La Cámara de Industrias de Costa Rica, en el marco de las negociaciones de la Administración Alvarado Quesada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló que el aumento de impuestos, contenidos en la propuesta tendría efectos muy negativos sobre la inversión, la bancarización, la competitividad y la generación de empleo.
Los industriales aseguraron que el Gobierno «debe reducir el gasto público si quiere lograr acuerdos en la Asamblea Legislativa y con el sector empresarial para la aprobación de una propuesta».
“Abraham Lincoln dijo que: No se puede fortalecer al débil debilitando al fuerte. No se puede lograr la prosperidad desalentando el ahorro. No se puede levantar al asalariado destruyendo a quien le contrata. Siguiendo esas sabias palabras, con relación a la propuesta del Gobierno para el FMI, podemos afirmar que no se puede incentivar el empleo afectando a quienes lo generan. No se puede reactivar la economía lesionando más a quienes producen. No se puede promover la bancarización fomentando el mayor uso del efectivo”, señaló Enrique Egloff, presidente de la Cámara de Industrias.
En esa misma línea, Egloff agregó “no se deben aprobar más impuestos a la producción que ahuyentan la inversión extranjera y nacional, la reactivación y la generación de empleo. Establecer más impuestos sin atender la competitividad de la producción, afectará las exportaciones, el empleo y generará más pobreza”.
Los industriales explicaron que no es aceptable que en la propuesta al FMI presentada por el Gobierno se pretenda fijar más impuestos al sector productivo y a las familias, mientras que a nivel de contención y reducción del gasto es mínimo pues mucho de lo que se propone es lo que se tiene que aplicar por la Ley 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
“La mejor propuesta para bajar el enorme déficit fiscal y disminuir la deuda pública es reducir estructuralmente el gasto público y promover el crecimiento económico”, destacaron.
Asimismo, Egloff sentenció que “es hora de que el Gobierno cumpla sus compromisos pendientes, que se apruebe una Ley Marco de Empleo Público con ajustes para que tenga un impacto significativo sobre el crecimiento del gasto y sobre la eficiencia del sector público, y que se impulsen reformas estructurales en la institucionalidad pública, como el proyecto C.E.R.R.A.R. presentado hace algunos años por el entonces diputado Ottón Solís».
«También es necesario el que se incorpore en las propuestas la venta de empresas, más allá de FANAL y BICSA, que ni siquiera son propiedad del Gobierno y que se ejecute una renegociación de la deuda interna, considerando no afectar el rendimiento de los fondos de pensiones. No es hora de hablar de impuestos”, agregó.
Para la Cámara, la propuesta del Gobierno plantea un aumento de impuestos para el 2021 de 5 puntos porcentuales del PIB, lo que equivale a aumentar la recaudación tributaria en más de un 50% con respecto a la del presente año, lo que es desproporcionado y prácticamente imposible de recaudar. Además, tendría un efecto significativo sobre la actividad económica, prolongando y profundizando la recesión al 2021 y más allá.
«Los impuestos propuestos generarían efectos muy negativos sobre la inversión, la bancarización, la competitividad y la generación de empleo», advirtió.
Por su parte, Egloff afirmó que Costa Rica, según el Doing Business del Banco Mundial ya tiene una Tasa Impositiva Total (TIT) elevada, de un 58.3% de las ganancias comerciales, que ubica al país en el cuarto lugar de los países de la OCDE que tienen la tarifa más alta. La aplicación de las propuestas de aumento de impuestos, estimamos la elevaría arriba de un 64%, con lo que el país pasaría a ser el segundo de la OCDE con la TIT más elevada.
Asimismo, señaló que los déficits primarios recurrentes han conllevado un crecimiento continuo de la deuda del Gobierno Central, así como del pago por intereses. Está situación condujo, a la negociación y aprobación de la Ley 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en diciembre del 2018 para evitar una crisis económica de graves dimensiones. Esta ley tuvo un aumento de los ingresos tributarios, incluye la regla fiscal para reducir el crecimiento de los gastos corrientes, así como medidas para regular y reducir el impacto que sobre el gasto del sector público tienen los denominados pluses salariales.
Además, destacó que en el proceso de aprobación de la Ley 9635, el gobierno, a través de la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, se comprometió a impulsar en el 2019 la Ley Marco de Empleo Público, y a presentar, en el 2020, reformas institucionales del aparato del estado, que continúan pendientes, al igual que la aplicación estricta de la regla fiscal.
“Si bien no se puede negar el impacto que sobre las finanzas del Gobierno ha tenido la pandemia por los efectos en la actividad económica y las medidas para mitigar su impacto en las familias y las empresas, lo cierto es que el problema de las finanzas públicas es viejo y su origen se remonta al menos al 2008, último año en el que se presentó un superávit financiero. A pesar de la aprobación de la Ley 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el déficit fiscal en el 2019 alcanzó un 6.9% del PIB, uno de los más altos en la historia del país», mencionó Egloff.
Finalmente, indicó que «el aumento del déficit fiscal y de la deuda por efectos del COVID -19 nos indica que las reformas estructurales del gasto son hoy más urgentes”.
Con informaciòn de elmundocr
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