La UE y sus aliados condenan a Irán por las ejecuciones de manifestantes

Manifestantes en Irán frente a la condena internacional por las ejecuciones
La condena internacional aumenta ante las ejecuciones de manifestantes en Irán.

Un grupo de 32 países condenó este miércoles las ejecuciones de manifestantes en Irán y reclamó a las autoridades de Teherán que respeten la libertad de expresión, el derecho de reunión pacífica y las garantías fundamentales.

La declaración fue respaldada por 29 países europeos, además de Canadá, Australia y Nueva Zelandia. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania difundió el pronunciamiento, que refleja la preocupación de sus firmantes por el uso de la pena de muerte contra personas vinculadas con las protestas.


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Un llamado internacional a detener las ejecuciones

“El pueblo de Irán debe poder ejercer libremente sus derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica sin temor”, señala la declaración conjunta.

Los países también pidieron al Gobierno iraní que escuche las demandas de su población y adopte medidas concretas para garantizar el respeto de los derechos humanos.

“También pedimos a Irán que escuche la voz de su pueblo mientras exige un cambio y que adopte medidas significativas para garantizar el respeto de los derechos humanos”, añade el documento.

56 ejecuciones vinculadas con cargos de seguridad nacional

Al menos 56 personas han sido ejecutadas por cargos relacionados con la seguridad nacional desde el 19 de marzo, según informó la semana pasada el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk.

De ese total, 27 estarían vinculadas con las multitudinarias protestas contra el régimen registradas a principios de este año. Los datos han reavivado las críticas sobre el uso de la pena capital para castigar la disidencia.

Organizaciones de derechos humanos han cuestionado las garantías de los procesos judiciales y han reclamado información sobre el acceso de los detenidos a abogados y sobre las condiciones en que se obtuvieron las confesiones.

Irán acumula 916 ejecuciones desde enero

El Centro Abdorrahman Boroumand, una organización iraní de derechos humanos, calcula que el número de ejecuciones en Irán desde comienzos de 2026 asciende a 916.

Según ese grupo, 15 ejecuciones se han llevado a cabo en lo que va de agosto. La cifra refleja la continuidad de la pena capital en un contexto marcado por las protestas y la tensión política.

Las ejecuciones y las condenas a muerte han continuado a un ritmo elevado en el país desde la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán, según la declaración de los 32 países. Swissinfo también informó sobre la condena de más de 20 países a las ejecuciones de manifestantes en Irán.

La UE ya había calificado de “atroz” el ritmo de las ejecuciones

En abril, el Servicio Europeo de Acción Exterior, el organismo diplomático encargado de ejecutar la política exterior y de seguridad de la Unión Europea, calificó de “atroz” el ritmo de las ejecuciones en Irán.

En esa ocasión, el servicio europeo instó a las autoridades iraníes a liberar a las personas detenidas por participar en protestas y exigió el respeto de sus derechos fundamentales.

La nueva declaración amplía esa presión diplomática. Infobae también reportó la condena internacional contra las ejecuciones de manifestantes en Irán. La participación de Canadá, Australia y Nueva Zelandia muestra que la condena trasciende al bloque europeo y busca mantener una respuesta coordinada frente a Teherán.

La presión sobre Teherán crece, pero la crisis continúa

Para los países firmantes, ninguna protesta pacífica debería terminar en una condena a muerte. El llamado internacional combina la exigencia de detener las ejecuciones con una petición para que el Gobierno iraní atienda las demandas de la población.

Mientras continúen las condenas capitales contra personas relacionadas con las manifestaciones, Irán seguirá enfrentando cuestionamientos por sus prácticas judiciales y por su respuesta a la oposición interna.

La comunidad internacional también reclama información verificable sobre los procesos, las condiciones de detención y el destino de las personas condenadas.

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