El narcotráfico en el fútbol costarricense ha dejado de ser una sospecha aislada para convertirse en una preocupación nacional. Durante los últimos años, investigaciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y otras agencias internacionales han revelado cómo estructuras criminales utilizaron clubes de fútbol, patrocinios y dirigentes deportivos para presuntamente lavar dinero proveniente del tráfico internacional de drogas.
Los casos más recientes han encendido las alarmas sobre la vulnerabilidad financiera del deporte nacional y han obligado a las autoridades deportivas a reforzar los mecanismos de control sobre el origen de los fondos que ingresan a los clubes.
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El caso de Municipal Liberia sacudió al fútbol nacional
Uno de los episodios más impactantes ocurrió en junio de 2026 con la captura de Wilder Eusse Osorio, entonces presidente y principal accionista de Municipal Liberia.
La detención se produjo tras una solicitud de extradición presentada por las autoridades estadounidenses, que lo acusan de narcotráfico internacional y conspiración para transportar cocaína desde Colombia y Ecuador hacia Estados Unidos.
Las investigaciones buscan determinar si parte de la estructura empresarial vinculada al dirigente y al club fue utilizada para ocultar o legitimar recursos provenientes de actividades ilícitas.
La red de «Pecho de Rata» y su vínculo con el fútbol
Otro de los expedientes que generó mayor impacto fue el relacionado con Edwin López, alias «Pecho de Rata», y el exmagistrado Celso Gamboa, ambos extraditados a Estados Unidos.
Las autoridades estadounidenses identificaron presuntos vínculos entre la organización criminal y el club Limón Black Star FC, equipo que incluso fue incluido en sanciones emitidas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Según las investigaciones, la estructura deportiva habría sido utilizada para blanquear recursos provenientes del narcotráfico internacional.
Las sanciones financieras internacionales pueden consultarse en la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC).
Además, en junio de 2026 el OIJ detuvo a dos exjugadores de Primera División, entre ellos Elking Scoby, por presuntamente colaborar con funciones logísticas dentro de la organización criminal.
Una historia que viene de años atrás
La infiltración del crimen organizado en el fútbol costarricense no es un fenómeno reciente.
Durante la última década surgieron varios casos que levantaron cuestionamientos sobre el origen de recursos utilizados para financiar equipos profesionales y de ascenso.
Uno de ellos fue el de Carlos Pascal, vinculado en su momento a Limón FC y posteriormente investigado por presunta legitimación de capitales.
Otro caso relevante ocurrió en 2020 con la desarticulación del Grupo Lux, cuyos principales dirigentes fueron detenidos por presunto lavado de dinero. La empresa figuraba como patrocinadora de equipos como Santos de Guápiles y Cariari de Pococí.
En 2018 también fue detenido el arquero Román Arrieta, entonces vinculado a la Asociación Deportiva San Carlos, por presuntos nexos con una organización dedicada al tráfico internacional de drogas.
La respuesta de la Fedefútbol
Ante la creciente preocupación por el ingreso de dinero ilícito al deporte nacional, la Federación Costarricense de Fútbol implementó nuevas medidas de supervisión financiera.
Entre ellas destaca la creación de un órgano auxiliar permanente adscrito al Comité de Licencias, cuya función será auditar los controles financieros de los clubes profesionales.
La Federación Costarricense de Fútbol también ordenó a los equipos presentar estados financieros auditados, declaraciones juradas sobre el origen de los fondos, proyecciones financieras y reportes detallados de obligaciones económicas.
El mayor desafío para el fútbol costarricense
Más allá de los casos individuales, las investigaciones han puesto en evidencia una realidad incómoda: el fútbol puede convertirse en una herramienta atractiva para organizaciones criminales que buscan legitimar recursos y obtener reconocimiento social.
La combinación de grandes flujos de dinero, estructuras societarias complejas y alta exposición pública convierte al deporte en un objetivo estratégico para quienes intentan ocultar el origen de capitales ilícitos.
El desafío para las autoridades deportivas y judiciales será impedir que el fútbol costarricense continúe siendo utilizado como una puerta de entrada para el crimen organizado y garantizar que los recursos que sostienen a los clubes provengan de actividades completamente legítimas.
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