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La presidenta de la República, Laura Fernández, presentó este lunes ante la Asamblea Legislativa el primer paquete de proyectos de ley orientados a fortalecer la seguridad ciudadana, endurecer las penas contra el crimen organizado y reformar aspectos clave del sistema de justicia penal.
La mandataria aseguró que las iniciativas representan el cumplimiento de sus compromisos en materia de seguridad y lanzó un llamado directo a los diputados para acelerar su discusión y eventual aprobación.
“Las promesas que se han realizado o que he realizado en materia de combate frontal al crimen organizado en nuestro país se cumplen”, afirmó Fernández.
Según información divulgada por la Presidencia de la República, el paquete busca fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar el narcotráfico, las organizaciones criminales y la reincidencia delictiva.
Una agenda de seguridad con seis proyectos
El primer paquete legislativo presentado por el Gobierno está compuesto por seis proyectos de ley que abarcan desde la protección de los cuerpos policiales hasta reformas penitenciarias y nuevas sanciones para estructuras criminales.
Fernández sostuvo que Costa Rica enfrenta un momento decisivo en materia de seguridad y que el país necesita herramientas más robustas para enfrentar el crecimiento del crimen organizado.
Ley Gerson Rosales: mayor protección para los policías
La primera iniciativa busca fortalecer la protección de los cuerpos policiales mediante penas más severas para quienes obstaculicen sus funciones o ataquen a oficiales en el ejercicio de sus labores.
Además, establece que la respuesta armada de un oficial en cumplimiento de su deber se presuma como legítima defensa y endurece las sanciones para quienes se resistan al arresto.
“Con este proyecto de ley estamos regulando el uso de la fuerza y estableciendo que es justificado por parte de los cuerpos policiales en el cumplimiento de su labor de protección a las familias costarricenses”, explicó la presidenta.
Pertenecer a una banda criminal sería un delito
El segundo proyecto crea sanciones específicas para quienes integren organizaciones criminales o colaboren con ellas.
La propuesta contempla penas de entre tres y ocho años de prisión para quienes formen parte de estas estructuras o presten servicios profesionales, tecnológicos o financieros a las mismas.
“Las bandas criminales tienen hoy hasta contadores, especialistas en tecnología y abogados a su servicio”, señaló Fernández.
Mano firme contra la reincidencia delictiva
La tercera iniciativa busca impedir que delincuentes reincidentes eviten la prisión preventiva mediante argumentos de arraigo familiar o laboral.
El proyecto crea distintas categorías para sancionar la reincidencia, incluyendo reincidentes simples, reincidentes cualificados, reincidentes habituales y profesionales del delito.
“Quien haga del crimen su forma de vida tiene que recibir penas más severas. Nosotros estamos del lado de las víctimas”, manifestó la mandataria.
Cero ocio en las cárceles
La cuarta propuesta plantea que las personas privadas de libertad participen obligatoriamente en actividades productivas para poder acceder a beneficios relacionados con la reducción de sus condenas.
Los ingresos obtenidos se distribuirían entre la manutención del privado de libertad, las familias de las víctimas, el apoyo a sus familiares y un fondo de ahorro destinado a facilitar su reinserción social.
“No queremos más vagos en la cárcel”, afirmó Fernández al defender la iniciativa.
Golpe a las pistas clandestinas del narcotráfico
El quinto proyecto endurece las penas para propietarios, administradores o poseedores de terrenos utilizados para pistas clandestinas vinculadas con actividades ilícitas.
La propuesta contempla penas de entre cinco y diez años de prisión, así como la confiscación definitiva de maquinaria y equipos empleados en la construcción de estas infraestructuras.
La presidenta aseguró que actualmente existen alrededor de 200 pistas clandestinas en Costa Rica y que la legislación vigente ha demostrado ser insuficiente para enfrentar este fenómeno.
Fin del derecho al olvido para delitos graves
La sexta iniciativa pretende eliminar el llamado derecho al olvido para personas condenadas por delitos contra la vida, crimen organizado y narcotráfico.
La información permanecería disponible para efectos policiales, judiciales y penitenciarios incluso después de cumplida la condena, aunque algunos registros seguirían teniendo limitaciones para otros usos.
De acuerdo con estadísticas publicadas por el Poder Judicial, la lucha contra el crimen organizado continúa siendo uno de los principales desafíos para las instituciones de seguridad y justicia del país.
La presión ahora recae sobre la Asamblea Legislativa
Fernández aprovechó la presentación para enviar un mensaje directo a los diputados y pedir que los proyectos avancen con rapidez dentro del Congreso.
La mandataria aseguró que el Gobierno está cumpliendo con su responsabilidad y que ahora corresponde a la Asamblea Legislativa responder a las demandas de seguridad de la ciudadanía.
“Llegó el momento, señores diputados, de acelerar la tramitación de estos seis proyectos de ley”, manifestó.
La presidenta concluyó señalando que Costa Rica necesita acciones concretas para recuperar la seguridad y garantizar mayor protección para las familias, los cuerpos policiales y las víctimas del crimen.
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