El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) les cobra a sus clientes del servicio de electricidad entre ¢60.000 millones y ¢100.000 millones de más al año por su decisión de no cumplir una Ley que lo obliga a aplicar en sus estados financieros las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
La cifra la reveló el exministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, quien, mientras estuvo en el puesto, intentó obligar al ICE a realizar su contabilidad con base en las NIIF.
El multimillonario recargo en las tarifas de electricidad que pagan las familias y las empresas del país se debe a que el ICE no aplica las normas 15 y 16 de las NIIF.
Al no poner en práctica lo establecido en ese estándar mundial contable, el Instituto registra muchos de sus contratos de alquiler para generar electricidad como arrendamientos operativos, cuando, en realidad, según las NIIF, son arrendamientos de carácter financiero.
La diferencia le permite al ICE tomar esos arrendamientos para estimar un mayor costo operativo.
Así se registra en los estados financieros que traslada a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) con el costo operativo sobreestimado.
ARESEP, que es la encargada de fijar las tarifas de los servicios públicos, traduce las estimaciones que le remite el ICE en precios muchísimo más altos de los que en realidad debería de cobrar el Instituto a sus clientes.
Las normas NIIF, o Internacional Financial Reporting Standards (IFRS, por sus siglas en inglés), son estándares técnicos contables internacionales que adoptó la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad desde el 2001.
En el marco de su proceso de incorporación a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), Costa Rica se comprometió a que todas las empresas estatales apliquen las normas NIIF para construir sus estados financieros.
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