, Caro Quintero le ofreció $ 1 millón de dólares al agente tico que lo llevaba esposado, a cambio del nombre del oficial de la DEA que informó acerca de su presencia en Costa Rica.
Reacciones. La investigación legislativa
De pronto, “la Suiza centroamericana” aparecía como una base de operaciones del narcotráfico internacional. Los medios de comunicación daban informes constantes y a menudo contradictorios. En la conservadora y mojigata sociedad de este país, muchos percibieron esto como una dolorosa afrenta y pasó tiempo para que se saliera del “shock”. Y una vez pasado, se comenzaron a buscar responsables.
En principio, uno de los detalles que más indignación provocó en varias instancias fue lo sucedido con las evidencias, las cuales fueron tratadas de modo tal que perdieron prácticamente cualquier validez. Una vez hecho el allanamiento, armas, joyas, efectivo, cheques y documentos personales fueron puestos en una sola habitación, y luego entregados a la DEA por el juez costarricense a cargo, en vez de a las autoridades nacionales pertinentes. El OIJ no se enteró hasta la tarde el mismo día. Eso nunca había pasado en la historia del país. Las actas de decomiso correspondientes debieron ser realizadas por el Fiscal Primero de Alajuela en el lugar de los hechos para que cualquier proceso local pudiera ser validado. Pasaron veinticuatro horas antes de que la policía judicial pudiera recibirlas, y no pudo hacer mucho con ellas.PUBLICIDAD
El otro detalle que generó suspicacia fue la entrada irregular del capo al país, y que la deportación se diera apenas al día siguiente de la captura. No hubo verdadero interés en que los detenidos fueran debidamente interrogados y que se pudiera hacer la investigación oportuna, en especial acerca de quiénes fueron sus contactos en el país. Esto hizo sospechar que personas con poder en Costa Rica estaban protegiendo a Caro Quintero o, específicamente, protegiéndose a sí mismos de lo que él pudiera decir.
La falta de coordinación entre los distintos cuerpos de policía fue objeto de fuertes críticas, así como que autoridades extrajeras tomaran acciones fuera de su competencia. Mención aparte recibió la vergonzosa falta de información encontrada, o aparentada, por las instancias de seguridad nacional involucradas en toda la situación.
Con tal de llegar a la verdad del asunto, tras fuerte presión de varios sectores de la sociedad y de varios personajes políticos, se estableció la Primera Comisión Investigadora acerca del Narcotráfico en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, en septiembre de 1985. En mayo del año siguiente cambió la administración (empezaba el primer gobierno de Óscar Arias Sánchez), pero la comisión permaneció. El joven diputado Álex Solís Fallas, del Partido Liberación Nacional, fue encargado de presidir la indagación.
El proceso fue llevado a cabo por Solís, sus compañeros de partido José Miguel Corrales y Leonel Villalobos, así como por Luis Manuel Chacón y Ademar Vega, del opositor partido Unidad Social Cristiana. El resultado fue dado a conocer al resto de la Asamblea y a la prensa el 30 de julio de 1987.PUBLICIDAD
Era concluyente: una “autoridad política superior” había protegido a Caro Quintero desde su llegada hasta su partida, y la corrupción de altas autoridades de seguridad nacional habían sido su principal aliada, con el permiso de esa misma autoridad. Costa Rica había sido ya centro de operaciones y refugio de actividades ligadas al tráfico de drogas desde años atrás, usando todo tipo de recursos y medios de transporte.
La comisión también opinó que, contrario a lo dicho por Benjamín Piza y el Dr. Fernando Cruz (Ministro de Seguridad y jefe del Ministerio Público, respectivamente, en el momento del arresto), Caro Quintero y los suyos sí cometieron delitos en Costa Rica, por lo cual su deportación debió darse tras un debido proceso en el país.
Entre tales delitos se citaron: entrada ilegal al territorio nacional, privación de libertad, introducción de joyas como contrabando, introducción de armas prohibidas, asociación ilícita, resistencia al arresto (por la balacera entre los hombres de Caro y los agentes de Narcóticos), todo esto sumado a los cargos por los cuales era perseguido internacionalmente, incluyendo narcotráfico y asesinato, que lo hacían objeto de persecución judicial en Costa Rica en virtud de los tratados y acuerdos a los que ya estaba inscrita entonces.
Se recomendó también separar de sus cargos al Coronel Luis Barrantes Aguilar, Jefe de la Oficina de Narcóticos, y José Manuel Pérez Solís, empleado de la Torre de Control del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, y se señaló la inconveniencia de que Antonio Pereira Sevilla, ex director de Migración, volviera a trabajar alguna vez en la Administración Pública. La misma recomendación se hizo para los otros dos funcionarios.PUBLICIDAD
No dejó de llamar la atención que Leonel Villalobos, miembro de la comisión a lo largo de todo el proceso, rechazó firmar el informe después que los demás miembros de la Comisión desestimaran su petición para eliminar todos los nombres del dictamen, argumentando que la Asamblea no era un “tribunal inquisidor”.
Con todo, varios nombres fueron eliminados del informe final porque, pese a que la Comisión tenía una “intuición” de quiénes eran los políticos y empresarios implicados, no se tenían pruebas concluyentes. Solís no dudó en declarar que “el poder político [en Costa Rica] puede estar jugando un papel importante en el narcotráfico”. También se declaró que él, junto al resto de los miembros de la comisión, fue objeto de presiones y amenazas. Algunos periodistas denunciaron acoso en su contra por parte del Coronel Luis Barrantes a lo largo del proceso.
Las reacciones iniciales fueron de felicitación y orgullo por el excelente trabajo de la comisión, pero también de profundo desencanto ante el hecho evidente de que los “peces gordos” que permitieron el ingreso de Caro Quintero se vieran librados de las consecuencias de sus actos, mientras el prestigio del país y la sensación de seguridad en él se vieron minados.
Hubo también reacciones críticas, en especial porque se supo que un capítulo completo del informe había sido eliminado. Ese fue el capítulo que se refería al ingreso y acciones de Jesús Félix Gutiérrez, conocido como “Cachas”, así como de sus relaciones con las élites comerciales, bancarias y políticas, siendo él quien le preparó el terreno a Caro Quintero muchos meses antes de que huyese al país. De hecho, se opina, el averiguar estos factores habría tenido mucha más relevancia para saber la verdad alrededor del tiempo que este capo estuvo aquí y de quiénes lo recibieron con brazos abiertos para hacer negocios con él al llegar.PUBLICIDAD
A posteriori
El tiempo llevó por diferentes rutas a los objetos y personas involucrados en este caso, tanto en Costa Rica como en México.
El “Narco de Narcos” regresó a México envuelto en una cobertura mediática sin precedentes, a la cual supo ajustarse bastante bien en principio. Por un buen tiempo, la cárcel no logró apartarlo ni del lujo ni el poder. Pese a las constantes amenazas y presiones por parte del gobierno de los Estados Unidos, nunca se le deportó para ser juzgado por el asesinato de Camarena, por el cual se le habría condenado a la pena capital. En cambio, se le acusó por cargos diversos en México, los cuales sumaron 199 años de prisión, conmutados a 40, que era la pena máxima entonces. Llegó a cumplir 28 de ellos, tras esquivar cinco cargos por asesinatos, asociación criminal, secuestro de 4.000 campesinos que trabajaban en el cultivo de drogas, y contra la salud pública. La única sentencia que la justicia mexicana logró hacerle cumplir en su totalidad fue la condena a 15 años de cárcel por tráfico de marihuana.
Su fortuna, calculada en cerca de $ 450 millones de dólares al momento de su arresto, fue blanqueada sistemáticamente por su esposa, hijos, y otros asociados a lo largo del tiempo, quienes la invirtieron en empresas legítimas y toda suerte de proyectos inmobiliarios, desde un spa de lujo hasta zapaterías y productos de belleza. Los intentos del gobierno de los Estados Unidos por boicotear estos negocios fueron inútiles.PUBLICIDAD
Envejecido y débil, fue liberado el 9 de agosto de 2013. La corte local argumentó “errores de procesales”: una corte colegiada decretó el sobreseimiento de la causa al considerar que la justicia federal carecía de competencia y que el caso era jurisdicción del fuero común, ya que Camarena no era funcionario diplomático ni consular. Además, el tribunal con sede en Guadalajara ordenó «que se tuvieran por compurgadas» las sanciones impuestas a Caro Quintero por narcotráfico y dispuso su absolución en otros delitos, entre ellos el de asociación delictuosa. Tres días después, la Procuraduría General de la República dio lugar a la solicitud de extradición en su contra, pero se desconoce su paradero.
Una tercera parte de las 32 joyas incautadas a Caro Quintero en Costa Rica volvieron a México en 2001, luego que un arquitecto de ese país comprara once de las alhajas en $150 mil dólares a la Fundación Agustinos Recoletos de la Ciudad de los Niños, de Cartago, que las recibió tras una donación del gobierno de Rafael Ángel Calderón Fournier unos diez años antes. Otras 12 joyas fueron adquiridas en San José por una familia tica, dueña de una empresa distribuidora de materiales de construcción que pagó 26 millones de colones por ellas. Parte de las joyas adquiridas por esta familia están en París, en donde radica una de las hijas que recibió las alhajas como regalo de bodas. Se supo que otro empresario nacional compró cinco joyas de Caro Quintero en la suma de 2 millones de colones.PUBLICIDAD
La casa comprada por el capo en Coronado de San José se convertiría, eventualmente, en las oficinas del Comité Olímpico Nacional. No se encuentran referencias a que pasó con la casa en Escazú, uno de los sectores más exclusivos del país, o con la de Barva de Heredia.
Por otra parte, la finca La California (la cual tenía 20 habitaciones, una piscina, sala de reuniones y garaje para dos vehículos), la más emblemática de las propiedades de este narco en Costa Rica, es ahora la base de seis casas improvisadas por precaristas y el resto de la propiedad es ocupada por otras 160 familias. En una de estas “casas principales” están los muebles de cocina que el capo puso allí originalmente.
El Coronel Luis Barrantes logró que se publicara en el Diario La Nación, el principal del país, una resolución del Poder Judicial en la cual se desestima la causa que se había abierto en su contra por su posible alianza con Caro Quintero o sus protectores, gracias a que un agente que había sido testigo clave cambió sus declaraciones. Como una especie de anuncio ominoso, esto se imprimió justo arriba del obituario la misma fecha en que la comisión investigadora de la Asamblea Legislativa reveló los resultados de su informe. Barrantes presentó su renuncia al día siguiente, 31 de julio de 1985. Desde entonces, fue también despedido sin responsabilidad del puesto que tenía en el Instituto Costarricense de Electricidad y dado de baja para cualquier función estatal de ahí en adelante. Ninguno de los intentos judiciales que hizo para que se le diera oportunidad de volver a la administración pública han dado frutos.PUBLICIDAD
Se supo que Werner Lotz recibió un pago por $ 9.730 dólares por el vuelo entre Mazatlán y Alajuela. Llegó a estar preso en Panamá por sospechas de que pudiera estar involucrado con el narcotráfico. El jueves 11 de abril de 1985, declaró a la prensa: «Yo sí me acuerdo de que se trataba de gente importante, pues, incluso poco antes de llegar al aeropuerto, me pidieron un teléfono para comunicarse con alguien. Al parecer, los esperarían para llevarlos al Salón Diplomático, según comentarios que oí. Si me hubiera dado cuenta de quiénes se trataba, jamás habría cumplido ese servicio». Después de eso, nunca volvió a hablar del tema y ahora vive en una finca retirada en San José de la Montaña, Heredia.
Alex Solís Fallas, tras su gestión como diputado, permaneció en el sector público. El prestigio que le dio el Informe acerca del Narcotráfico, como era de esperarse, fue un tremendo empujón político. Llegó a ser Contralor General de la República en 2004, pero fue depuesto cinco meses después, tras acusaciones de haber falsificado firmas de su hermano, el ex candidato presidencial Ottón Solís. Su destitución por parte de la Asamblea Legislativa fue objeto de polémica y apelada ante un Tribunal Constitucional, el cual le dio la razón. Actualmente, ejerce en el sector privado y lleva adelante una demanda millonaria contra el Estado costarricense. Publicó también una novela, titulada “Yo soy la autoridad política superior”, en la cual da cuenta ficcionalizada de lo que llegó a encontrar en su investigación en los años 80.
Se considera que tras la llegada de Caro Quintero, la corrupción en Costa Rica quedó lo suficientemente expuesta como para que varios criminales internacionales vieran un refugio ideal en este país. El caso más reciente es el de Arthur Budovsky, supuesto líder de la red de lavado más grande del mundo, detenido en mayo pasado en España. Este criminal realizó grandes inversiones e incluso se casó con una tica para obtener la nacionalidad.
Antes que él, en 2006,el empresario español Pedro Urrutia fue capturado en San Carlos de Alajuela; tenía orden de captura internacional por un supuesto fraude de 20 millones de euros en su país. Había logrado obtener la residencia con la recomendación de un obispo alajuelense. En 2007, fue detenido en Colombia Héctor Martínez Quinto, quien se dedicaba a reclutar en Costa Rica a pescadores para el transporte de cocaína a los Estados Unidos. Martínez logró la residencia tica en solo dos meses. Otros extranjeros cuestionados que ingresaron al país con facilidad fueron Lionel James Casey, Lázaro Abel, Roberto Fionna, Suleman Asanosky, y Silvio Montano, entre otros.
68 nombres, una libreta y la «autoridad política superior»
Hay dos misterios mayores acerca de la estadía de Caro Quintero en Costa Rica. El primero de ellos es una libreta, decomisada en su casa en Quinta La California, en la cual habían 68 números de teléfonos ticos con el nombre de personas o entidades a las que pertenecían. Esos números no salieron a la luz pública en aquella época, y pese a que el Diario La Nación logró obtener en 2005 una copia del informe confidencial en el cual se revela la lista de esos teléfonos, la mayoría de estos nunca llegaron a la luz pública.
Entre los pocos que fueron citados por el artículo de ese diario, figuran el teléfono de la Corte Suprema de Justicia, la Refinadora Costarricense de Petróleo, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y el del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas. También se mencionan tres empresas de bienes raíces, una firma de inversiones y una empresa periodística. Según el informe del periódico “no figuran teléfonos ni nombres de políticos”. También estaban incluidos 106 teléfonos de personas o empresas de México.
Pese a que el informe recomendó una investigación de cada número, no consta en el expediente judicial que esto llegara a ocurrir.
Esta libreta tenía 54 páginas y se hallaba dividida alfabéticamente, aunque la división no estaba completa. Esto, debido a que varias de sus páginas fueron arrancadas durante el proceso de decomiso, durante el cual desapareció. Se volvió a saber de ella cuando fue devuelta días después por Fernando Cruz, Fiscal General de entonces.
Esta falta no fue detectada si no hasta meses después de que el narcotraficante había sido extraditado. De hecho, esta pieza de información fue la más difícil de conseguir para la investigación legislativa, debido a un proceso tortuoso con el Poder Judicial. La primera solicitud por ella se había hecho a finales de 1985 y no recibió respuesta hasta junio de 1986, la cual fue una rotunda negativa. ¿Las razones de la Corte? Percibían que entregar la libreta era una acción que violentaba la división y autonomía entre los poderes de la República, ya que este objeto debía ser considerado “secreto” excepto para los abogados implicados en el caso y que facilitarle dicha información a un grupo que no fuera del poder judicial podía afectar el proceso.
Alex Solís pidió revisar dicha resolución en una carta enviada el 29 de julio, en la que llegó a apelar a la Constitución Política y otros reglamentos para demostrar que dicho argumento no respondía a la realidad y que pedir dicha evidencia estaba dentro de las facultades de la Comisión. No duda en decir que considerar que el proceso judicial sería afectado era excesivo, dado que lo necesitaban para algo muy concreto; que esta investigación y pedir por esta pieza de evidencia no era una invasión o sanción del poder Legislativo al Judicial; y que solicitar la libreta no afecta el secreto del proceso jurídico. En síntesis, que no había razón para negarles esa evidencia.
La Corte contestó el 18 de agosto, aprobando darles una copia certificada del documento, mientras revelaban tres detalles: primero, que el proceso abierto contra Caro Quintero y sus compañeros en el Juzgado Primero de Instrucción de Alajuela, ya había sido archivado. Segundo, que dicha libreta no estaba en el juzgado, sino en el Ministerio Público (Fiscalía del Estado), en manos de su entonces jefe Fernando Cruz Castro, quien a su vez la obtuvo de Minor Calvo Piedra, entonces jefe del OIJ – cosa de la cual la Corte no estaba enterada. Tercero (y esto es realmente notable), que el proceso archivado en el Juzgado Primero de Instrucción de Alajuela en contra de Caro y los suyos era solamente por “defraudación fiscal”: es decir, por no pagar los impuestos correspondientes al introducir bienes en el Aeropuerto Juan Santamaría. Esto fue desestimado, y la libreta al final nunca contó como evidencia en ningún proceso.
El expediente donde constaba la lista de los números fue quemado en 2005.
Hasta hoy, ningún medio habla sobre “la autoridad política superior” que protegió a Caro Quintero y a quienes estuvieron en contacto con él. O de quiénes más ha sido cómplice desde entonces.
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