El Plenario Legislativo de Costa Rica aprobó hoy, en primer debate, con 32 votos a favor y 15 en contra, el Proyecto de Ley Marco de Empleo Público (Expediente N° 21.336).
La iniciativa, según diputados oficialistas, cumple varios objetivos relevantes para el país como eliminar las desigualdades salariales en puestos similares, mejorar la eficiencia presupuestaria y garantizar el sostén de nuestra institucionalidad democrática.
“La votación de este proyecto consolida la modernización del servicio público nacional y demuestra el compromiso de este Plenario de impulsar los procesos de transparencia, eficiencia y buenas prácticas internacionales para atender las demandas ciudadanas. La reforma al empleo público ha sido una deuda histórica con el país que estamos orgullosos de saldar”, indicó el diputado del Partido Acción Ciudadana ( PAC), Víctor Morales Mora.
El legislador afirmó que la aprobación del proyecto ha sido producto de un gran proceso de diálogo y concertación entre partidos políticos y actores sociales. El procedimiento implicó cuarenta y nueve sesiones de comisión, diecisiete audiencias, múltiples mesas de trabajo y diálogo social, y la asesoría de representantes de diversas organizaciones nacionales e internacionales.
Morales dijo que gracias a ello, la iniciativa logra eliminar la alta segregación que caracterizaba la organización del trabajo público, lo cual propiciaba odiosas desigualdades. El nuevo esquema agrupa a las personas servidoras públicas en 8 familias.
Indicó que esta nueva clasificación asegura el principio constitucional de igual salario para la misma función desempeñada, independientemente de la institución donde se labore. Además, se reconoce las características especiales cuando así se requiere, basado en criterios técnicos y jurídicos.
Otro de los elementos centrales del proyecto es ordenar los salarios en el Estado introduciendo el esquema de salario global en el que ya no existirán la multiplicidad de pluses. Ahora se aplicará una sola y única columna salarial global elaborada conjuntamente entre el Ministerio de Planificación Nacional (Mideplan), la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria y la Dirección General del Servicio Civil.
Además, los diputados y diputadas han dicho que se procuraron que el empleo público en nuestro país garantice la excelencia en el servicio que se brinda a la ciudadanía. Para ello, los procesos de reclutamiento y selección de personal, se efectuarán bajo la base del principio de idoneidad comprobada. Deberán ser procesos abiertos, de libre participación, basados en el mérito y las competencias de las personas aspirantes.
La iniciativa forma parte de los compromisos adquiridos por el Ejecutivo para poder obtener un crédito con el Fondo Monetario Internacional por 1.750 millones de dólares. Ahora el proyecto deberá ir a consulta a la Sala Constitucional. Al final de los debates en comisión y el Plenario tanto el Poder Judicial y las Universidades estatales quedaron incorporadas en la iniciativa, no así las instituciones en competencia.
Para un grupo importante de congresistas al no haber sacado a las Universidades se da una violación de la autonomía lo que puede ser un vicio de constitucionalidad. Una de las que apoya esta tesis es la legisladora oficialista Paola Vega Rodríguez.
Este proyecto establece los despidos a personas que hayan tenido en sus evaluaciones del desempeño dos notas inferiores a 70, ellos serían removidos de sus cargos sin responsabilidad patronal.
Otro de los temas polémicos que quedó contemplado en el proyecto de ley es la objeción de conciencia que permitirá a los funcionarios del sector público rechazar las capacitaciones que considere que van en contra de sus convicciones morales, éticas o religiosas.
La iniciativa también congela las anualidades y establece que el salario global será aplicado solo a los funcionarios de nuevo ingreso, además pone un tope a las vacaciones de 20 días y prohíbe la acumulación de más de dos períodos.
La legisladora liberacionista Franggi Nicolas Solano afirmó que votó en contra debido a que prometió respetar las Leyes de la República y la Constitución Política, dado que a su criterio es “absolutamente inconstitucional.
La congresista resaltó que es preocupante el nombramiento de los futuros jueces y fiscales de la República, además del tema disciplinario de estos funcionarios donde la apelación estará en manos del Servicio Civil, lo que a su criterio abriría un portillo para que la política tenga injerencia en este tipo de nombramientos.
El frenteamplista José María Villalta Florez-Estrada calificó la iniciativa como una “ley nefasta”, que modifica la estructura del Estado y no garantiza que se mejores las condiciones de los costarricenses y donde se busca pagarles menos a los trabajadores. No se logra el objetivo de genera un ahorro en las finanzas públicas, sentenció Villalta.
El legislador cuestionó las cifras planteas por el Ministerio de Planificación donde indicó que los datos fueron “inflados cinco veces” como lo demostró la Universidad Nacional.
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