Andrés Ramírez Prado
Dircom/noticiasimpactocr
La criminalización de la protesta social es la atribución que se toman los gobiernos para ejercer una facultad que nadie les otorgó: maltratar a quienes deben cuidar, persiguir a quienes deben proteger, ignorar a quienes deben mayor atención, y servir a quienes deben controlar. En otras palabras, en nuestro país opera un “derecho mafioso», donde se aplica la ley de forma discriminatoria, particularmente contra los pobres y contra quienes cuestionan o se enfrentan al Estado.
La misma Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) señaló en su informe ante la 75 Asamblea General, que en Costa Rica el gobierno bloquea a los medios de comunicación que denuncian irregularidades de su gestión.
La SIP criticó que el presidente de la República, Carlos Alvarado, periodista de profesión,recomendó a sus ministros y demás miembros del gabinete que guarden silencio ante las consultas de los comunicadores, las que deben ser enviadas por correo electrónico para ser atendidas. En las conferencias de prensa se eligen los medios que pueden hacer consultas y se prohíbe repreguntar».
Es esto democracia?
Esto se simplifica en el hecho de que el gobierno esta tomando medidas coercitivas en contra de la libertad de expresión.
El gobierno que alza la bandera de derechos humanos por algunas minorias se olvida deliberadamente de los derechos de todos.
Bien les vendría repasar la Carta sobre derechos humanos, principalmente el artículo 18 que reza de la siguiente manera:
«Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia», de la misma manera el artículo artículo 19 nos habla sobre el derecho y libertad de expresión,cito textualmente;»Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.»
Los artículos antes expuesto deben ser revisados a conciencia no sólo por el gobierno sino tambien por el colectivo que comprende lo que conocemos como «República de Costa Rica».
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