Laura Fernández frenó el proceso de adhesión de Costa Rica al Tratado Transpacífico y destituyó a la ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos, en una decisión que abre una nueva disputa sobre la transparencia de la política comercial del país.
Durante un mensaje a la nación este miércoles 28 de octubre de 2026, la presidenta ordenó archivar de inmediato el proceso y confirmó que Costa Rica no firmará el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, conocido como CPTPP.
Fernández justificó el giro con dos argumentos: el supuesto secretismo que rodeó la negociación y la necesidad de proteger a las familias dedicadas a la ganadería, las lecherías y la producción agrícola de pequeña y mediana escala. La salida de Trejos elevó el alcance político de una decisión que pone en pausa la estrategia de integración comercial impulsada durante la administración anterior.
Fernández explicó los motivos de la decisión durante un mensaje a la nación, en el que defendió la transparencia del proceso y la protección de los productores nacionales.
Fernández denuncia secretismo en el acuerdo
La jefa de Estado afirmó que, pese a sus instrucciones previas de compartir el contenido del acuerdo con los sectores involucrados, el documento permaneció bajo reserva durante la negociación.
“Aunque pareciera una excelente oportunidad, su contenido completo fue declarado secreto por los negociadores, a tal punto que casi nadie sabe en qué consiste, a quiénes beneficia y a quiénes afectará”, declaró Fernández.
Con esa denuncia, el debate dejó de centrarse únicamente en la posibilidad de ampliar las exportaciones costarricenses. También nos obliga a preguntar si un acuerdo con efectos potenciales sobre la producción nacional puede avanzar sin que sus condiciones sean conocidas de manera suficiente.
Fernández se definió como una persona “liberal en lo económico y conservadora en lo social”. Esa definición resume el enfoque de su decisión: la mandataria no presentó el rechazo al tratado como una oposición general a la apertura comercial, sino como una defensa de las familias dedicadas a la ganadería, las lecherías y la producción agrícola de pequeña y mediana escala.
El Gobierno frena un proceso de integración comercial
El archivo del tratado deja en suspenso el proceso de incorporación de Costa Rica al bloque comercial del Pacífico, impulsado durante la administración anterior. La iniciativa había generado expectativas entre quienes defendían la diversificación de mercados, pero también preocupación entre productores que temían una mayor competencia de bienes importados.
El CPTPP establece compromisos en materia de bienes, servicios, inversión, contratación pública, empresas estatales y reglas de competencia. Para sus defensores, el acuerdo puede abrir oportunidades para los exportadores y atraer inversión. Para sus críticos, sus efectos deben estudiarse con mayor detalle antes de comprometer a sectores productivos vulnerables.
La presidenta optó por atender primero ese riesgo. No estamos, al menos en el discurso oficial, ante un rechazo permanente a la apertura comercial. Estamos ante una revisión de las condiciones políticas y sociales que deben acompañarla.
El Gobierno promete proteger al productor nacional
“Como su presidente, jamás puedo poner en juego el futuro de miles de familias costarricenses (…). Quienes ignoran cuáles son las reglas del juego de este nuevo tratado o tienen dudas fundamentadas, ¿cómo podrían entonces prepararse para competir con un gigantesco mercado de 600 millones de personas?”, cuestionó la gobernante.
La presidenta sostuvo que no es razonable exigir competitividad a los productores nacionales si desconocen las condiciones concretas del acuerdo. Su argumento parte de una premisa política que compartimos en parte: la apertura comercial solo puede ser legítima cuando quienes asumirán sus costos conocen de antemano las reglas y disponen de herramientas para adaptarse.
Tras anunciar el archivo del tratado, Fernández confirmó que el Gobierno concentrará sus esfuerzos en una “amplia agenda de acompañamiento al productor agropecuario nacional no exportador”.
Más compras estatales y combate al contrabando
La estrategia incluirá el fortalecimiento del Programa de Abastecimiento Institucional, conocido como PAI, para aumentar las compras estatales a productores locales. El objetivo es que la demanda de las instituciones públicas sirva de respaldo para la agricultura, la ganadería y la producción lechera nacionales.
El Gobierno también anunció una lucha frontal contra el contrabando y el comercio ilícito. Con esa medida, busca responder a una de las principales preocupaciones de los productores: competir en el mercado formal contra mercancías que ingresan sin cumplir las mismas obligaciones fiscales, sanitarias o regulatorias.
El planteamiento tiene lógica, pero también exige resultados medibles. Comprar más a los productores locales no resolverá por sí solo los problemas de costos, crédito, tecnología y distribución que arrastra buena parte del agro costarricense.
La salida de Indiana Trejos eleva el costo político
La destitución de Indiana Trejos demuestra que la Casa Presidencial considera el episodio algo más grave que una diferencia de criterio sobre comercio exterior. La salida de la ministra refleja una ruptura de confianza entre la presidenta y una de las principales responsables de la negociación.
La señal política es clara: ningún acuerdo internacional tendrá prioridad sobre el control presidencial del proceso ni sobre la obligación de explicar sus posibles consecuencias internas.
El cierre de semanas de tensión con los sectores productivos
La decisión pone fin a semanas de incertidumbre y tensión entre el Poder Ejecutivo y diversos sectores productivos, que habían expresado preocupación por los posibles efectos de la adhesión al bloque comercial.
El tratado había sido impulsado durante la administración anterior, por lo que su archivo también representa una ruptura con la estrategia de integración internacional heredada. A partir de ahora, el Gobierno deberá demostrar que el apoyo al productor nacional puede traducirse en medidas concretas, presupuesto suficiente y resultados verificables.
Lo que queda en juego
La salida de Indiana Trejos y el archivo del CPTPP revelan una tensión más profunda entre la burocracia técnica y la conducción política. Los acuerdos comerciales requieren conocimiento especializado y continuidad institucional, pero también necesitan legitimidad pública y respaldo de los sectores afectados.
La administración Fernández ha optado por exigir mayor transparencia y consulta antes de continuar el proceso. Esa exigencia puede fortalecer la política comercial, pero también puede convertirse en una excusa para postergar decisiones difíciles. El Gobierno tendrá que demostrar cuál de las dos cosas está haciendo.
La transparencia queda ahora bajo prueba
El punto decisivo ya no es si Costa Rica debe comerciar con el mundo, sino bajo qué reglas y con qué nivel de participación de quienes tendrán que competir en ese mercado. Laura Fernández convirtió esa pregunta en una crisis política al archivar el CPTPP y destituir a la ministra responsable de la negociación.
Ahora la presidenta tendrá que demostrar que la transparencia puede convertirse en una política de Estado y no solo en la justificación de una ruptura. El fortalecimiento del PAI y la lucha contra el contrabando son respuestas iniciales, pero no sustituyen una estrategia de productividad, financiamiento e innovación para el agro.
Si el Gobierno logra proteger al productor nacional sin cerrar las puertas a nuevas oportunidades comerciales, habrá transformado una controversia en una política de apertura más exigente y mejor explicada. Si no lo consigue, el archivo del tratado quedará como una decisión defensiva, con un costo potencial para la inserción internacional de Costa Rica.
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