El caso UPAD avanza en una etapa determinante: la Fiscalía analiza fotos, audios y otros archivos contenidos en al menos 15 celulares, incluyendo el dispositivo personal del expresidente Carlos Alvarado (2018-2022).
La diligencia, que inició el pasado 6 de abril, se extendería hasta el 30 de mayo y forma parte del proceso técnico para determinar posibles responsabilidades en uno de los expedientes más sensibles de la política reciente en Costa Rica.
Caso UPAD: qué investiga la Fiscalía en los celulares
El análisis está a cargo de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), en coordinación con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que revisan miles de archivos almacenados en los dispositivos incautados desde 2020.
Entre los elementos bajo estudio se encuentran audios, fotografías y documentos que podrían aportar evidencia sobre el funcionamiento de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
Datos sensibles y cuestionamientos legales en el caso UPAD
El núcleo del caso UPAD radica en el presunto acceso a datos sensibles de ciudadanos sin autorización legal.
La creación de esta unidad mediante decreto generó controversia desde su origen y posteriormente fue anulada tras una declaratoria de inconstitucionalidad por parte de la Sala Constitucional.
Las autoridades investigan posibles delitos como prevaricato, abuso de autoridad y violación de datos personales, en un expediente que ha estado marcado por su complejidad técnica y jurídica.
Antecedentes del caso UPAD: de allanamientos históricos al análisis forense
El caso UPAD se remonta a 2020, cuando se reveló la operación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos y se encendieron las alertas sobre el manejo de información sensible en el Estado.
El 28 de febrero de 2020 marcó un hito histórico en Costa Rica: por primera vez, la Fiscalía General y el OIJ allanaron la Casa Presidencial en busca de pruebas sobre el presunto acceso ilegal a datos confidenciales de ciudadanos.
El operativo, sin precedentes en la institucionalidad del país, sacudió el escenario político y abrió un debate nacional sobre los límites del poder en el uso de información personal.
Aunque en ese momento el gobierno defendió la UPAD como una herramienta para mejorar la toma de decisiones públicas, especialmente en materia social, las dudas sobre la ausencia de controles adecuados derivaron en una investigación penal que sigue abierta hasta hoy.
Posteriormente, en junio de 2021, la Casa Presidencial fue allanada por segunda vez durante la misma administración, esta vez en el marco del caso “Cochinilla”, lo que consolidó una etapa de alta presión judicial sobre el Poder Ejecutivo y profundizó el escrutinio público sobre la gestión gubernamental.
Caso UPAD: una investigación que sigue abierta
A pesar de los años transcurridos, el caso UPAD continúa en fase de análisis técnico, en parte debido a impugnaciones presentadas por la defensa. La revisión de los celulares podría convertirse en un punto de inflexión dentro del proceso.
Este desarrollo forma parte de una investigación en curso que ha sido ampliamente cubierta en el país y continúa generando debate sobre el uso de datos en la función pública.
Para más información y análisis, consulte nuestra cobertura en Política Costa Rica.
Análisis: El caso UPAD no es solo un expediente judicial, sino un reflejo del choque entre poder político y manejo de datos en la era digital. Lo que revelen estos dispositivos podría redefinir no solo responsabilidades individuales, sino también los límites institucionales en el uso de información en Costa Rica.
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