La Fuerza Aérea de Estados Unidos debe pagar más de 230 millones de dólares por daños y perjuicios a los sobrevivientes y familiares de las víctimas de una masacre en una iglesia de Texas en 2017 por no marcar una condena que podría haber impedido al agresor comprar legalmente el arma utilizada en el tiroteo, dictaminó el lunes un juez federal.
Más de dos docenas de personas aparecieron cuando Devin Patrick Kelley abrió fuego durante un servicio dominical en la Primera Iglesia Bautista de Sutherland Springs. Kelley, que murió de una herida aparente de bala autoinfligida y fue perseguido por dos hombres que escucharon los disparos en la iglesia, había servido en la Fuerza Aérea antes del ataque.
El juez de distrito estadounidense Xavier Rodríguez había dictaminado en julio que las Fuerzas Aéreas eran responsables en un «60%» del ataque porque no habían sufrido una base de datos nacionales la condena por agresión de Kelley durante su estancia en las Fuerzas Aéreas.
Un registro de la Fuerza Aérea de la corte marcial de Kelley dice que se declaró culpable de múltiples especificaciones de asalto, incluyendo golpear a su esposa, estrangularla con sus y patearla. También fue condenado por golpear a su hijastro en la cabeza y en el cuerpo «con una fuerza que probablemente produzca la muerte o lesiones corporales graves».
En 2012, varios meses antes de su condena en el caso de violencia doméstica , Kelley se escapó ocasionalmente de un centro de salud mental en Nuevo México y se metió en problemas por llevar armas a una base militar y amenazar a sus superiores allí, según indican los informes policiales.
Los ayudantes del sheriff del condado de Comal, Mark Reynolds, fueron llamados a la casa de Kelley en New Braunfels en junio de 2013 por el caso de violación e investigación durante tres meses. Pero al parecer dejó de investigar después de creer que Kelley dejó Texas y se mudó a Colorado. Reynolds dijo que el caso fue entonces catalogado como inactivo.
Según las reglas del Pentágono, se supone que la información sobre las condenas del personal militar por delitos como la agresión se envía a la División de Servicios de Investigación de la Justicia Penal del FBI para su inclusión en la base de datos del Centro Nacional de Información Delincuente.
Por razones no especificadas, la Fuerza Aérea no proporcionó la información sobre Kelley como se requiere.
Los mensajes al Departamento de Justicia, a la Fuerza Aérea y al equipo legal de los demandantes no fueron devueltos inmediatamente.
Entre los aproximadamente 80 demandantes se encuentran familiares de los fallecidos y 21 supervivientes y sus familias. Las autoridades colocan el número oficial de muertos en 26 porque una de las 25 personas fallecidas estaba embarazada.
Con información de AP
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