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El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, elevó la tensión política en Perú tras exigir un peritaje forense internacional sobre las Elecciones Generales 2026, cuestionando que la auditoría anunciada por el Jurado Nacional de Elecciones sea suficiente para despejar las dudas sobre el proceso.
En una entrevista con CNN, López Aliaga sostuvo que existen indicios de manipulación en actas de la serie 900.000 y pidió la intervención de firmas internacionales antes de la segunda vuelta. El reclamo profundiza el clima de tensión en un proceso marcado por resultados ajustados, denuncias cruzadas y creciente presión sobre las autoridades electorales.
Rafael López Aliaga peritaje forense: una exigencia que eleva la tensión electoral
El candidato presidencial afirmó que la revisión anunciada por el JNE no sería suficiente para despejar las dudas sobre el proceso. Según informó El Comercio, López Aliaga pidió un peritaje externo realizado por firmas auditoras internacionales.
La diferencia no es menor. Una auditoría institucional busca revisar procedimientos. Un peritaje forense, en cambio, apunta a examinar evidencias, patrones y posibles alteraciones documentales con un estándar técnico más exigente.
El foco en las actas de la serie 900.000
Uno de los puntos centrales del reclamo está en las actas de la llamada serie 900.000. López Aliaga sostiene que allí existirían indicios de manipulación que podrían haber afectado el resultado de la primera vuelta.
Hasta ahora, esas denuncias forman parte de una disputa política y jurídica más amplia. Por eso, el caso no solo se juega en el terreno electoral, sino también en la confianza pública hacia las instituciones encargadas de validar el proceso.
Fuerza Popular se distancia del discurso de fraude electoral
En contraste con la postura de Rafael López Aliaga, Fuerza Popular optó por enviar un mensaje de reconocimiento institucional de cara a la segunda vuelta electoral.
Los candidatos a la vicepresidencia por el fujimorismo, Luis Galarreta y Miguel Torres, señalaron que respetarán los resultados oficiales emitidos por los organismos electorales, aunque reconocieron la existencia de irregularidades durante el proceso.
Ambos dirigentes afirmaron que el partido priorizará la conformación de un equipo de gobierno enfocado en enfrentar a la “izquierda radical”, en lugar de profundizar el conflicto sobre un eventual fraude.
La posición marca una diferencia importante frente al discurso impulsado por Renovación Popular, que insiste en la necesidad de un peritaje forense internacional antes de la segunda vuelta.
Con ello, el escenario político peruano empieza a mostrar una división estratégica dentro de los sectores conservadores: mientras unos buscan cuestionar el proceso electoral, otros prefieren preservar la legitimidad institucional en medio de la creciente polarización.
Perú vuelve a mirar a sus tribunales electorales
La tensión no aparece en el vacío. En abril, El País reportó que el segundo lugar para la segunda vuelta se estaba definiendo en medio de recursos, nulidades y revisión de actas.
Ese contexto convierte cualquier denuncia en combustible político. Si las autoridades no ofrecen una respuesta clara y verificable, el riesgo no es solo judicial: también es institucional.
El dilema del JNE: auditar o convencer
El Jurado Nacional de Elecciones enfrenta una tarea doble. Por un lado, debe cumplir con los procedimientos legales. Por otro, necesita sostener la legitimidad del proceso ante una opinión pública fragmentada.
En elecciones cerradas, la transparencia no consiste únicamente en contar votos. También exige explicar cómo se revisan, quién los verifica y qué garantías existen para todas las partes.
Una disputa con impacto regional
El caso tiene implicaciones más allá de Perú. América Latina ha visto cómo los resultados ajustados, las denuncias de fraude y la desconfianza en los árbitros electorales pueden erosionar rápidamente la estabilidad política.
Como ha documentado Impacto Noticias CR en su cobertura de geopolítica regional, la confianza electoral se ha convertido en una variable decisiva para la gobernabilidad democrática.
La segunda vuelta bajo presión
La exigencia de López Aliaga coloca al proceso peruano bajo una presión adicional. Si el JNE mantiene su ruta de auditoría interna, deberá demostrar que el mecanismo es suficientemente robusto. Si acepta una revisión externa, abriría un precedente político y técnico de alto impacto.
En ambos escenarios, el costo de la ambigüedad es alto. Perú no solo necesita saber quién pasa a la segunda vuelta. Necesita que el resultado sea aceptado como legítimo.
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