Pueblo Soberano acusa al Frente Amplio de poner en riesgo la ley contra el crimen organizado

Nogui Acosta, jefe de fracción de Pueblo Soberano, durante una discusión legislativa sobre seguridad en Costa Rica
Nogui Acosta defendió la posición de Pueblo Soberano sobre el proyecto de ley contra las asociaciones criminales.

La fracción legislativa del Partido Pueblo Soberano acusó al Frente Amplio de impulsar “maniobras políticas” que podrían comprometer el avance de la ley contra las asociaciones criminales. El conflicto surgió después de que el oficialismo rechazara una moción opositora relacionada con el endurecimiento de las penas por sicariato dentro del expediente 25.615.

El PPSO defendió su decisión con argumentos de técnica legislativa y conexidad jurídica. Según la bancada oficialista, la propuesta del Frente Amplio podría modificar el propósito original del proyecto y abrir un frente de cuestionamientos legales que termine retrasando su aprobación.

El oficialismo cuestiona la moción sobre sicariato

La moción pretendía reformar el artículo 112 del Código Penal para incluir el sicariato dentro de la figura de homicidio calificado. De acuerdo con la información divulgada sobre la discusión legislativa, la propuesta buscaba elevar las penas hasta 35 años cuando el homicidio se cometa como parte de una organización criminal.

El jefe de fracción del PPSO, Nogui Acosta, sostuvo que la oposición no puede introducir cambios que pongan en riesgo la seguridad jurídica del expediente. “No vamos a permitir que por una moción del Frente Amplio se termine comprometiendo una ley que el país necesita para enfrentar a las organizaciones criminales”, afirmó.

Acosta estableció una diferencia entre combatir el sicariato y modificar un proyecto sin la conexión jurídica que, a criterio del oficialismo, exige el trámite legislativo. “Una cosa es querer combatir el sicariato y otra muy distinta es introducir reformas que podrían poner en riesgo la seguridad jurídica de un proyecto”, declaró.

El Frente Amplio defiende el endurecimiento de penas

El Frente Amplio ha defendido la necesidad de castigar con mayor severidad los asesinatos ejecutados por encargo o como parte de las operaciones de una banda criminal. La bancada sostiene que el sicariato representa una modalidad específica de violencia que merece una respuesta penal clara.

La discusión ocurre en medio de un debate más amplio sobre la forma en que Costa Rica debe responder al crimen organizado. Mientras el oficialismo prioriza la protección técnica del expediente 25.615, la oposición insiste en incorporar medidas que, según sus argumentos, permitirían sancionar con mayor dureza a quienes participen en homicidios vinculados con estructuras criminales.

La República reportó el choque entre ambas fracciones y explicó que la disputa gira alrededor de una propuesta para establecer penas de hasta 35 años contra quienes cometan asesinatos por encargo. Esa cobertura también identificó a Nogui Acosta y al diputado del Frente Amplio José María Villalta como protagonistas del enfrentamiento.

Gonzalo Ramírez acusa al Frente Amplio de generar confusión

El diputado Gonzalo Ramírez cuestionó la insistencia de la agrupación opositora y puso en duda sus motivaciones políticas.

“¿Será que al Frente Amplio realmente le interesa que esta ley avance o lo que busca es introducir cambios que terminen comprometiendo su aprobación?”, preguntó.

Ramírez agregó que el país no puede darse el lujo de retrasar herramientas legislativas destinadas a enfrentar a las bandas criminales y al narcotráfico. Desde su perspectiva, algunas mociones solo contribuyen a confundir a la opinión pública y a desviar el debate sobre la seguridad nacional.

¿Qué propone el expediente 25.615?

El expediente 25.615, denominado Ley para combatir las asociaciones criminales, busca endurecer las herramientas del Estado contra las estructuras dedicadas a cometer delitos. El proyecto fue presentado por el Poder Ejecutivo y permanece en trámite legislativo dentro de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.

Entre sus objetivos figura fortalecer la respuesta penal frente a grupos que se organizan para delinquir. La ficha legislativa del expediente 25.615 detalla el trámite y el contenido de la iniciativa, que pretende reformar la regulación de las asociaciones criminales y facilitar la persecución de bandas y organizaciones dedicadas a actividades ilícitas.

La Comisión de Seguridad y Narcotráfico ya había avanzado en el análisis del proyecto, que contempla penas de hasta 20 años de prisión por la pertenencia a organizaciones criminales, según reportes legislativos publicados en octubre. CulturaCR también explicó el resultado de la votación y el alcance de la moción rechazada por el oficialismo.

Una disputa técnica con consecuencias políticas

El desacuerdo revela una tensión frecuente en la Asamblea Legislativa: los proyectos de seguridad deben responder a una emergencia criminal, pero también superar los controles de constitucionalidad, técnica legislativa y coherencia normativa.

El oficialismo sostiene que una moción sin la debida conexidad podría debilitar el expediente. El Frente Amplio, por su parte, defiende que el Parlamento debe aprovechar la discusión para cerrar vacíos en la persecución del sicariato.

La controversia no resuelve por sí misma cuál posición tiene la razón jurídica. Esa valoración corresponde al análisis de la comisión legislativa, al Plenario y, eventualmente, a la Sala Constitucional. Por ahora, el enfrentamiento político amenaza con convertir una discusión sobre penas y seguridad en una nueva disputa entre el oficialismo y la oposición.

La evolución del expediente será clave para determinar si las fracciones logran incorporar cambios al proyecto sin retrasar su trámite. El debate se suma a otras diferencias recientes entre el Gobierno y la Asamblea sobre la respuesta estatal al crimen organizado, como ocurrió en la disputa del Ejecutivo con el Poder Judicial por el presupuesto de seguridad y justicia.

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