La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, denunció públicamente persecución política después de recibir un citatorio de la Fiscalía General de la República relacionado con el caso del narcolaboratorio.
La mandataria estatal aseguró que la acción ocurrió poco después de sus recientes declaraciones públicas y acusó al gobierno federal de utilizar instituciones para presionar políticamente a actores opositores.
Según el análisis de Impacto Noticias CR, el episodio vuelve a colocar sobre la mesa uno de los debates más delicados en México: el uso político de órganos de investigación y el creciente deterioro de la relación entre gobiernos estatales opositores y el poder federal.
Maru Campos acusa persecución política desde el gobierno federal
En un video difundido en redes sociales, la gobernadora confirmó que recibió un citatorio formal de la FGR vinculado al caso del narcolaboratorio.
“Ya lo vieron en los medios. Este mediodía recibí un citatorio de la Fiscalía General de la República por el asunto del narcolaboratorio”, afirmó.
Campos sostuvo además que la decisión ocurrió después de sus recientes entrevistas públicas.
“No lo habían hecho, pero después de las entrevistas de estos días, ya se decidieron”, agregó.
La gobernadora lanzó incluso una acusación más dura contra las autoridades federales:
“Protegen a los delincuentes y persiguen a los que tratamos de cumplir con nuestro deber”.
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El caso eleva tensión entre Chihuahua y el gobierno federal
La confrontación política entre sectores opositores y el gobierno federal mexicano ha aumentado durante los últimos años.
Sin embargo, el tono utilizado ahora por Maru Campos refleja un nivel de confrontación mucho más agresivo.
La mandataria aseguró que continuará enfrentando lo que considera una ofensiva política en su contra.
“La persecución política en mi contra continúa y, como siempre, seguiré dando la cara y dando la lucha por tu familia, por nuestro país, por Chihuahua y por la libertad”, declaró.
La cobertura reciente de El Universal muestra cómo las tensiones entre gobiernos estatales opositores y autoridades federales han escalado progresivamente dentro del escenario político mexicano.
La Fiscalía y el debate sobre uso político de instituciones
El episodio vuelve a abrir un debate sensible dentro de México: ¿hasta qué punto las investigaciones federales logran mantenerse alejadas de la confrontación política?
En América Latina, acusaciones de persecución política suelen aparecer cuando investigaciones judiciales afectan directamente a figuras opositoras o actores con peso regional.
Al mismo tiempo, autoridades gubernamentales suelen defender que las instituciones simplemente cumplen funciones legales y constitucionales.
Ese choque narrativo termina debilitando confianza pública sobre neutralidad institucional.
El centro de análisis Council on Foreign Relations ha señalado anteriormente que la polarización política en la región aumenta presión sobre instituciones judiciales y órganos de investigación.
El caso Chihuahua refleja una polarización más profunda en México
La dimensión política del caso trasciende a Maru Campos.
Chihuahua representa uno de los estados más relevantes para la oposición mexicana debido a: su peso económico, su cercanía con Estados Unidos y su importancia estratégica en temas de seguridad y narcotráfico.
Por eso cualquier choque entre el gobierno estatal y autoridades federales rápidamente adquiere repercusión nacional.
Además, el caso aparece en un contexto donde México enfrenta fuertes tensiones alrededor de: institucionalidad, seguridad, crimen organizado y equilibrio de poder político.
La disputa ya no es solo judicial: también es narrativa
El conflicto alrededor de Maru Campos refleja algo más profundo dentro de la política mexicana actual.
Ya no se trata únicamente de investigaciones o procedimientos legales.
Ahora también existe una batalla por controlar el relato público: quién persigue, quién se victimiza, quién representa al Estado y quién logra instalar legitimidad política frente a la ciudadanía.
Según Impacto Noticias CR, ese tipo de confrontación suele intensificarse conforme aumenta la polarización institucional.
Y en ese escenario, cada citatorio, investigación o declaración pública deja de interpretarse únicamente como un acto jurídico.
Empieza a verse como parte de una disputa mucho mayor por poder político y control narrativo dentro de México.
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