La discusión sobre la regulación de las plataformas electrónicas de transporte volvió a cobrar fuerza en Costa Rica. Diversas organizaciones del sector manifestaron su respaldo al proyecto de ley que busca establecer un marco normativo para servicios como Uber y otras aplicaciones de movilidad.
La iniciativa, tramitada bajo el expediente 23.736, cuenta con el apoyo de la Cámara Nacional de Transportes (CANATRANS), la Federación Nacional de Cooperativas de Taxi (FENACOTAXI R.L.), el Foro Nacional de Taxistas, Multitaxi S.A. y otras agrupaciones vinculadas al transporte público.
Los gremios sostienen que regular Uber Costa Rica permitirá fortalecer la seguridad jurídica, garantizar condiciones más equitativas para todos los operadores y mejorar el cumplimiento de obligaciones sociales y tributarias.
Más de una década sin regulación específica
Las organizaciones recuerdan que las plataformas digitales operan desde hace más de once años en el país sin una legislación específica que regule sus actividades.
Por ello consideran que el avance actual del proyecto representa una oportunidad para establecer reglas claras para todos los actores que participan en el mercado del transporte de personas.
“Nuestras organizaciones consideramos que el avance de este proyecto representa un paso importante hacia la equidad, la seguridad jurídica y el fortalecimiento del sector transporte”, señalaron los gremios mediante un comunicado conjunto.
¿Qué propone el proyecto de ley?
La propuesta incorpora varios requisitos para los conductores y las plataformas digitales.
Entre ellos destacan la inscripción obligatoria ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el cumplimiento de obligaciones tributarias ante el Ministerio de Hacienda y la contratación de pólizas de responsabilidad civil para terceros.
Además, se contemplan condiciones técnicas relacionadas con la operación de los vehículos, incluyendo requisitos sobre antigüedad y características de las unidades.
La iniciativa también busca que los conductores estén debidamente registrados ante las autoridades correspondientes y que las plataformas cumplan con las obligaciones establecidas por la legislación nacional.
Competencia leal y fortalecimiento de la seguridad social
Los representantes del sector consideran que estas medidas contribuirán a nivelar las condiciones de competencia entre taxis, autobuses y plataformas digitales.
También sostienen que la normativa permitiría fortalecer la recaudación fiscal y ampliar la cobertura de la seguridad social mediante la incorporación formal de miles de conductores al sistema.
De acuerdo con los gremios, todos los participantes del mercado deberían cumplir obligaciones similares para garantizar un entorno más equilibrado y transparente.
El proyecto avanza en la Asamblea Legislativa
Actualmente, el expediente 23.736 se encuentra en la etapa de discusión de mociones de vía rápida dentro de la corriente legislativa.
Las organizaciones consideran que este avance acerca al país a una regulación que permita reducir vacíos legales y establecer un marco claro para la operación de las plataformas electrónicas de transporte.
Según la información disponible en la Asamblea Legislativa, la propuesta continúa su trámite parlamentario mientras distintos sectores exponen sus posiciones sobre el proyecto.
Llamado a los diputados
Las organizaciones hicieron un llamado a los legisladores para respaldar la aprobación del proyecto durante su trámite legislativo.
Según los promotores de la iniciativa, la regulación permitiría modernizar el sector transporte, fortalecer la competencia leal y garantizar que todos los actores contribuyan al sostenimiento de la seguridad social y la recaudación tributaria.
“Hacemos un respetuoso llamado a las señoras y los señores diputados de la República para que respalden y aprueben el Proyecto de Ley Expediente N.° 23.736, en beneficio de la seguridad jurídica, la competencia leal y el fortalecimiento del sistema de transporte nacional”, concluyeron las organizaciones.
Los gremios consideran que la aprobación de la iniciativa permitiría cerrar una discusión que se ha prolongado durante más de una década y establecer reglas claras para todos los participantes del mercado de transporte de personas en Costa Rica.
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