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Siete activistas provida han sido condenados por violar la Ley Federal de Derechos Civiles y la Ley de Libertad de Acceso a las Entradas de Clínicas en relación con el bloqueo a una clínica de abortos en 2020 en la ciudad de Sterling Heights, Michigan.
El Departamento de Justicia de los EEUU anunció las condenas el martes contra Calvin Zastrow, Eva Zastrow, Eva Edl, Chester Gallagher, Heather Idoni, Joel Curry y Justin Phillips.
La denominada Ley FACE somete a cargos federales a cualquier persona que «por la fuerza o amenaza de fuerza o por obstrucción física, lesione, intimide o interfiera intencionalmente o intente lesionar, intimidar o interferir con cualquier persona porque esa persona está o ha estado brindando «servicios de salud reproductiva».
Además de los cargos de la Ley FACE, cada acusado enfrenta un cargo de «conspiración contra los derechos». Edl e Idoni enfrentan cargos adicionales en relación con el bloqueo a una clínica de abortos en abril de 2021 en Saginaw, Michigan.
«Estos acusados orquestaron un bloqueo ilegal a una clínica y obstruyeron físicamente a las pacientes que buscaban acceso a sus médicos, sin tener en cuenta las serias necesidades médicas de las mujeres a las que impidieron acceder a la atención de salud reproductiva», dijo la fiscal general adjunta de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, Kristen Clarke.
«Estos acusados violaron la ley intencionalmente. El feto de una mujer experimentó anomalías y la campaña coordinada de obstrucción física de los acusados supuso una amenaza grave y real para su salud y fertilidad».
La Sociedad Thomas More, un grupo legal que representa a Gallagher, busca que los cargos de «conspiración contra los derechos» contra su cliente sean desestimados el martes.
«Una vez más, el Departamento de Justicia de Biden-Harris ha decidido caracterizar las acciones de los provida pacíficos como un delito grave de ‘conspiración contra los derechos’, punible con más de una década en prisión federal», dijo el abogado principal de la Sociedad Thomas More, Steve Crampton, en un comunicado.
«Somos optimistas de que nuestra Moción para Desestimar los cargos de conspiración por delitos graves recibirá una consideración completa y justa por parte del Tribunal», agregó Crampton. «También creemos que la reciente decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso Fischer versus Estados Unidos confirma que la novedosa estrategia del Departamento de Justicia para infligir [máximo] dolor a las personas provida pacíficos, agregando un cargo de delito grave de conspiración contra los derechos, no puede conciliarse con la ley y estamos listos para presentar ese caso».
Como se explicó en una moción de desestimación presentada en nombre de Gallagher el 22 de julio, la decisión Fischer del 28 de junio determinó que «la prohibición de la Ley Sarbanes Oxley de obstruir procedimientos oficiales… debe interpretarse de manera estricta para que se aplique únicamente al menoscabo de la disponibilidad o integridad de documentos, etc., para su uso en procedimientos oficiales, en lugar de a cualquier obstrucción de un procedimiento oficial de cualquier manera».
La moción también destacó la advertencia de la Corte Suprema de que una lectura amplia de la Ley Sarbanes Oxley efectivamente «criminalizaría una amplia franja de conducta prosaica, exponiendo a activistas y cabilderos por igual a décadas de prisión» y que un manifestante pacífico podría posiblemente ser acusado bajo la ley y «enfrentar una sentencia de 20 años».
«El estatuto federal de ‘conspiración contra los derechos’… fue promulgado en 1870 principalmente para detener las violaciones desenfrenadas del Ku Klux Klan a los derechos civiles de los afroamericanos», declaró el documento legal.
La moción de desestimación señaló que el estatuto prohíbe que «dos o más personas» «conspiren para herir, oprimir, amenazar o intimidar a cualquier persona… en el libre ejercicio o disfrute de cualquier derecho o privilegio que le asegure la Constitución o las leyes de los Estados Unidos».
La Sociedad Thomas More sostiene que un abogado litigante del Departamento de Justicia se equivocó al sugerir que el estatuto de «conspiración contra los derechos» debería aplicarse a las violaciones de la Ley FACE porque «a menudo son delitos planificados y coordinados que involucran a más de un sujeto».
El procesamiento de las violaciones a la Ley FACE bajo el estatuto de «conspiración contra los derechos» eleva todas las violaciones cometidas de delitos graves a delitos menores. La moción de desestimación caracterizó este uso del estatuto como contrario a las sanciones claramente establecidas por el Congreso de los EE. UU. en la ley, que dejó perfectamente claro que los infractores no violentos primerizos enfrentarían cargos de delitos menores en lugar de cargos de delitos graves.
Si son condenados en virtud del estatuto de «conspiración contra los derechos», Gallagher y otros acusados podrían enfrentar hasta 10 años de prisión y/o una multa. La «sentencia» de los acusados se conocerá en una fecha posterior.
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