La regulación que entrará en vigor en primarias y secundarias no solo busca apartar los teléfonos de las aulas. También plantea una pregunta más amplia: cómo recuperar la atención de los estudiantes sin renunciar a las posibilidades educativas de la tecnología.
A partir del próximo 3 de noviembre, el uso de celulares y tabletas quedará prohibido durante la jornada escolar en las escuelas primarias y secundarias de México, incluido el recreo. La medida fue aprobada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), tras una consulta que colocó en el centro una preocupación compartida por docentes y familias: la dificultad de sostener la atención en un entorno dominado por estímulos digitales permanentes.
Mario Delgado, titular de la SEP, presentó la decisión como una política orientada a fortalecer el aprendizaje, la convivencia y la salud mental de niñas, niños y adolescentes. El alcance de la iniciativa, sin embargo, va más allá de retirar un dispositivo: intenta redefinir qué lugar debe ocupar la tecnología dentro de la escuela y bajo qué condiciones puede contribuir, en lugar de interrumpir, el proceso educativo.
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Una prohibición con reglas distintas
En primarias y secundarias, la restricción abarcará toda la jornada escolar, incluidos los periodos de recreo. Los estudiantes podrán llevar sus celulares, pero no utilizarlos durante ese lapso. La normativa contempla excepciones para emergencias y actividades pedagógicas justificadas, siempre con autorización de las autoridades del plantel.
El esquema será menos uniforme en otros niveles. En la educación media superior, cada institución podrá definir sus propias reglas mediante acuerdos con la comunidad educativa, con énfasis en el uso pedagógico y crítico de los dispositivos. Las universidades y otros centros de educación superior conservarán autonomía para establecer sus normas internas.
La distinción es relevante: el Gobierno federal no está planteando una prohibición general de la tecnología, sino una separación entre su uso educativo —planificado y supervisado— y su utilización espontánea durante las actividades escolares.
El respaldo de los docentes y el problema de la atención
La decisión fue precedida por foros regionales y una consulta nacional en la que participaron más de 565,396 trabajadores de la educación. Más del 80% de los maestros consultados se pronunció a favor de regular los dispositivos digitales, al señalar que pueden interrumpir las actividades y reducir la capacidad de concentración de los estudiantes.
Ese respaldo ofrece una pista sobre el verdadero eje de la discusión. El conflicto no se limita al celular como objeto, sino a la competencia por la atención dentro del aula. Las notificaciones, las redes sociales y el acceso constante a contenidos externos introducen una lógica de inmediatez que choca con los ritmos más lentos de la lectura, la resolución de problemas y el aprendizaje acumulativo.
La pregunta pendiente será cómo se aplicará la medida. Una regla nacional puede establecer un límite común, pero su eficacia dependerá de protocolos claros, comunicación con las familias y criterios consistentes para las excepciones. Sin esos elementos, la regulación podría trasladar el conflicto a cada salón y aumentar la carga administrativa de los docentes.
Educación y resultados: una relación que exige cautela
Delgado vinculó el debate con los resultados de los estudiantes mexicanos de 15 años en PISA 2025, que reflejaron un rezago histórico en ciencias, comprensión lectora y matemáticas. La relación entre uso intensivo de dispositivos y desempeño académico, no obstante, no puede reducirse a una explicación única.
Limitar el teléfono puede mejorar las condiciones de atención, pero no sustituye la formación docente, la calidad de los materiales, el acompañamiento familiar ni las políticas para reducir las desigualdades educativas. El desafío consiste en evitar que la regulación se convierta en una respuesta aislada frente a problemas que tienen causas más profundas.
La salud mental como segundo frente
La nueva normativa forma parte de una estrategia nacional más amplia orientada al bienestar de la población joven. Entre sus componentes se encuentra “El ABC de las Emociones”, un programa dirigido a jóvenes de entre 14 y 18 años para atender la salud mental y el equilibrio socioemocional mediante un enfoque preventivo.
Claudia Sheinbaum también ha expresado la intención de su administración de regular el uso de redes sociales, dispositivos móviles y sistemas de inteligencia artificial entre la población joven. El argumento oficial combina dos objetivos: proteger la salud mental y reducir posibles afectaciones en el desempeño educativo.
Ese enfoque abre una discusión que apenas comienza. La escuela puede limitar el uso de ciertas herramientas durante sus actividades, pero difícilmente puede resolver por sí sola la relación de los jóvenes con plataformas diseñadas para captar y retener su atención durante todo el día.
México y una tendencia internacional
La decisión mexicana se inscribe en una tendencia internacional. Según datos de la UNESCO, la proporción de sistemas educativos con algún tipo de regulación nacional sobre el uso de teléfonos celulares aumentó del 24% en 2023 al 58% en 2026. Actualmente, 114 sistemas educativos cuentan con normas específicas en esta materia.
El crecimiento de estas políticas muestra que el debate dejó de ser marginal. Gobiernos de distintos países están intentando establecer fronteras entre conectividad y distracción, aunque con modelos diferentes: algunos optan por prohibiciones amplias, mientras otros privilegian acuerdos escolares y usos pedagógicos supervisados.
La experiencia internacional sugiere que el resultado no dependerá únicamente de retirar los dispositivos, sino de lo que ocurra después. Si el tiempo recuperado se traduce en mejores clases, más interacción y herramientas educativas pertinentes, la regulación puede convertirse en una política de atención. Si solo se limita a confiscar teléfonos, será una medida de control con efectos más acotados.
El debate que queda abierto
México enfrenta así una tensión difícil de resolver: proteger la concentración y el bienestar de los estudiantes sin formar generaciones desconectadas de las herramientas que definirán su vida académica y laboral.
La regulación puede ofrecer un punto de partida, pero su prueba decisiva será pedagógica. El éxito no se medirá solo por cuántos celulares dejan de sonar en las aulas, sino por si los estudiantes leen mejor, resuelven problemas con mayor autonomía, conviven más y aprenden a utilizar la tecnología con criterio, en lugar de depender de ella.
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