La diputada de Pueblo Soberano, Kattia Calvo, criticó los actos de vandalismo registrados durante las últimas manifestaciones de grupos de oposición y defendió la necesidad de evaluar los dispositivos policiales con base en hechos y resoluciones judiciales.
Durante sus declaraciones, Calvo se refirió al fallo de la Sala Constitucional, que declaró sin lugar un recurso de hábeas corpus relacionado con los filtros de seguridad implementados durante el recibimiento de la Antorcha de la Independencia y el Consejo de Gobierno celebrado el 14 de septiembre en Cartago.
La Sala no encontró pruebas de discriminación política
Según la resolución citada por la legisladora, la Sala Constitucional concluyó que la persona recurrente no aportó pruebas ni identificó casos concretos que permitieran demostrar la existencia de discriminación política en los controles aplicados durante esas actividades.
El fallo no supone una valoración general sobre todas las manifestaciones ni elimina el debate público sobre los límites de los operativos policiales. Sin embargo, sí establece que, en ese caso concreto, los argumentos presentados no fueron suficientes para acreditar una vulneración de derechos fundamentales.
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Calvo defiende los anillos de seguridad
Calvo sostuvo que la resolución de la Sala Constitucional respaldó la actuación policial durante el operativo. “Dice la Sala Constitucional que estaba de sobra justificado el actuar de la policía al respecto de los anillos de seguridad y demás actividades que la policía implementó. Así que no hubo aquí ningún abuso de autoridad”, afirmó.
La diputada agregó que la solicitud de documentos de identidad y la revisión de maletines estaban justificadas, especialmente cuando las personas se encontraban más cerca de las autoridades presentes en la actividad. Según su interpretación, esas medidas fueron legales y legítimas dentro del dispositivo de seguridad.
Conviene precisar que la información disponible describe la decisión judicial en términos más concretos: la Sala declaró sin lugar el hábeas corpus porque el recurrente no aportó pruebas ni identificó casos específicos que demostraran discriminación política. La afirmación de que el fallo justificó de forma amplia todas las actuaciones corresponde a la interpretación política expresada por Calvo.
El hallazgo de objetos durante el operativo
La diputada también aseguró que durante el dispositivo se decomisaron varias armas punzocortantes y un arma no letal de goma con municiones del mismo material. Calvo señaló que este último objeto tiene una apariencia similar a la de un arma de fuego convencional, incluida una pistola de 9 milímetros.
Ese señalamiento busca reforzar la necesidad de establecer controles preventivos en actividades con presencia de autoridades y alta concentración de personas. Sin embargo, la gravedad y el alcance de los decomisos deben valorarse a partir de informes oficiales que detallen el número de objetos incautados, las circunstancias de cada hallazgo y las eventuales actuaciones judiciales.
Libertad de expresión y derecho al libre tránsito
Calvo advirtió que la presencia de un arma no letal con apariencia similar a una pistola podría provocar una reacción masiva en un espacio concurrido. “En una situación donde hay tantísima gente reunida, un arma no letal que no se distingue fácilmente ni siquiera por un experto a larga distancia puede generar una estampida, puede generar un disturbio, lo que trae como consecuencias heridos y muchísimos problemas graves”, afirmó.
La legisladora utilizó ese argumento para defender la pertinencia de los controles de seguridad y cuestionar los actos de vandalismo ocurridos durante manifestaciones de grupos opositores. A su juicio, la protesta no puede convertirse en una justificación para causar daños o alterar de manera prolongada la circulación.
“No justifiquemos más el vandalismo y no aleguemos que hay una violación a la libertad de expresión”, sostuvo. Calvo añadió que la libertad de tránsito también es un derecho de los costarricenses y rechazó que grupos que alegan ejercer su derecho a expresarse puedan bloquear las calles durante el tiempo que consideren necesario.
Calvo reclama mayor firmeza de las autoridades
La diputada también cuestionó la respuesta de las autoridades ante los bloqueos y los daños registrados durante recientes manifestaciones. Afirmó que, con el objetivo de evitar una confrontación, la Policía habría permitido que algunas vías permanecieran cerradas durante varias horas en Heredia y en la Avenida Segunda, además de denunciar daños contra monumentos.
Calvo calificó esa actuación de excesivamente flexible y pidió a las autoridades adoptar una posición más firme frente a los bloqueos prolongados, el vandalismo y cualquier conducta que ponga en riesgo a terceros.
Durante su intervención, la legisladora también afirmó que en las manifestaciones participan “infiltrados” que describió como “islámicos radicales”. Esa acusación no está respaldada por pruebas en la información disponible, por lo que debe presentarse como una declaración política y no como un hecho confirmado. La participación de personas con determinadas creencias religiosas tampoco permite, por sí sola, atribuirles vínculos con organizaciones extremistas o actividades ilícitas.
“La Policía es legítima para actuar”, concluye Calvo
En el cierre de su intervención, Calvo endureció el tono contra quienes justifican los bloqueos y los daños ocurridos durante las protestas.
“Dejen de ser alcahuetes y paren ya de justificar el vandalismo y el crimen. Obstruir el libre tránsito peatonal, el vandalismo y todas esas demás actividades están tipificadas y son delitos. La policía es legítima para actuar. No vengan a decir que es represión ni que es dictadura, es orden”, afirmó.
La diputada defendió así la intervención policial como una medida de preservación del orden público, no como una forma de represión política. Sin embargo, la calificación jurídica de cada conducta depende de sus circunstancias concretas, de la normativa aplicable y de la determinación de las autoridades competentes.
El debate que dejan sus declaraciones
Las declaraciones de Calvo reúnen tres reclamos: una condena al vandalismo, una defensa de los controles aplicados durante actividades oficiales y una exigencia de mayor firmeza ante los bloqueos de vías públicas. También incluyen acusaciones sobre una supuesta presencia de extremistas religiosos en las manifestaciones, afirmación que no puede considerarse confirmada sin pruebas verificables.
El desafío para las autoridades consiste en proteger el libre tránsito y la seguridad de las personas sin tratar toda protesta como una amenaza. La actuación policial debe apoyarse en protocolos claros, criterios proporcionales y evidencia documentada; mientras que las manifestaciones deben respetar los derechos de quienes no participan en ellas.
En última instancia, la defensa del orden público y la libertad de expresión no tienen por qué ser objetivos incompatibles. La diferencia está en que las autoridades actúen dentro de la ley y que las denuncias sobre vandalismo, violencia o infiltración se sostengan con hechos comprobables, no únicamente con acusaciones políticas.
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