La presidenta de la República, Laura Fernández, cuestionó duramente este miércoles la ausencia de representantes de las autoridades judiciales durante la inauguración del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), una infraestructura presentada como clave para la estrategia de seguridad de Costa Rica.
Para la mandataria, la ausencia tuvo un significado político e institucional que trasciende un acto protocolario. Fernández interpretó el hecho como un desaire frente a las necesidades urgentes de una población que demanda respuestas más firmes ante el avance del crimen organizado.
Fernández: “Los grandes ausentes” fueron los representantes judiciales
Durante su intervención, la presidenta expresó su malestar por la falta de autoridades judiciales en una actividad vinculada directamente con la seguridad nacional.
“Gracias a Dios tenemos una gran cantidad de aliados nacionales e internacionales. Y por eso me duele, me duele tanto ver que en un día tan importante para Costa Rica, en un día tan importante para la seguridad nacional, los grandes ausentes sean los representantes de las autoridades judiciales”, afirmó la mandataria.
Fernández enfatizó que esta falta de representación constituye un mensaje preocupante sobre el compromiso del Poder Judicial con la crisis de seguridad que atraviesa el país.
“Los grandes ausentes del Poder Judicial dan una muestra más de que le dan la espalda al mayor problema nacional. Que le dan la espalda a lo que debería de ser la mayor cruzada nacional”, agregó.
La presidenta subrayó que la seguridad debería ser un eje de trabajo conjunto, ajeno a ideologías o colores políticos, al tratarse de la principal preocupación de las familias costarricenses.
“El que quiera negar que el pueblo de Costa Rica clama por justicia, clama por paz y clama por tranquilidad, el que quiera negar esa realidad nacional, no me hace daño a mí o al Gobierno; le hace daño a las centenas de víctimas que han lamentablemente padecido la indolencia de algunos”, sentenció Fernández.
Fernández asegura que el Ejecutivo mantendrá su hoja de ruta
La mandataria aseguró que el Poder Ejecutivo mantendrá su estrategia pese a la falta de apoyo de algunos sectores y afirmó que la ausencia de respaldo no detendrá el trabajo del Gobierno.
“Por suerte son pocos y no nos vamos a detener porque estoy absolutamente segura y convencida de que continuaremos trabajando, se sume el que se sume. Esto no nos va a detener, pero sí deberán de rendirle cuentas al pueblo de Costa Rica”, concluyó.
La declaración coloca en primer plano la tensión entre las instituciones que participan en la respuesta estatal contra el crimen organizado. La seguridad pública no depende únicamente de nuevas instalaciones o de la acción policial: también exige coordinación con la investigación penal, los tribunales y el sistema penitenciario.
El CACCO y el desafío de convertir la infraestructura en resultados
La inauguración del CACCO busca reforzar la capacidad del Estado frente a estructuras criminales de alta peligrosidad. Sin embargo, la apertura de un centro de alta contención no garantiza por sí sola una reducción de la violencia ni un debilitamiento de las organizaciones delictivas.
El verdadero desafío estará en la articulación entre las distintas instituciones. Una estrategia eficaz requiere investigaciones sólidas, acusaciones sustentadas, decisiones judiciales oportunas y mecanismos penitenciarios capaces de impedir que los grupos criminales mantengan su capacidad de operación desde los centros de reclusión.
Una ausencia que expone la fractura de la estrategia de seguridad
El episodio revela una dificultad central de la política de seguridad costarricense: la necesidad de actuar como un sistema integrado, incluso cuando existen diferencias entre las instituciones. La ausencia de los jerarcas judiciales, tal como fue cuestionada por la presidenta, convierte la inauguración del CACCO en un escenario de debate sobre la coordinación del Estado.
El mensaje político de Fernández es directo: ante la urgencia de la crisis de seguridad, ninguna institución debería quedar al margen de los espacios donde se definen y respaldan las respuestas contra el crimen organizado.
La pregunta que queda abierta tras el acto
Más allá del intercambio institucional, la discusión de fondo es si el país logrará transformar las decisiones políticas y las inversiones en seguridad en resultados verificables para la ciudadanía.
El CACCO representa una pieza de esa estrategia. Pero su impacto dependerá de que las instituciones trabajen de manera coordinada y de que el sistema completo —desde la investigación hasta la ejecución de las condenas— pueda responder con rapidez, rigor y continuidad.
La ausencia cuestionada por la presidenta no es, por tanto, un detalle menor. Es una señal de que la lucha contra el crimen organizado también se libra en el terreno de la coordinación institucional.
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