La diputada del Frente Amplio, Joselyn Sáenz, cuestionó las respuestas de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer) durante la primera audiencia legislativa sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Israel. Sus argumentos se concentraron en las competencias de la institución, la evaluación del acuerdo, la verificación del origen de los bienes, la ciberseguridad y los posibles beneficios arancelarios.
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¿Cuáles fueron los principales cuestionamientos de Joselyn Sáenz?
Sáenz afirmó que Procomer no podía responder sobre varios aspectos consultados por la Asamblea Legislativa porque sus funciones se enfocan en las exportaciones y no incluyen las importaciones.
“Procomer no tiene dentro de sus funciones las importaciones, solo las exportaciones”, afirmó la legisladora.
También señaló que, según lo expuesto durante la audiencia, Procomer tendría acceso al texto del TLC hasta que las negociaciones concluyan. A su criterio, esto impediría conocer anticipadamente el contenido del acuerdo y la forma en que se negociarían las partidas arancelarias.
Sáenz critica que la evaluación llegue después de implementar el tratado
Otro de los argumentos de la diputada fue que Procomer no evaluaría los resultados del tratado antes de su implementación.
“Procomer no evalúa el tratado hasta después que está siendo implementado. Es decir, nosotros no podríamos ver si el tratado ha tenido beneficios hasta después de que tiene un tiempo de implementación”, explicó.
Desde su perspectiva, esa metodología limitaría la posibilidad de valorar previamente los posibles efectos del acuerdo para el comercio costarricense.
“Quedan más preguntas que respuestas”
Sáenz cuestionó la forma en que Procomer respondió a las consultas de los legisladores y consideró que la institución no ofreció el criterio técnico que esperaba la Asamblea Legislativa.
“En esta primera audiencia quedan más preguntas que respuestas realmente contestadas”, expresó.
La diputada planteó además dudas sobre la capacidad del Estado costarricense para verificar certificaciones de origen y determinar si determinados bienes o servicios podrían proceder de territorios ocupados en Palestina.
Procomer, según lo relatado por Sáenz, habría indicado que su labor consiste en verificar el origen de Costa Rica hacia otros mercados y que no podía responder por las capacidades de otras instituciones.
La trazabilidad de los bienes queda bajo cuestionamiento
Uno de los puntos centrales de la intervención fue la ausencia, según Sáenz, de una respuesta clara sobre qué entidad tendría la responsabilidad de identificar el origen de bienes y servicios, así como de coordinar los controles correspondientes.
El debate plantea la necesidad de precisar los mecanismos de trazabilidad, certificación y verificación que se aplicarían en caso de avanzar la negociación comercial.
La diputada también pregunta por la ciberseguridad
Sáenz afirmó que tampoco estaba claro qué ocurriría en materia de ciberseguridad dentro del marco del acuerdo.
“La institución rectora en los temas de ciberseguridad es el Micitt, entonces me parece que la pregunta debería dirigirse al Micitt”, manifestó, en referencia al Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones.
¿Qué beneficios arancelarios tendría Costa Rica?
La legisladora cuestionó cuáles serían los beneficios arancelarios concretos para el país y, particularmente, para el sector agrícola.
“O cuáles van a ser los beneficios arancelarios que van a garantizar una gran exportación de productos agrícolas en el país”, preguntó.
Con esta interrogante, Sáenz puso el foco en la necesidad de demostrar qué ventajas específicas obtendrían los sectores productivos costarricenses antes de la implementación del acuerdo.
Sáenz vincula el TLC con la situación humanitaria en Palestina
El eje político de la posición de Sáenz es que la negociación del TLC no debe analizarse únicamente desde la perspectiva comercial.
“Seguiremos señalando que no podemos separar la negociación del TLC de la situación humanitaria que pasa en Palestina por acción del Estado de Israel”, afirmó.
La diputada sostuvo que, desde su perspectiva, el acuerdo tendría implicaciones políticas más allá de los aranceles, las exportaciones y las importaciones.
“Eso es parte de la negociación porque con este tratado se legitima el accionar político e inhumano que ejerce este Estado en contra de miles de personas en Palestina”, concluyó.
¿La crítica al Estado de Israel puede interpretarse como antisemitismo?
Las declaraciones entregadas para este artículo expresan una crítica política dirigida al Estado de Israel y a una eventual negociación comercial. Sin embargo, esas frases no permiten afirmar por sí solas que exista antisemitismo por parte de la legisladora, ya que no contienen una referencia explícita al pueblo judío ni a personas judías por su identidad.
El punto que sí puede generar debate es si la formulación utilizada termina generalizando o confundiendo las acciones de un Estado y su Gobierno con la identidad de una comunidad religiosa o étnica. Esa diferencia resulta relevante: cuestionar decisiones gubernamentales no equivale automáticamente a atacar a los judíos, aunque determinadas expresiones podrían ser criticadas si derivan en prejuicios o generalizaciones contra ellos.
Conclusión
Los argumentos de Joselyn Sáenz se enfocaron en la falta de respuestas sobre las competencias de Procomer, la evaluación del TLC, la trazabilidad de bienes, las certificaciones de origen, la ciberseguridad y los beneficios arancelarios para Costa Rica.
La diputada también defendió una lectura política y humanitaria de la negociación con Israel. Con la información disponible, corresponde presentar sus declaraciones como una crítica al Estado de Israel y al acuerdo comercial, sin afirmar como hecho que constituyan antisemitismo.
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