El Poder Judicial ha pagado más de US$12 millones desde 2017 por el alquiler del edificio que ocupa la Sala Constitucional. La diputada Nayuribe Guadamuz cuestionó el gasto y pidió rendición de cuentas.
Diputada califica el gasto como una “barbaridad”
Guadamuz calificó el monto como una “barbaridad”. También pidió explicar el uso de los recursos públicos.
El alquiler de la Sala IV supera los US$12 millones
Los pagos comenzaron en 2017. Desde entonces, el Poder Judicial ha destinado más de US$12 millones al arrendamiento del inmueble.
Direct Communication S.A. figura como empresa arrendadora
Guadamuz señaló a Direct Communication S.A. como la empresa arrendadora. Sus representantes legales son Mónika y Paul Wedel Pacheco. Ambos son hijos de Juan José Wedel Carazo, quien ha figurado como donante del Partido Liberación Nacional (PLN).
La diputada pidió revisar el contrato y sus prórrogas. También solicitó aclarar las condiciones que permitieron mantener el acuerdo durante tantos años.
La adenda que aumentó el alquiler en US$20.000
La legisladora cuestionó una adenda firmada por don Orlando Aguirre. Según Guadamuz, esa modificación elevó el alquiler en US$20.000.
“Estamos hablando de US$12 millones de plata de todos los costarricenses. ¿No les parece extraño que una familia con vínculos con el PLN se haya beneficiado durante tantos años de un contrato millonario y que don Orlando Aguirre firmara una adenda para aumentar el alquiler en 20 mil dólares? Aquí hay preguntas que necesitan respuestas”.
Nayuribe Guadamuz, diputada de Pueblo Soberano
Teletrabajo abre dudas sobre el uso del edificio
Guadamuz cuestionó la eficiencia del gasto. La Sala tiene 150 funcionarios. De ellos, 110 trabajan bajo una modalidad mixta.
Además, 62 profesionales en derecho trabajan cuatro días desde casa y solo uno de forma presencial. La diputada considera que este esquema debe influir en el análisis del alquiler.
“Aquí algo no cuadra: pagamos más de US$122 mil al mes por un edificio, pero una buena parte del personal pasa varios días trabajando desde la casa. ¿Entonces estamos pagando semejante alquiler para tener escritorios vacíos buena parte de la semana?”, criticó.
Nayuribe Guadamuz, diputada de Pueblo Soberano
La sede propia del Poder Judicial sigue sin avances
La diputada también cuestionó el proyecto de una sede propia. El Poder Judicial compró el terreno en abril de 2025.
Sin embargo, Guadamuz afirmó que los planos, el presupuesto detallado y la contratación de la constructora registran un avance del 0%.
“Si ya compraron el terreno, ¿por qué ha avanzado tan poco la nueva sede? Seguimos pagando más de US$122 mil al mes en alquiler mientras las etapas más importantes del proyecto siguen en cero”, añadió.
Nayuribe Guadamuz, diputada de Pueblo Soberano
Según la legisladora, la falta de avances mantiene el gasto por alquiler. También genera dudas sobre la planificación y los plazos del proyecto.
Guadamuz defiende su labor de fiscalización
La diputada afirmó que sus cuestionamientos buscan fiscalizar los fondos públicos. Negó que se trate de un ataque contra la Sala Constitucional.
“Esto no es un ataque contra la Sala Constitucional. Esto es fiscalización. Son recursos de todos y los costarricenses merecen saber en qué se está gastando su plata”, concluyó.
Nayuribe Guadamuz, diputada de Pueblo Soberano
¿Qué debe aclarar el Poder Judicial?
El Poder Judicial debe explicar las condiciones del contrato. También debe detallar los pagos, la adenda y las evaluaciones del inmueble.
Además, la institución debe informar por qué la sede propia no registra avances en sus etapas principales. Las respuestas permitirán evaluar el costo, la eficiencia y la transparencia del arrendamiento.
Un debate sobre el uso de recursos públicos
El caso reabre la discusión sobre los alquileres de instituciones públicas. También plantea la necesidad de revisar estos contratos con criterios de eficiencia, transparencia y control.
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