El Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos (USOPC) anunció que, a partir del 21 de julio de 2025, se prohíbe la participación de mujeres transgénero en todas las competencias femeninas, en cumplimiento de la orden ejecutiva 14201 del presidente Donald Trump.
El objetivo declarado de la medida es “garantizar que las mujeres tengan un entorno de competición justo y seguro”, alineándose con la Ley de Deportes Olímpicos y Amateur Ted Stevens.
La nueva política del USOPC no menciona el término “transgénero” en sus 27 páginas, pero señala que se aplicarán todas las medidas necesarias para preservar la seguridad, dignidad y bienestar de las mujeres biológicas dentro del deporte femenino. Las federaciones deportivas y demás órganos rectores deben actualizar sus normas para adaptarlas a esta directiva federal.
La orden ejecutiva también instruye al Departamento de Educación a retirar premios y títulos conseguidos, según el gobierno, “injustamente por varones biológicos” en eventos femeninos, y amenazó con retirar fondos federales a instituciones que no acaten estas restricciones.
Desde el inicio de su mandato en enero, Trump reafirmó la política oficial del gobierno: “solo hay dos géneros: masculino y femenino”.
Esta medida supone que las mujeres transgénero estadounidenses no podrán competir en deportes femeninos en eventos olímpicos ni paralímpicos, y tendrá impacto directo en las selecciones rumbo a Los Ángeles 2028.
El cambio también ha influido en otras ligas y federaciones nacionales, como la NCAA, que ha limitado la participación de atletas transgénero en deportes femeninos.
La decisión llega en un contexto de creciente debate nacional. La Corte Suprema de Estados Unidos ha acordado analizar casos de prohibición de atletas transgénero en leyes estatales, reflejando la intensidad del tema a nivel político y social.
Las reacciones en el país están divididas. Defensores de la medida argumentan la necesidad de proteger la igualdad y seguridad de las mujeres en el deporte.
Por otro lado, críticos y asociaciones de derechos civiles advierten que la política excluye a personas transgénero y puede fomentar la discriminación, recordando que el porcentaje de atletas trans en el deporte competitivo es muy bajo y que este tipo de leyes ya ha tenido impactos adversos en deportistas cisgénero.
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