António Guterres cerró su intervención ante la Asamblea General de la ONU con una advertencia que conecta tres crisis que suelen analizarse por separado: guerras sin límites efectivos, una emergencia climática que ya desborda las previsiones y una inteligencia artificial cuyo desarrollo avanza más rápido que las reglas destinadas a controlarla. Lo que está en juego no es solo la capacidad de los gobiernos para responder a cada problema, sino la vigencia misma de un orden internacional capaz de proteger derechos, contener el poder y repartir responsabilidades.
El discurso del secretario general parte de una constatación incómoda: las instituciones creadas para gestionar el mundo del siglo XX están intentando gobernar un siglo XXI marcado por riesgos simultáneos, transfronterizos y acelerados. La consecuencia es una brecha cada vez mayor entre la velocidad con que se expanden las amenazas y la lentitud con que se toman decisiones colectivas.
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El problema no es la suma de las crisis, sino su efecto multiplicador
Una guerra no se limita a destruir vidas y ciudades. También desplaza población, daña ecosistemas, interrumpe cadenas de suministro y consume recursos que podrían destinarse a la adaptación climática o al desarrollo. Una catástrofe ambiental, a su vez, puede profundizar la pobreza, intensificar la competencia por el agua y aumentar la presión migratoria. La inteligencia artificial puede amplificar ambos fenómenos mediante desinformación, vigilancia, automatización militar y decisiones opacas.
Esta interacción constituye el ángulo menos visible del diagnóstico de Guterres: el riesgo decisivo no está únicamente en cada amenaza, sino en que las instituciones pierdan la capacidad de gestionar sus conexiones. Cuando las crisis se refuerzan entre sí, la desigualdad deja de ser solo una consecuencia y se convierte en un factor que determina quién tiene margen para resistir y quién queda expuesto.
Inteligencia artificial: poder sin reglas a la altura
La expansión de la inteligencia artificial está modificando la relación entre información, poder y seguridad. Sus aplicaciones pueden mejorar la investigación, la productividad y los servicios públicos, pero también reducir el costo de fabricar engaños, manipular conversaciones públicas o acelerar decisiones con consecuencias irreversibles.
El desafío no consiste en detener la innovación, sino en impedir que la innovación se convierta en una zona de excepción. Los sistemas que afectan derechos, seguridad o acceso a servicios esenciales necesitan supervisión independiente, trazabilidad y responsables identificables. En el ámbito militar, la exigencia es todavía mayor: cuanto menor sea el tiempo entre detectar una amenaza y responder a ella, mayor será el riesgo de error, escalada accidental o pérdida del control humano.
La ausencia de normas no favorece necesariamente la libertad. En muchos casos, favorece a los actores con más recursos para desarrollar, desplegar y ocultar tecnologías capaces de alterar el equilibrio político. Por eso, la gobernanza de la IA es también una discusión sobre soberanía, rendición de cuentas y distribución del poder.
La crisis climática ya no pertenece al futuro
Guterres insistió en que la crisis climática no es una amenaza distante, sino una realidad que ya está afectando a sociedades y economías. Las olas de calor, los incendios y las inundaciones registradas durante el verano funcionan como señales de un escenario que puede agravarse si el aumento de la temperatura supera el límite de 1,5 °C durante un periodo prolongado.
El PNUMA ha advertido que ese umbral será superado inevitablemente, posiblemente antes de que termine esta década. La cuestión política, por tanto, ya no es prometer que nunca se rebasará, sino conseguir que el exceso sea lo más pequeño y breve posible. Esa diferencia es crucial: cada fracción adicional de calentamiento reduce las opciones de adaptación y aumenta los daños sobre la salud, el agua, los alimentos, la biodiversidad, las infraestructuras y las economías.
El impacto tampoco se distribuye de manera uniforme. Los pequeños Estados insulares, las ciudades costeras bajas y las comunidades con menos recursos suelen contribuir menos al calentamiento, pero enfrentan antes sus consecuencias y disponen de menos medios para reconstruirse. La crisis climática es, en ese sentido, una disputa por el tiempo, la seguridad y las oportunidades entre generaciones y países.
De la transición energética a la justicia climática
La respuesta exige planes nacionales para abandonar progresivamente los combustibles fósiles, con plazos verificables y protección para los trabajadores y comunidades afectados. También requiere frenar la deforestación, ampliar las redes eléctricas, invertir en almacenamiento y reducir las emisiones de metano.
Pero Guterres advierte que la transición no puede presentarse como una operación meramente técnica. Quienes más contaminaron y mayores beneficios obtuvieron deben asumir una responsabilidad proporcional. De ahí su reclamación de financiación para la adaptación y de cumplimiento de los compromisos de los países desarrollados.
La fórmula “quien contamina, paga” resume una discusión más profunda: sin mecanismos de reparación y financiamiento, la política climática corre el riesgo de trasladar el costo de la transición a quienes ya soportan la mayor parte del daño. La desigualdad no solo define quién contamina más; también define quién puede protegerse mejor.
Guerras sin límites, paz sin instrumentos suficientes
Para el secretario general, la paz no equivale a la simple ausencia de guerra. Implica establecer límites jurídicos al ejercicio del poder para evitar que las capacidades militares desiguales determinen qué vidas, derechos o comunidades merecen sobrevivir.
La idea importa porque devuelve el debate a la arquitectura legal internacional. Las declaraciones de condena son insuficientes si no existen mecanismos capaces de proteger a la población civil, exigir responsabilidades y abrir vías políticas antes de que los conflictos se vuelvan irreversibles. Una paz duradera requiere instituciones que reduzcan la arbitrariedad, no solo pausas temporales entre episodios de violencia.
El desafío: gobernar antes de que sea demasiado tarde
El cierre del discurso de Guterres puede leerse como un programa de prevención: terminar las guerras antes de que destruyan generaciones, combatir la desigualdad antes de que fracture las sociedades, acelerar la acción climática antes de cruzar puntos de inflexión y gobernar la inteligencia artificial antes de que sus decisiones escapen al control humano.
La dificultad es que cada una de esas tareas exige cooperación precisamente cuando crecen la rivalidad geopolítica, el nacionalismo económico y la desconfianza institucional. Sin embargo, ese es el núcleo del problema: la humanidad no carece de advertencias, sino de acuerdos capaces de convertirlas en límites, presupuestos y obligaciones.
La Asamblea General, las Naciones Unidas y los gobiernos enfrentan así una prueba que excede la gestión de una coyuntura. Deben decidir si el poder seguirá definiendo quién queda protegido y quién queda expuesto, o si será sometido a reglas comunes. El futuro no dependerá únicamente de la magnitud de las crisis, sino de la capacidad política para actuar antes de que sus efectos se vuelvan irreparables.
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