La diputada opositora vinculó el secreto de Estado en asuntos de seguridad con el posible uso de tecnología de vigilancia; sin embargo, sus declaraciones no incluyen pruebas de que Pegasus opere en Costa Rica.
La congresista Claudia Dobles expresó su preocupación por la posibilidad de que herramientas de vigilancia sean utilizadas contra rivales políticos del Gobierno. Su planteamiento se basa en preguntas y escenarios hipotéticos, no en evidencia pública que demuestre que Pegasus haya sido instalado en teléfonos de ciudadanos costarricenses o que esté siendo utilizado por el Estado.
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Una denuncia sin pruebas presentadas
Dobles se refirió a Pegasus, un software espía desarrollado en Israel, y afirmó que puede acceder a información contenida en teléfonos móviles. También preguntó si el programa podría estar operando en Costa Rica, pero no presentó documentos, peritajes técnicos, contratos ni otros elementos verificables que respalden esa posibilidad.
“¿Cuál es la operación Pegasus y si esto se está dando en Costa Rica en mi teléfono o en el suyo? No sabemos porque, adivine qué, está declarado secreto de Estado. ¿Así o más transparente?”, agregó Dobles.
La falta de pruebas no invalida la importancia de discutir los controles sobre las tecnologías de vigilancia, pero sí obliga a distinguir entre una denuncia comprobada y una advertencia política. Presentar una posibilidad como si fuera un hecho puede alimentar temor e incertidumbre entre la población.
Mención de la “Operación Pegasus” en la Asamblea
El debate se intensificó en la Asamblea cuando, según versiones de legisladores, una diputada del partido oficialista hizo referencia directa a una “Operación Pegasus” mientras defendía el decreto de secreto de Estado. Posteriormente no se detalló públicamente a qué se refería esa mención.
Diputados de oposición, incluidos representantes del PLN y de otras bancadas, alertaron que la referencia podría ser interpretada como un indicio —o incluso como una eventual confirmación— de que el Gobierno busca o ya utiliza herramientas de interceptación telefónica oculta. Estas afirmaciones corresponden a la interpretación de los legisladores y no constituyen, por sí mismas, una prueba del uso de ese tipo de tecnología.
Además, algunos diputados afirmaron haber recibido alertas y expresiones de preocupación de funcionarios de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS). Hasta el momento, no se han incorporado al debate público documentos, peritajes técnicos o verificaciones independientes que permitan confirmar esas versiones.
Mandataria defiende decisión
En medio de la lucha contra las bandas narcotraficantes, la presidenta Laura Fernández declaró como secreto de Estado la información referente a la DIS, la Fuerza Élite y los contratos de seguridad.
El secreto de Estado impone un deber de silencio a jerarcas, miembros de fuerzas policiales, personal de apoyo y asesores que participen en estas instancias. El decreto advierte que quienes incumplan se exponen a procedimientos administrativos, sanciones legales por quebrantamiento del secreto y la resolución contractual sin responsabilidad para la administración.
Fernández defendió la medida y afirmó que la información pública relacionada con la seguridad nacional continuará siendo de libre acceso. Explicó que quedarán restringidos únicamente los datos cuya divulgación pueda poner en riesgo la seguridad nacional.
“La información pública relacionada con la seguridad nacional siempre va a ser de acceso libre. Cualquier dato de información relacionada con la seguridad va a seguir siendo de acceso libre. Ahora bien, lo que no va a ser de acceso libre es la información que pueda poner en riesgo la seguridad nacional. ¿Cómo cuál? Como, por ejemplo, qué tipo de armas tienen nuestros policías, cuáles son los horarios de los patrullajes, dónde van a ser los próximos decomisos de drogas, cómo están los operativos policiales”, dijo Fernández.
Entre la fiscalización y la campaña de miedo
La discusión sobre el secreto de Estado y la privacidad merece controles institucionales, transparencia y garantías legales. No obstante, hasta que se presenten pruebas concretas, la afirmación de que Pegasus se utiliza en Costa Rica debe tratarse como una posibilidad no demostrada.
En ese contexto, las declaraciones de Dobles y las interpretaciones surgidas en la Asamblea pueden alimentar una narrativa de temor alrededor de una decisión gubernamental relacionada con la seguridad. Corresponde a las autoridades y a los órganos de control aclarar qué tecnología se pretende adquirir o utilizar, cuál sería su alcance y qué mecanismos impedirían un uso abusivo.
El debate debe mantenerse basado en hechos verificables: contratos, autorizaciones, auditorías y controles independientes, no en especulaciones ni en afirmaciones que puedan convertirse en una campaña de miedo.
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