El Ministerio de Educación Pública reportó la ausencia de cerca de 26.000 educadores durante la protesta nacional realizada en Costa Rica. La cifra se convirtió en uno de los principales focos de la disputa entre el Gobierno y los sindicatos.
Según el MEP, la movilización afectó servicios de los centros educativos, entre ellos comedores escolares, labores de aseo y vigilancia, además de la atención dirigida a estudiantes con discapacidad.
El MEP prepara argumentos contra la huelga
El ministro de Educación, Leonardo Sánchez, sostuvo que los datos sobre ausencias podrían respaldar una solicitud para declarar ilegal la huelga. El Gobierno afirma que los motivos planteados por el movimiento no justifican las afectaciones provocadas en los centros educativos.
AmeliaRueda.com reportó la cifra del MEP y las declaraciones del ministro, mientras que la cobertura de Infobae Costa Rica describió la movilización de estudiantes, docentes y trabajadores universitarios contra los recortes al financiamiento educativo.
Los sindicatos defienden la protesta
Las organizaciones sindicales defienden el derecho de los trabajadores a manifestarse y rechazan que la jornada sea presentada únicamente como una interrupción de servicios. Para los gremios, la movilización expresa el malestar por las decisiones presupuestarias, los salarios y el rumbo de la política educativa.
El conflicto se desarrolla mientras el proyecto de Presupuesto Nacional 2027 contempla cambios en los recursos destinados a la educación. La disputa presupuestaria también enfrenta al Gobierno con el Poder Judicial, lo que amplía el alcance político de la discusión.
La cifra de 26.000 ausencias será ahora parte del debate sobre el alcance de las huelgas, la continuidad de los servicios esenciales y la responsabilidad institucional frente a estudiantes y familias.
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