La permanencia del país en la lista estadounidense de principales naciones de tránsito o producción de drogas ilícitas para el año fiscal 2027 expone una transformación más profunda: Costa Rica enfrenta un problema de infraestructura criminal, no únicamente de rutas de paso.
La lista de Estados Unidos apunta a un problema que ya no puede verse como circunstancial
Costa Rica se mantiene un año más entre las 23 naciones señaladas por Estados Unidos como principales países de tránsito o producción de drogas ilícitas. La designación responde, en parte, a factores geográficos y comerciales, pero su repetición obliga a observar el fenómeno más allá de la estadística diplomática.
El dato central no es solo que el país aparezca nuevamente en el listado. Es que la permanencia sugiere la continuidad de condiciones que facilitan la operación de redes criminales y que no se resuelven con acciones aisladas ni con controles temporales.
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De territorio de paso a plataforma de operaciones
La Universidad Estatal a Distancia (UNED) advierte que Costa Rica ha dejado de ser un simple puente para convertirse en un centro de operaciones logísticas del crimen organizado. Esa lectura cambia la naturaleza del debate: el país no solo sería utilizado para trasladar drogas, sino también para articular actividades necesarias para sostener el negocio ilícito.
“El narcotráfico no solamente utiliza nuestro territorio para el traslado de drogas. Se han establecido estructuras logísticas, personas que facilitan sus operaciones y redes locales que permiten almacenar, custodiar, distribuir y vender drogas tanto en el territorio nacional como a nivel internacional”, explicó Jiménez.
Una plataforma logística criminal requiere aprovechar conexiones, movimiento comercial y capacidad de coordinación. Por eso, el desafío no se limita a detectar cargamentos. También implica identificar cómo se organizan las redes, qué espacios aprovechan y de qué manera convierten las ventajas legítimas del país en herramientas para sus operaciones.
La advertencia de la UNED: el problema es estructural
Karen Jiménez Morales, encargada de la Carrera de Ciencias Policiales de la UNED, enfatizó que la permanencia en la lista evidencia un desafío estructural que trasciende las fronteras.
La advertencia es relevante porque desplaza la discusión desde la imagen de Costa Rica como una víctima pasiva de su ubicación hacia una pregunta más incómoda: ¿qué capacidades institucionales, controles y estrategias necesita el país para impedir que sus ventajas geográficas y comerciales sean absorbidas por el crimen organizado?
Costa Rica continúa siendo un territorio relevante dentro de las rutas internacionales del narcotráfico. Estados Unidos mantuvo al país entre las principales naciones de tránsito o producción de drogas ilícitas para el año fiscal 2027.
La expansión del negocio criminal también se mide en violencia
La consolidación de estas estructuras no se limita al movimiento de drogas. Jiménez advirtió que, cuando las organizaciones criminales se afianzan, amplían sus actividades y generan nuevos focos de presión social e institucional.
“Cuando estas organizaciones se consolidan, amplían su catálogo de servicios, generando corrupción, lavado de dinero, reclutamiento de jóvenes y disputas territoriales que nos tienen con este problema de violencia homicida tan grave”, añadió.
Esta conexión resulta decisiva para comprender el fenómeno. El narcotráfico deja de ser un asunto confinado a las rutas internacionales cuando sus redes producen corrupción, capturan economías locales, reclutan población joven y disputan territorios. La violencia homicida aparece entonces como una consecuencia de la consolidación de mercados y estructuras, no como un fenómeno separado.
Más allá de los decomisos: la inteligencia como punto de partida
Ante la crisis de inseguridad, Jiménez fue enfática en que la estrategia estatal no puede limitarse a la estadística de cargamentos incautados o detenciones. A su juicio, se requiere una respuesta integral que fortalezca la inteligencia criminal, la investigación financiera y la cooperación internacional.
El planteamiento cambia el indicador de éxito. Los decomisos y las detenciones muestran resultados operativos, pero no necesariamente revelan si las estructuras que sostienen el negocio han sido desarticuladas. Una política eficaz debe seguir las redes, identificar sus recursos y comprender sus conexiones, tanto dentro del país como fuera de sus fronteras.
Desigualdad y reclutamiento: el frente social de la crisis
Jiménez también señaló la urgencia de intervenir en las desigualdades sociales, que describió como un “caldo de cultivo” para que las bandas criminales recluten a jóvenes. Según la experta, algunos de estos jóvenes terminan asumiendo nuevos liderazgos dentro de las estructuras delictivas.
La observación introduce una dimensión que suele quedar fuera de las respuestas centradas en la seguridad: la prevención del reclutamiento exige reducir las condiciones sociales que amplían la disponibilidad de nuevos integrantes para las organizaciones criminales.
Vínculo con la Asamblea Legislativa
Con el objetivo de trasladar este análisis técnico al terreno político, la Carrera de Ciencias Policiales de la UNED anunció el inicio de jornadas de trabajo con diputaciones de la Asamblea Legislativa.
El propósito de estos encuentros es aportar insumos académicos para la formulación de proyectos de ley y políticas públicas que aborden la seguridad desde una perspectiva multidimensional. La prevención social de la violencia, el fortalecimiento institucional y el combate al crimen organizado serán el eje central de las discusiones.
El vínculo entre la academia y el Poder Legislativo plantea una cuestión decisiva: convertir el diagnóstico sobre el crimen organizado en políticas que combinen inteligencia, persecución financiera, cooperación internacional y prevención social, en lugar de respuestas fragmentadas.
Una respuesta basada en evidencia
“Enfrentar el crecimiento y transformación de las estructuras criminales requiere complementar la acción policial y judicial con prevención social, investigación, cooperación interinstitucional y políticas públicas construidas a partir de evidencia”, concluyó Jiménez.
La conclusión resume el desafío planteado a lo largo del análisis: responder a la transformación del narcotráfico exige una estrategia sostenida que combine seguridad, prevención y conocimiento, en lugar de depender de medidas aisladas o de resultados inmediatos.
La geografía explica una parte; la logística explica el resto
La ubicación de Costa Rica ayuda a entender por qué aparece en la designación estadounidense, pero no basta para explicar la permanencia. La geografía puede facilitar el tránsito; la logística permite convertir ese tránsito en una operación sostenida.
Esta diferencia es el ángulo que suele perderse en la cobertura inmediata. Si el país funciona como nodo operativo, la respuesta debe superar el enfoque limitado a las fronteras y los decomisos. La inteligencia policial, la coordinación institucional y la vigilancia de los circuitos comerciales adquieren un papel central.
El costo de tratar el narcotráfico como un fenómeno externo
Considerar que el problema llega desde fuera puede llevar a una respuesta incompleta. Las redes transnacionales necesitan territorios donde almacenar, coordinar, mover recursos y reducir riesgos. Cuando un país es incorporado de forma recurrente a sus cálculos, la amenaza deja de ser exclusivamente importada: empieza a generar presión sobre sus instituciones y su seguridad interna.
La consecuencia más importante de esta transformación es política. Costa Rica debe discutir el narcotráfico como un desafío de gobernanza, no solamente como un asunto policial. La seguridad, el comercio, la inteligencia y la cooperación internacional forman parte de la misma ecuación.
El verdadero desafío para Costa Rica
La designación estadounidense no constituye por sí sola una explicación completa del fenómeno ni una condena automática de las instituciones costarricenses. Sin embargo, sí funciona como una señal de continuidad que coincide con la alerta académica de la UNED.
El desafío consiste en evitar que la condición de país de tránsito evolucione hacia una dependencia logística del crimen organizado. Para ello, Costa Rica necesita comprender con precisión cómo operan esas redes y cerrar los espacios que permiten que una ventaja comercial o geográfica se convierta en una infraestructura criminal.
La pregunta decisiva ya no es si Costa Rica sirve de puente, sino hasta qué punto se ha convertido en un nodo indispensable para las operaciones del narcotráfico.
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