Según estudio elaborado por el semanario Universidad y publicado el pasado, 21 de Julio, un impuesto a la gasolina súper, Plus 91 (regular) o diésel que consumen los costarricenses habría servido para subsidiar hasta en ¢4.570 millones anuales el asfalto que compraron las empresas vinculadas al caso “cochinilla”.
La periodista del medio, Daniela Muñoz, afirma que, en los últimos años (del 2017 al 2020) se comercializaron más de 457,7 millones de litros de asfalto.
De este total poco más de 394,4 millones corresponden a asfalto AC-30; cerca de 56,4 millones a emulsión asfáltica rápida y 6,9 millones a emulsión asfáltica lenta, todos materiales que se utilizan mayormente en las intervenciones en vías públicas, es la información que se desprende directamente de RECOPE.
En la “Política Sectorial para los precios de gas licuado de petróleo, búnker, asfalto y emulsión asfáltica” a cada uno de estos productos se le aplica una reducción en el precio, que se subsidia con el cobro a los combustibles, detalla la investigación.
En el caso del AC-30 esta rebaja es de ¢51,38 por litro, en el de la emulsión rápida es de ¢45,25 y en el de la emulsión lenta, de ¢38,14, explica la entrega.
EL DETALLE:
Subsidio millonario
En ese sentido «Semanario» indicó que, según los datos provistos por Edgar Gutiérrez, jerarca del Ministerio de Ambiente y Energía durante la administración anterior —que decretó la medida subsidiadora— señalan que cerca del 99% que se comercializa en el país se usa en obra pública. Si los datos del exministro son correctos, unos 453,2 millones de litros se habrían usado en obra pública en los cuatro años previos.
Por otro lado, los registros de las contrataciones del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) evidencian que cerca del 80% de los contratos de obra pública han quedado en manos de las empresas constructoras vinculadas al más reciente caso de corrupción, especialmente H Solís y Meco.
Estas dos empresas y otras más pequeñas han estado en el ojo de la tormenta, pues las autoridades judiciales investigan un supuesto esquema de corrupción en el que funcionarios públicos habrían recibido dádivas por parte de los grupos empresariales con el fin de beneficiarlos al acaparar las concesiones y la ejecución anómala de obra pública.
Usando los datos anteriores, puede inferirse entonces que las empresas señaladas en la investigación habrían consumido cerca de 362,5 millones de litros de productos asfálticos del total comercializado.
Si a este gran total se le aplican los montos subsidiados a cada producto, puede proyectarse que las empresas habrían recibido un subsidio total de más de ¢18,281 millones de colones entre el 2017 y el 2020, lo que representa un promedio de ¢4.570 millones anuales de ahorro.
Cabe destacar que UNIVERSIDAD solicitó al departamento de prensa de Recope el dato sobre los fondos públicos colocados vía subsidio y otorgados a las empresas H Solis, Meco y Constructora Herrera, pero la entidad dijo no poder entregarlo, alegando que lo referente a la relación comercial de la institución con sus clientes es “información de carácter privado”. Como consecuencia, ofrecemos la proyección antes detallada.
Subsidio pretendía ahorro estatal y a familias
El exministro de Ambiente, Edgar Gutiérrez, conversó con este semanario y defendió su decisión de firmar el decreto que convirtió estos subsidios en política pública, pues alega que representarían un ahorro para el país.
El exjerarca relató que esta medida había sido implementada desde el 2011, bajo la administración Chinchilla, pero como una medida de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.
En 2016, comentó, esa entidad pretendió eliminar estos subsidios y “siendo que eso iba a encarecer los precios, decidimos intervenir y firmamos el decreto en carrera para que eso no sucediera”.
El exjerarca asegura que la medida pretendía mantener bajos los precios del GLP, que utilizan muchas familias costarricenses; el búnker, que se usa mayormente en plantas de energía eléctrica, y el asfalto, que —asegura— se usa un “99% de lo que se venden para obras públicas”.
Su mayor preocupación, dice, eran los hogares y hospitales usuarios de gas y las industrias que usan búnker. “Las constructoras no fueron un tema porque el beneficio es para el Estado, no para ellas”, afirmó. UNIVERSIDAD buscó conversar con Enrique Egloff, presidente la Cámara de Industrias de Costa Rica, sobre este tema, pero no tuvo respuesta.
Según datos recientes de Aresep, en Costa Rica 710.000 hogares —especialmente en zonas rurales—, 5000 comercios y 500 industrias usan gas y, por ende, se benefician de este subsidio.
No obstante, en el caso del asfalto y a pesar de la intención manifiesta por el exjerarca, no hay mecanismos que garanticen que el subsidio se traduzca en ahorro estatal.
“El meollo del asunto”
El exministro Gutiérrez Espeleta aseguró que el subsidio pretende que no aumenten los costos de los proyectos de obra pública, pero debido al modelo de contrataciones que utilizan el Conavi, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y las municipalidades es imposible certificar que la reducción del precio en la materia base implique un ahorro en la inversión.
Fuentes internas del Conavi, que prefirieron no identificarse pero que asesoraron técnicamente este reportaje, explicaron que cuando se va a realizar un proyecto,es la empresa constructora y no la institución la que fija los precios. Las ofertas se reciben, se analizan y se elige la que sea menos costosa, “siempre que los precios no sean ruinosos”.
De esta forma y contemplando que el asfalto no se pone solo en las vías, sino que implica una mezcla de materiales y la colocación, sería solamente a través de un minucioso análisis de costos que podría verificarse que el subsidio beneficie efectivamente a la obra pública.
Este personal técnico del Conavi explicó que si se contempla el proceso de almacenamiento y mezclado que hacen las empresas del producto adquirido, tampoco es tan sencillo determinar que la cantidad de asfalto comprado a Recope para un proyecto y consignado en una licitación llegue completa y con la misma calidad a las vías nacionales.
En referencia al sonado caso de supuesta corrupción entre Conavi y las empresas mencionadas, una de las fuentes comentó: “El meollo del asunto está ahí, en el análisis de costos”.
Cabe destacar que entre las 30 personas detenidas por el “caso cochinilla” se encuentran el jefe de Tesorería del Conavi, Sergio Antonio Lobo, y Leonardo Monge, un asistente del analista de costos.
El intendente además explicó que desde que se establecieron estos subsidios hasta el 22 de mayo del 2020, además de la gasolina y el diésel, se pagaba el canon adicional sobre el litro de jet fuel, combustible que utilizan los jets privados y aviones comerciales (ver recuadro: Peso del subsidio recae en gasolina y diésel pues gobierno exoneró combustible para aviones y jets).
Con información de Semanario Universidad
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