La Corte Suprema de Justicia respondió este lunes a las declaraciones de la presidenta Laura Fernández, quien cuestionó públicamente las políticas de cumplimiento (compliance) del Poder Judicial y afirmó que estructuras criminales habrían penetrado la institución.
Mediante un pronunciamiento oficial, los magistrados rechazaron las insinuaciones y solicitaron a la mandataria presentar las denuncias correspondientes para que puedan ser investigadas conforme al debido proceso.
Magistrados piden formalizar las denuncias
La respuesta surge luego de las afirmaciones realizadas por Fernández durante la conferencia de prensa del Poder Ejecutivo del pasado 1 de julio, donde expresó preocupación por una supuesta infiltración del crimen organizado dentro del sistema judicial.
Ante esos señalamientos, la Corte Suprema fue enfática.
«Instamos a la señora mandataria a que presente las denuncias ante las instancias respectivas, con la absoluta seguridad de que la institución hará la investigación correspondiente», indicó el máximo órgano judicial.
La importancia de que las denuncias contra funcionarios públicos se tramiten mediante los canales institucionales ha sido ampliamente respaldada por organismos especializados en fortalecimiento del Estado de derecho, como el Carnegie Endowment for International Peace.
El Poder Judicial defiende su integridad
En el comunicado, los magistrados defendieron el trabajo de los más de 13.800 funcionarios que integran el Poder Judicial, destacando que la institución mantiene controles internos para investigar y sancionar cualquier conducta irregular.
Asimismo, recordaron que los casos de corrupción detectados dentro de la institución han sido investigados por los propios órganos disciplinarios y puestos a disposición de las autoridades competentes.
«Reiteramos que en el Poder Judicial existe cero tolerancia a la corrupción y que nos mantendremos vigilantes para detectar, denunciar y sancionar cualquier acto irregular que se presente dentro de la institución», señala el comunicado.
La transparencia institucional y los mecanismos de rendición de cuentas constituyen elementos fundamentales para fortalecer la confianza ciudadana en los sistemas judiciales, según diversos análisis publicados por Brookings Institution.
Un nuevo choque entre poderes del Estado
El intercambio de declaraciones se produce en medio de un creciente debate sobre la seguridad ciudadana, el combate contra el narcotráfico y las reformas impulsadas por el Gobierno de Laura Fernández.
En las últimas semanas, el Poder Ejecutivo ha insistido en la necesidad de aprobar proyectos relacionados con seguridad pública, endurecimiento de penas y combate al crimen organizado, mientras mantiene diferencias con otros poderes del Estado sobre el ritmo de esas reformas.
La independencia judicial y la cooperación entre poderes son considerados pilares esenciales de cualquier democracia constitucional, un principio ampliamente reconocido por centros de análisis como el Council on Foreign Relations (CFR) y documentado por Reuters en la cobertura de conflictos institucionales alrededor del mundo.
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