El abogado y exministro de Seguridad, Juan Diego Castro, criticó el comunicado emitido por varios expresidentes de la República sobre la situación de los magistrados suplentes de la Sala Constitucional. Según el abogado, el documento contiene errores jurídicos, omisiones relevantes y una narrativa que busca generar preocupación sobre el funcionamiento de la Sala IV sin que exista una base legal que lo justifique.
La reacción surge después de que los exmandatarios advirtieran sobre las consecuencias que podría tener la falta de nombramientos de magistrados suplentes para el funcionamiento del máximo tribunal constitucional del país. Sin embargo, Castro sostiene que la realidad institucional es distinta a la presentada en el pronunciamiento.
Como ha documentado Impacto Noticias CR en su cobertura sobre el Poder Judicial, el debate sobre la Sala Constitucional se ha convertido en uno de los temas más sensibles dentro de la discusión sobre el equilibrio entre la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa.
“La Sala puede seguir funcionando”, sostiene Juan Diego Castro
Según el abogado, una de las principales debilidades del comunicado es afirmar que la negativa de la Asamblea Legislativa a nombrar nuevos suplentes pone en riesgo el funcionamiento de la Sala Constitucional.
Castro detalló que actualmente los siete magistrados propietarios continúan ejerciendo plenamente sus funciones y que, además, existen magistrados suplentes activos que pueden ser convocados cuando sea necesario.
Asimismo, afirmó que la legislación costarricense no establece que la Sala requiera la totalidad de sus suplentes para resolver los asuntos sometidos a su conocimiento.
El exministro recordó que la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece una integración de siete magistrados propietarios y doce suplentes, pero señaló que estos últimos cumplen una función de apoyo cuando existen inhibiciones, incapacidades, vacaciones o situaciones extraordinarias.
Castro rechaza las advertencias sobre derechos fundamentales
Uno de los puntos más cuestionados por el abogado fue la afirmación de que la falta de nombramientos podría afectar derechos como la salud, la educación o la libertad de expresión.
Según Castro, esa argumentación construye un escenario emocional que no se corresponde con la realidad jurídica actual.
El jurista afirmó que ninguno de esos derechos se encuentra suspendido ni enfrenta un riesgo inmediato debido a las vacantes existentes entre los magistrados suplentes.
Además, sostuvo que la Sala Constitucional continúa operando con normalidad y cuenta con los recursos humanos necesarios para mantener su capacidad resolutiva.
De acuerdo con la información institucional disponible en el Poder Judicial de Costa Rica, la Sala Constitucional mantiene una estructura permanente de magistrados propietarios, letrados y personal técnico encargado de la tramitación de recursos y acciones constitucionales.
El debate sobre la calidad de la nómina fue omitido, afirma el exministro
Castro también criticó que el comunicado no haga referencia a uno de los aspectos centrales de la discusión: la calidad y la transparencia del proceso de selección de candidatos propuestos para ocupar las plazas vacantes.
Según explicó, la controversia no se limita a la existencia de vacantes, sino que incluye cuestionamientos sobre la idoneidad de algunos postulantes y sobre los mecanismos utilizados para conformar la nómina enviada por la Corte Suprema de Justicia.
Asimismo, afirmó que la Asamblea Legislativa está ejerciendo una potestad constitucional legítima al rechazar candidatos que no logran alcanzar los 38 votos requeridos para su nombramiento.
Para el abogado, el ejercicio deliberativo del Congreso no puede interpretarse automáticamente como un acto de obstrucción institucional.
En ese contexto, Castro sostuvo que el debate debería enfocarse en determinar si los aspirantes cumplen con las expectativas de independencia, experiencia y capacidad técnica que la ciudadanía exige para ocupar cargos de alta relevancia dentro del sistema judicial.
Juan Diego Castro cuestiona el papel de los expresidentes en la discusión
Otro de los señalamientos del exministro estuvo dirigido a los propios firmantes del documento.
Castro sentenció que los expresidentes omiten mencionar que sus administraciones participaron históricamente en los procesos de nombramiento dentro del Poder Judicial, pese a que apelan a su experiencia para respaldar su posición actual.
Según el abogado, esa omisión resulta relevante porque los exmandatarios formaron parte del contexto político que contribuyó a configurar la estructura institucional que hoy defienden.
Además, criticó que el comunicado presente las objeciones a la nómina como si respondieran únicamente a intereses políticos, sin reconocer la legitimidad de los cuestionamientos planteados sobre la selección de candidatos.
“Otro memorándum del miedo”, concluye Castro
En la parte más contundente de su publicación, Castro calificó el documento como una nueva versión del “memorándum del miedo”, en referencia a episodios políticos del pasado costarricense.
Según afirmó, el comunicado utiliza argumentos alarmistas para presionar a la Asamblea Legislativa y evita abordar el debate de fondo sobre los mecanismos de selección y nombramiento de magistrados suplentes.
Para el abogado, la discusión no debe centrarse únicamente en llenar vacantes, sino en garantizar que los procesos de designación respondan a criterios de transparencia, idoneidad y confianza pública.
En criterio de Castro, el futuro de la discusión dependerá menos del número de plazas vacantes y más de la capacidad de las instituciones para generar consensos sobre quiénes deben ocupar cargos de tanta relevancia dentro del sistema judicial costarricense.
Según el análisis de Impacto Noticias CR, la controversia refleja un debate más amplio sobre los mecanismos de control institucional, la independencia judicial y el papel que deben desempeñar los distintos poderes del Estado en los procesos de nombramiento.
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