El Gobierno de Costa Rica cerró el diálogo con el Poder Judicial por las normas de ejecución incluidas en el Presupuesto Nacional 2027, que mantienen bloqueados cerca de ₡29.844 millones para la institución.
El ministro de la Presidencia y Hacienda, Rodrigo Chaves, cuestionó la utilidad de continuar con la mesa de negociación. La decisión profundiza el choque entre el Ejecutivo y la Corte Suprema en torno al control del gasto público, la independencia judicial y las condiciones para liberar los recursos.
Un conflicto que va más allá del presupuesto
El Poder Judicial sostiene que los fondos son necesarios para garantizar el funcionamiento de la administración de justicia. El Gobierno, en cambio, defiende las normas de ejecución como un mecanismo de control sobre el uso de los recursos públicos.
El debate ya había generado cuestionamientos de la Contraloría General de la República, que advirtió sobre disposiciones capaces de condicionar la ejecución del presupuesto judicial y de alterar competencias constitucionales. La posición de la Contraloría fue documentada por El Observador.
La Corte mantiene abierta la vía del diálogo
Mientras el Gobierno pone en duda la utilidad de la mesa, el Poder Judicial ha mostrado disposición a continuar las conversaciones. Esa diferencia deja abierta una nueva disputa institucional, que podría trasladarse a la Asamblea Legislativa y a la jurisdicción constitucional.
La tensión también se conecta con la próxima discusión sobre la continuidad de la magistrada Roxana Chacón. La Asamblea definirá ese expediente el 18 de noviembre, en un contexto marcado por la relación cada vez más conflictiva entre los poderes del Estado.
Teletica informó que el diálogo duró menos de tres días y que las normas presupuestarias afectan ₡29.844 millones del Poder Judicial. Consulte la cobertura original de Teletica.
Be the first to comment