El Ministerio Público abrió una investigación para determinar si existieron irregularidades en el proceso de adquisición de ambulancias, luego de que diversas publicaciones alertaran sobre posibles anomalías en la compra de estas unidades.
El fiscal general de la República, Carlo Díaz, confirmó que el caso está en manos de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, con apoyo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), órgano auxiliar de justicia encargado de investigar y recabar pruebas sobre presuntos delitos.
Fiscalía revisará toda la cadena de contratación
De acuerdo con Díaz, la investigación analiza inicialmente la posible comisión del delito de influencia contra la Hacienda Pública. Esta figura está contemplada en el artículo 57 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
Sin embargo, el jerarca advirtió que las pesquisas podrían ampliarse si aparecen indicios relacionados con otras actividades ilícitas.
“Se investiga el delito de influencia contra la Hacienda Pública de momento, pero no descartamos la existencia de otras actividades ilícitas”, declaró el fiscal general al ser consultado sobre el avance del caso.
La Fiscalía deberá examinar cada etapa del proceso, desde la elaboración de los pliegos de condiciones hasta los mecanismos utilizados para seleccionar al proveedor y concretar la adquisición de las ambulancias.
También investigan un supuesto contrato por decreto de emergencia
Uno de los puntos de interés para las autoridades será determinar cómo se desarrolló el supuesto contrato tramitado mediante un decreto de emergencia y bajo qué condiciones se aplicó ese procedimiento.
Los contratos bajo mecanismos de emergencia pueden utilizarse para responder con rapidez ante situaciones excepcionales. No obstante, las instituciones deben justificar su uso y documentar las decisiones adoptadas durante la contratación.
Por esa razón, el Ministerio Público revisará si el procedimiento cumplió con los requisitos legales y administrativos, así como si las condiciones establecidas pudieron favorecer indebidamente a una persona o empresa.
¿Podría el caso llegar a la Fiscalía General?
Por ahora, la investigación permanece en la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, que trabaja en coordinación con el OIJ. Sin embargo, el expediente podría trasladarse a la Fiscalía General si las diligencias revelan la posible participación de un integrante de los supremos poderes.
El fiscal general explicó que ese traslado se realizaría mediante un procedimiento conocido como testimonio de piezas. Esta figura permite remitir a la Fiscalía General los elementos específicos de una investigación que involucren a una persona con una condición especial, sin que necesariamente deba trasladarse la totalidad del expediente.
“Si de la investigación que se lleva en la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, en conjunto con el Organismo de Investigación Judicial, se logra determinar que hay un miembro de los supremos poderes involucrado, entonces ellos harán lo que nosotros llamamos un testimonio de piezas”, explicó Díaz.
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El traslado dependerá de los hallazgos
La eventual intervención de la Fiscalía General no constituye, por ahora, una decisión adoptada ni implica que exista una acusación contra algún funcionario. El cambio dependerá de lo que encuentren las autoridades al revisar los contratos, los pliegos de condiciones, el decreto de emergencia y las actuaciones de quienes participaron en el proceso.
Investigación se encuentra en una etapa inicial
Díaz subrayó que el expediente apenas comienza y que todavía no existen conclusiones definitivas sobre la eventual responsabilidad de funcionarios, intermediarios o empresas vinculadas con la compra.
“Vamos a analizar todo para determinar si existe algún delito que perseguir”, afirmó.
La Fiscalía y el OIJ deberán recopilar documentos, revisar los expedientes de contratación y establecer quiénes participaron en las distintas fases del proceso. También podrían analizar las comunicaciones y decisiones administrativas relacionadas con la adquisición de las unidades.
El caso pone bajo escrutinio las compras públicas
La investigación vuelve a colocar bajo atención el control de las compras públicas y la necesidad de garantizar que los procedimientos de contratación se desarrollen con transparencia, competencia y trazabilidad.
En este tipo de casos, la revisión no se limita al resultado final del contrato. Las autoridades también deben determinar si las condiciones técnicas, los plazos, los requisitos de participación y la justificación de la emergencia fueron definidos de manera objetiva.
De momento, el Ministerio Público mantiene abiertas las diligencias para determinar si en la adquisición de las ambulancias se cometieron actuaciones delictivas. La investigación continuará en la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, con apoyo del OIJ, mientras las autoridades revisan la documentación y las decisiones adoptadas durante el proceso de contratación.
Hasta ahora, no existe una conclusión definitiva ni una acusación formal contra personas determinadas.
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