La empresa boliviana Fábrica Nacional de Cemento S.A. (Fancesa) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado de Bolivia contra el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente boliviano Luis Arce y otros exfuncionarios, por un presunto intento de influir en un litigio empresarial valorado en aproximadamente 107 millones de dólares.
La denuncia fue presentada por el abogado Cristian Mina, quien calificó el caso como «el mayor complot político-judicial de los últimos años». Entre los denunciados también figuran el exministro de Justicia César Siles, el exprocurador Ricardo Condori, la secretaria de Zapatero, María Gertrudis Alcázar, y representantes del Grupo Gloria y de la empresa peruana Focus Social Research.
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Los delitos denunciados
La acción penal atribuye, de forma preliminar, posibles delitos como tráfico de influencias, uso indebido de influencias, cohecho activo internacional, prevaricación, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución, entre otros contemplados en la legislación boliviana.
Según Mina, Zapatero habría realizado gestiones ante autoridades del Gobierno de Luis Arce para favorecer al Grupo Gloria, propietario de la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), con el objetivo de frenar el pago de una indemnización ordenada por la justicia boliviana a favor de Fancesa.
Un litigio de 107 millones de dólares
El conflicto enfrenta desde hace varios años a Fancesa y Soboce por un caso de competencia desleal. En febrero de 2025, el Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia confirmó una indemnización cercana a los 107 millones de dólares a favor de Fancesa. Sin embargo, la ejecución del fallo quedó suspendida tras una acción de amparo constitucional que aún espera resolución definitiva.
Las acusaciones contra Zapatero
De acuerdo con la denuncia y con información publicada por medios españoles y bolivianos, el expresidente habría sido contratado para realizar labores de intermediación política ante autoridades bolivianas. La investigación de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de España sostiene que Zapatero recibió 200.000 euros entre 2024 y 2025 mediante un contrato de consultoría con la empresa peruana Focus Social Research, operación que los investigadores consideran presuntamente simulada.
La denuncia sostiene que esos pagos habrían estado vinculados a gestiones en beneficio del Grupo Gloria, extremo que deberá ser determinado por las autoridades competentes.
La Fiscalía evaluará la denuncia
La Fiscalía General del Estado de Bolivia deberá decidir ahora si admite la denuncia e inicia una investigación formal. El abogado denunciante también solicitó que se requiera cooperación judicial a España para obtener documentación y otras pruebas relacionadas con el caso.
Hasta el momento, las acusaciones forman parte de una denuncia penal y deberán ser analizadas por las autoridades judiciales correspondientes. No existe una resolución que establezca responsabilidades penales sobre los denunciados.
La denuncia fue reportada por medios bolivianos como Correo del Sur y Los Tiempos, mientras que detalles sobre la investigación de la UDEF y los presuntos pagos atribuidos a Zapatero fueron publicados por El Independiente.
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