El expresidente Luis Guillermo Solís negó que Gilbert Bell Fernández, conocido como “Macho Coca”, hubiera sido funcionario del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) durante su Administración.
La aclaración surgió después de que la presidenta de la República, Laura Fernández, mencionara el caso durante una conferencia de prensa. En esa intervención, Fernández afirmó: “Ahora, también quiero mencionar algunos casos, Macho Coca, extraditado, funcionario en el gobierno de don Luis Guillermo Solís en Incopesca”.
La frase de Laura Fernández que provocó la respuesta
La presidenta vinculó públicamente a “Macho Coca” con el Gobierno de Solís Rivera y señaló específicamente una relación con Incopesca. Sin embargo, el exmandatario rechazó que Bell Fernández hubiera ocupado un cargo de funcionario en esa institución durante su administración.
La diferencia entre ambas versiones se concentra en la naturaleza exacta del vínculo: mientras la declaración presidencial habló de un “funcionario”, la explicación atribuida a la Administración anterior apunta a una participación como asesor y representante sectorial.
Qué establece el acuerdo de Incopesca
Durante la Administración Solís Rivera, Gilbert Bell Fernández fue asesor de Incopesca, de acuerdo con el acta de Junta Directiva AJDIP/094-2015. Según la información suministrada, ese acuerdo lo designó como representante de Limón ante la Comisión Asesora de Pesca del Caribe.
Ese antecedente confirma que existió una relación formal con un órgano asesor vinculado al sector pesquero. No obstante, el documento citado no equivale necesariamente a demostrar que Bell Fernández fuera funcionario de Incopesca en el sentido de ocupar un puesto dentro de la estructura institucional ordinaria.
El punto clave: funcionario, asesor o representante
La controversia no es únicamente semántica. En la administración pública, la diferencia entre ser funcionario, asesor o representante de un sector puede determinar el alcance de las responsabilidades, las funciones desempeñadas y el tipo de vínculo jurídico con una institución.
Por eso, la precisión del cargo resulta central para evaluar las declaraciones enfrentadas. La información disponible muestra dos elementos que deben mantenerse separados: la existencia de una designación relacionada con Incopesca y la afirmación de que esa persona fue funcionario del Gobierno de Solís.
El antecedente de la gasolina subsidiada
Además del nombramiento en una comisión asesora, Diario Extra informó que las embarcaciones propiedad de “Macho Coca” utilizaban gasolina subsidiada por el Gobierno a través de Incopesca desde 2005.
Este antecedente añade una dimensión económica e institucional al debate. La existencia de un beneficio o mecanismo de apoyo para embarcaciones no demuestra por sí sola que su propietario fuera funcionario público, pero sí refuerza la necesidad de revisar con precisión cómo se relacionaba con los programas y órganos del sector pesquero.
Incopesca lo cesó tras su detención en 2015
El 9 de octubre de 2015, la Junta Directiva de Incopesca cesó a “Macho Coca” de su puesto, después de que fuera detenido como sospechoso de tráfico de drogas.
La secuencia de hechos permite distinguir entre la designación que mantenía en el ámbito asesor y la condición de funcionario que se le atribuyó posteriormente en el debate político. Para establecer el alcance exacto del cese, resulta necesario revisar el acuerdo correspondiente y la naturaleza jurídica del puesto que ocupaba.
Una disputa política marcada por la precisión institucional
El intercambio entre Fernández y Solís refleja cómo una referencia institucional puede convertirse en un elemento de confrontación política. La mención presidencial buscó situar el caso dentro de una administración anterior, mientras que la respuesta del expresidente cuestionó la caracterización utilizada para describir el vínculo.
La lectura más rigurosa exige distinguir entre la responsabilidad política de una administración y la condición específica de una persona dentro de una institución. Un nombramiento en una comisión asesora puede acreditar una relación formal con el sector público, pero su alcance debe establecerse a partir del acuerdo correspondiente y de las funciones asignadas.
Lo que queda por aclarar
Para cerrar la discrepancia sería necesario precisar el cargo exacto de Bell Fernández, la duración de su participación, las funciones que ejerció y si recibió algún nombramiento como funcionario de Incopesca. También resulta relevante conocer el texto completo de los acuerdos AJDIP/094-2015 y del cese del 9 de octubre de 2015, así como los registros relacionados con el subsidio de combustible.
Con los datos disponibles, la afirmación de que “Macho Coca” fue funcionario durante el Gobierno de Solís requiere una precisión adicional. Lo documentado hasta ahora apunta a que tuvo una relación formal con Incopesca como asesor y representante de Limón ante una comisión asesora de pesca, que sus embarcaciones habrían utilizado gasolina subsidiada desde 2005 y que fue cesado de su puesto en 2015 tras su detención como sospechoso de tráfico de drogas. El expresidente, sin embargo, niega que haya sido funcionario de Incopesca.
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