En un desconcertante flujo de eventos, una cristiana iraní de sesenta años, Mina Khajavi, se enfrenta a una sentencia de prisión de seis años, acusada de actuar contra la seguridad nacional al promover el “Cristianismo sionista”.
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La odisea de Khajavi comenzó en 2020 cuando fue aprehendida, y su proceso de sentencia se desarrolló en 2022. Estos procedimientos legales también involucraron a otros dos sujetos: Malihe Nazarí, un cristiano convertido que recibió una sentencia paralela de seis años, y un pastor iraní-armenio, Joseph Shahbazian, que enfrentará una pena más severa de diez años.
Mientras Shahbazian y Nazari comenzaron a cumplir sus sentencias unos meses después, Khajavi enfrentó un indulto temporal. Un accidente automovilístico la había dejado con un tobillo gravemente roto, lo que requirió la inserción de placas de metal. A pesar de soportar desafíos físicos persistentes, incluyendo caminar cojeando y desarrollar artritis, el respiro de Khajavi llegó a un abrupto final el 3 de enero cuando se le ordenó presentarse en la prisión de Evin en el término de cinco días.
En un giro un tanto contrastante de los acontecimientos, Shahbazian y Nazari, ambos condenados por cargos similares, lograron obtener la liberación anticipada.
La sentencia inicial de dos años de Shahbazian fue reducida aún más por un juez del tribunal de apelación citando pruebas insuficientes en virtud del artículo 498 del Código Penal Islámico, relacionado con la organización de grupos percibidos como amenazas a la seguridad nacional.
En septiembre de 2023, Shahbazian había recibido un indulto total y fue puesto en libertad. Nazari, a quien se le concedió la libertad a principios de 2023, supuestamente obtuvo su liberación debido al deterioro de la salud de su hijo mientras luchaba contra la leucemia.
En medio de la saga legal, activistas están reclamando por la inmediata e incondicional liberación de Khajavi. Ellos resaltan la injusticia del aprisionamiento, que fue basado simplemente en la fe cristiana de la mujer; además, los grupos imploran a Irán el cese de su acoso en contra de la comunidad cristiana.
Los activistas llamaron la atención sobre un punto de referencia legal anterior: la sentencia del Tribunal Supremo de noviembre de 2021 que afirma explícitamente que “la promoción del cristianismo y la formación de una iglesia en casa no está penalizada por la ley” y no debe considerarse una amenaza a la seguridad nacional.
A medida que se desarrolla esta inquietante narrativa, la difícil situación de Mina Khajavi sirve como un crudo recordatorio de los desafíos que enfrentan ciertas minorías religiosas en regiones específicas, lo que genera preocupaciones globales sobre la libertad religiosa y los derechos humanos.
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