La presidenta de la República, Laura Fernández, dio a conocer estas propuestas durante una conferencia de prensa especial con motivo de los primeros 100 días de su gestión. De esta manera, el paquete forma parte de sus compromisos de campaña y busca acelerar la respuesta del Estado ante distintas necesidades del país.
Durante la conferencia, la mandataria explicó los principales alcances de las iniciativas, que serán sometidas a consideración de la Asamblea Legislativa. Asimismo, puede consultar la presentación completa en el video de la conferencia de prensa.
En total, el paquete reúne ocho proyectos de ley relacionados con infraestructura, contratación pública, control institucional, acceso al crédito, protección agropecuaria, formación profesional y conectividad digital.
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Ciudad Gobierno pretende reducir el gasto en alquileres públicos
En primer lugar, uno de los proyectos plantea un marco especial para desarrollar Ciudad Gobierno, con el objetivo de evitar que cada obra de infraestructura vinculada al proyecto dependa de una ley específica.
Además, el Ejecutivo proyecta ahorros de 26 millones de dólares anuales en alquileres mediante la concentración de instituciones públicas en una infraestructura común. Sin embargo, la Asamblea deberá analizar su financiamiento, los costos de mantenimiento y las condiciones de administración del proyecto.
El Gobierno propone un fast track para obras que amenacen la seguridad
Por otra parte, otra iniciativa busca establecer procedimientos diferenciados para contratar obras que representen un riesgo inminente para la seguridad, la salud o la vida de los ciudadanos.
“No le podemos aplicar los mismos procedimientos a una infraestructura que tiene una declaratoria de riesgo que a cualquier otra. Yo no quiero esperar a que ese puente se caiga para poder aplicarle un procedimiento de fast track”, señaló Fernández.
En ese sentido, el desafío será definir qué se considerará un riesgo inminente, quién podrá declararlo y cuáles controles continuarán vigentes durante la contratación.
La reforma a la Contraloría abre el debate sobre los límites del control
Asimismo, el paquete incluye una reforma a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y a la Ley General de Control Interno para actualizar los modelos financieros y evitar que la fiscalización se convierta en una “co-administración previa”.
No obstante, la propuesta deberá equilibrar la necesidad de agilizar la gestión pública con la protección de los recursos estatales y la independencia de los órganos de control.
El “gota a gota” se convierte en un problema de seguridad
De igual forma, la mandataria pidió aprobar una reforma a la ley de usura, argumentando que la legislación actual ha dificultado el acceso al crédito formal de miles de familias.
Según el Ejecutivo, esa situación ha dejado espacio para el crédito informal conocido como “gota a gota”, que puede estar asociado con cobros abusivos, intimidación, crimen organizado y lavado de dinero.
Por ello, la reforma deberá equilibrar la protección de los consumidores con la necesidad de mantener abiertas las opciones de financiamiento para personas con ingresos variables o historiales crediticios limitados.
Seguros agropecuarios para enfrentar un clima más impredecible
Por otro lado, el Ejecutivo impulsa un mecanismo de seguros agropecuarios para proteger a productores y pescadores frente a pérdidas ocasionadas por el cambio climático y fenómenos como El Niño.
Así, la efectividad de la medida dependerá de que las coberturas sean accesibles, la evaluación de daños sea rápida y los pagos lleguen antes de que las familias pierdan por completo su capacidad productiva.
El nuevo INA busca flexibilizar la capacitación profesional
De manera similar, el estatuto para modernizar el Instituto Nacional de Aprendizaje permitiría ampliar la virtualidad y establecer horarios flexibles para que trabajadores y madres puedan capacitarse fuera de la jornada laboral tradicional.
Sin embargo, la transformación tendrá impacto únicamente si combina flexibilidad con calidad y vincula los programas de formación con las necesidades reales del mercado laboral.
Fonatel cambiaría de operador para acelerar la conectividad
En materia de conectividad, la agenda plantea trasladar la ejecución de los recursos de Fonatel a la promotora de innovación del país, con el objetivo de mejorar la eficiencia y acelerar el cierre de la brecha digital.
Aun así, el cambio deberá demostrar que puede reducir retrasos sin debilitar la transparencia, la supervisión del dinero público ni la medición de resultados en las comunidades beneficiadas.
Fernández reclama celeridad a los diputados
Finalmente, la presidenta enfatizó que los proyectos forman parte de sus promesas de campaña y subrayó la importancia de que el trámite legislativo avance con rapidez.
“Yo hice mi parte con el equipo, preparando este paquete de proyectos en los primeros 100 días, y ahora a ustedes (diputados) les corresponde llevarlo a buen puerto”, concluyó.
La Asamblea deberá definir los controles y los resultados
Ahora bien, el paquete llega a la etapa de análisis legislativo. Por tanto, los diputados deberán evaluar sus límites, costos y mecanismos de rendición de cuentas, así como establecer indicadores para medir los avances en infraestructura, crédito, seguros, capacitación y conectividad.
En conclusión, la rapidez será insuficiente si no está acompañada por capacidad de ejecución. El resultado del debate determinará si los primeros 100 días fueron únicamente una presentación de prioridades o el comienzo de una reforma real de la capacidad estatal.
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