Minoría de tres oficialistas puja contra Gobierno para excluir a las universidades públicas de un plan que contiene advertidas inconstitucionalidades.
Por: Natalia Díaz Zeledón /Semanario Universidad
Otrora aliado de las universidades públicas, su autonomía y su presupuesto, ahora es el mismo Partido Acción Ciudadana (PAC), con la figura del diputado Víctor Morales, quien negocia con los diputados que la Ley Marco de Empleo Público (21.366) mantenga a las universidades públicas en un futuro régimen que pone en jaque constitucional su autonomía.
La consigna, negociada a lo interno de la comisión que Morales preside, Gobierno y Administración, es mantener el proyecto intacto. La línea del Ejecutivo, que conocen los oficialistas y que Morales ha defendido con participación de la ministra de Planificación, Pilar Garrido (vocera del Ejecutivo sobre el proyecto) es en contra de sacar a las universidades públicas de la rectoría que compartirá Planificación con la Dirección de Servicio Civil y la Autoridad Presupuestaria (órgano conformado por los ministros de Hacienda, Planificación y Presidencia, para la presente administración).
El lunes, en entrevista con UNIVERSIDAD, la diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC) Paola Vega confirmó que “hay una línea del Ejecutivo que va en contra de sacar” a las universidades públicas de ese régimen unificado y sostenido por el Ejecutivo.
“Las universidades y la academia han sido aliados naturales del PAC, no veo a un partido disparándose a los pies y minando a su gente”, diputado Luis Ramón Carranza.
El proyecto es estratégico para el Ejecutivo porque representa la mayoría de los ingresos proyectados para un compromiso de crédito por $1.750 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Es decir, por ser un requisito ofrecido por el Gobierno, el proyecto tiene que quedarle bien, al menos, a 38 diputados que lo voten afirmativamente.
La “línea del Ejecutivo” pesa sobre el Legislativo de tal forma que la Presidencia envió a su asesor incondicional, Camilo Saldarriaga, con tal de negociar los términos de la ley con los legisladores de oposición.
Aún así, pese a estas presiones, entre los diez diputados oficialistas hay tres que cuestionan la línea del Gobierno: Paola Vega, Welmer Ramos y Luis Ramón Carranza.
El pasado 26 de enero, la diputada Vega defendió tres mociones para excluir por completo a las universidades del proyecto de ley, calificó de inconstitucional y ser “un precedente terrible” sujetar a la educación superior a “banderas políticas”.
La Comisión de Gobierno y Administración rechazó las propuestas de Vega, aunque sí aprobó un artículo que ofrece objeción de conciencia a los funcionarios públicos.
Esta modificación a la ley permite que un funcionario presente razones de “convicciones religiosas, éticas y morales” para rechazar capacitaciones profesionales. Ese tema fue perseguido por diputados de Nueva República y consensuado por las fracciones del PAC (Morales), el PLN (Luis Fernando Chacón) así como el PUSC (Pablo Heriberto Abarca) y Restauración Nacional (Carlos Avendaño).
Dos semanas después de aprobada esta componenda en la Comisión de Gobierno, Avendaño aseguró en un comunicado de prensa, a tono con la línea Ejecutiva: “si se quiere realmente un ordenamiento en el sistema de empleo público, se debe partir de no aplicar exclusiones en su cobertura. No es posible dejar a instituciones en condiciones privilegiadas”.
PAC intentó tener postura de fracción
Antes de una reunión con la ministra de Planificación, el PAC intentó definir posición con todos sus diputados. Esta reunión fue fallida porque tres diputados aún cuestionan qué tanto pueden incidir en el proyecto de ley.
Un tema frágil son las universidades públicas que los diputados Paola Vega, Welmer Ramos y Luis Ramón Carranza todavía defienden.
“Algunos creemos que si estamos hablando de misceláneos, estamos de acuerdo de que haya una regulación. No puede ser que la Universidad de Costa Rica (UCR) o la Universidad Nacional (UNA) tengan misceláneos ganándose un millón de colones y sea de los mismos recursos del sector público. Pero en el tema académico, meramente, es donde tenemos las diferencias. Lógicamente compartimos y apoyamos al Ejecutivo pero no quiere decir que todo tenga que ir al pie de la letra. Este puede ser uno de los temas que podemos aportar y contribuir. Nos corresponde como diputados oficialistas incidir en las propuestas. Las universidades y la academia han sido aliados naturales del PAC, no veo a un partido disparándose a los pies y minando a su gente. Más bien tenemos que ponernos de acuerdo”, afirmó Carranza en entrevista.
Este semanario también preguntó al diputado sobre las negociaciones políticas del PAC para lograr la aprobación del plan de Empleo Público, entre ellas, conceder la objeción de conciencia a los diputados cristianos.
“La Asamblea Legislativa y la política es el arte de lo posible, hay veces en los que somos 10 diputados y tenemos que hacer el máximo esfuerzo para alcanzar metas superiores y, también, ahí se quedan aspectos que, aunque no nos gusten, pasan, porque es el arte de lo posible”, respondió Carranza.
Tanto Welmer Ramos como Paola Vega confirmaron que todavía tienen mociones pendientes para excluir a las universidades públicas del plan.
“Yo esto no lo negocio de ninguna manera. La línea de fracción no puede ser la línea de fracción porque le da la gana, cuando hay dos personas y, quizás tres, que están en contra, tampoco es línea de fracción. A nadie se le puede obligar, en estos casos, a seguir una posición”, opinó el diputado Ramos.
“Las universidades tienen que tener la autonomía presupuestaria y de cómo se organizan para que haya verdaderamente libertad de cátedra. Este asunto no es para que una Asamblea Legislativa cooptada sea quien pueda decidir. Creo que debe haber un proceso de reflexión clara y que no puede ser de imposición”, dijo Ramos a UNIVERSIDAD.
De acuerdo con la diputada Paola Vega, ella tiene ocho propuestas para salvaguardar la autonomía universitaria.
Vega defiende que el proyecto del Gobierno sí es la “oportunidad” para reformar el empleo público del país pero que “le falta precisar unas cosas en el segundo día de mociones, para hacerlo más efectivo”.
“Mis mociones son sobre las universidades, para mantener las licencias de maternidad y paternidad (que estuvo en el proyecto y, luego, se eliminó), mantener la rectoría del Ministerio de Planificación, que (la dirección) no sea nombrada por el Legislativo y algunos otros temas, como el derecho al olvido en la lista de inhabilitaciones. Una moción dice que una vez cumplida la sanción o inhabilitación para un funcionario, la sanción quedaría eliminada de la plataforma de Empleo”, explicó Vega.
Este martes, UNIVERSIDAD envió una lista de cuatro preguntas sobre el trámite de Empleo Público al diputado Víctor Morales, que continúan en trámite.
Con información de Semanario Universidad
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