La diputada de Pueblo Soberano, Nayuribe Guadamuz, solicitó formalmente al Poder Judicial una explicación detallada sobre el esquema de seguridad asignado al exdiputado Ariel Robles.
La petición surge luego de que Robles se presentara el 27 de agosto a una audiencia judicial portando un chaleco antibalas y bajo la custodia de dos agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
El chaleco antibalas que abrió nuevas preguntas
La presencia del exdiputado con protección balística durante la audiencia llamó la atención y llevó a Guadamuz a pedir claridad sobre las razones que sustentan las medidas de seguridad adoptadas.
La legisladora busca esclarecer los motivos detrás de este despliegue, así como los criterios técnicos utilizados para determinar la necesidad de una protección de tal magnitud.
“No estamos cuestionando que se proteja a una persona que esté en riesgo. Lo que queremos saber es por qué se le brindó esa protección, cuánto costó y si cualquier costarricense que enfrente un peligro similar puede recibir el mismo trato”, manifestó Guadamuz.
El juicio que puso el operativo bajo escrutinio
El despliegue ocurrió durante el juicio que enfrenta el exdiputado del Frente Amplio contra Yendry Quirós, conocida como “La Colocha”, por presuntas amenazas contra funcionario público.
Guadamuz enfatizó que la rendición de cuentas es fundamental cuando se utilizan recursos públicos, por lo que solicitó conocer los detalles de la decisión adoptada durante la audiencia.
¿Por qué el Poder Judicial debe explicar el operativo?
La solicitud coloca el esquema de seguridad en el centro del debate público. La diputada pretende que el Poder Judicial detalle las circunstancias que justificaron la presencia de dos agentes y el uso del chaleco antibalas durante una diligencia judicial.
La explicación también permitiría establecer si las medidas responden a una valoración específica de riesgo y si forman parte de un protocolo regular o de una decisión excepcional.
Las cinco preguntas que Guadamuz envió al Poder Judicial
Entre las consultas planteadas por la diputada se encuentran:
- Quién autorizó las medidas de seguridad y bajo qué criterios técnicos.
- Cuál fue el costo total para el erario público del despliegue realizado el 27 de agosto.
- Si el chaleco antibalas fue suministrado o recomendado por alguna institución.
- Cuáles son los protocolos vigentes para asignar agentes del OIJ y otros recursos de seguridad.
- Si el estatus de figura pública o la exposición mediática influyen en la asignación de protección.
La igualdad en el acceso a la protección
“La seguridad no puede depender de qué tan conocida sea una persona. Si una víctima o un testigo enfrenta un riesgo semejante, debe tener acceso a la misma protección, sin privilegios ni diferencias”, afirmó la legisladora.
La declaración resume el reclamo de Guadamuz: que los criterios para asignar protección sean claros, verificables y aplicables a cualquier persona que enfrente un nivel de riesgo comparable.
El informe sobre los acompañamientos especiales
Finalmente, Guadamuz solicitó un informe sobre cuántas personas han recibido este tipo de acompañamiento especial durante 2025 y lo transcurrido de 2026.
“Proteger a las personas que están en riesgo es una obligación, pero también lo es rendir cuentas y garantizar que las mismas reglas se apliquen para todos”, concluyó.
La respuesta que espera la diputada
Guadamuz solicitó una explicación formal y detallada sobre la asignación de seguridad a Robles. Entre los aspectos que busca aclarar están los motivos del despliegue, los criterios técnicos aplicados, el costo de la protección y la posibilidad de que otras personas en una situación de riesgo reciban un trato similar.
El caso mantiene la atención sobre la forma en que las autoridades judiciales gestionan la seguridad de las personas que participan en audiencias y otras diligencias, especialmente cuando se adoptan medidas visibles de protección.
Un asunto de transparencia institucional
Más allá de la escena registrada en la audiencia, la solicitud de Guadamuz plantea una pregunta institucional: ¿qué información debe ofrecer el Poder Judicial cuando asigna recursos de seguridad en un procedimiento judicial?
La respuesta deberá aclarar el esquema aplicado a Ariel Robles sin comprometer información operativa que pueda poner en riesgo a los agentes o a las personas protegidas. El equilibrio entre seguridad, transparencia y rendición de cuentas será el eje de la explicación solicitada.
Be the first to comment