La comparecencia de la magistrada Patricia Solano ante la Comisión de Nombramientos terminó convertida en un pulso político sobre el uso de bienes públicos, la gestión del Poder Judicial y su eventual reelección. El diputado Antonio Barzuna la interrogó por videos y denuncias ciudadanas relacionadas con un vehículo y un teléfono institucional; Solano negó haber utilizado un celular del Poder Judicial y dijo que no podía confirmar, a partir de las imágenes, que el automóvil fuera el asignado a su cargo.
El debate dejó de ser personal: Barzuna puso el foco en los bienes públicos
El intercambio comenzó con preguntas sobre presuntos recursos institucionales utilizados para asuntos personales. La discusión subió de tono cuando Barzuna le manifestó a Solano: “No me interesa su vida amorosa”.
La magistrada respondió: “Pensé que era más importante los resultados de mi gestión que mi vida amorosa”. Sin embargo, el diputado insistió en que su interés no estaba en la vida privada de la funcionaria, sino en la administración de los bienes del Estado.
“Yo no estoy interesado en su vida amorosa. Lo que quiero saber es si está utilizando recursos del Poder Judicial para temas personales”, replicó Barzuna.
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Patricia Solano niega haber usado un celular del Poder Judicial
Ante la consulta directa sobre el equipo de comunicación, Solano rechazó categóricamente la acusación y afirmó que nunca tuvo un teléfono institucional.
“Nunca he tenido celular institucional, he utilizado solo mi teléfono personal y nunca he utilizado un celular del Poder Judicial”, declaró la presidenta de la Sala Tercera.
La diferencia entre ambas posiciones es relevante: mientras las denuncias mencionadas durante la sesión apuntan a un posible uso personal de recursos públicos, la magistrada sostiene que no recibió ni utilizó ese tipo de equipo. La verificación de los hechos queda, por tanto, sujeta a la revisión de la evidencia y a la valoración de las instancias competentes.
La imagen del vehículo no permitió confirmar a quién estaba asignado
Barzuna también presentó imágenes de un vehículo institucional y preguntó si se trataba del automóvil asignado a Solano. La magistrada evitó confirmarlo y reiteró que, a partir de la imagen mostrada, no podía determinar que fuera el vehículo asignado a su persona.
En relación con las tomas, Solano identificó a una figura que aparecía en ellas como Marco Tulio Bonilla, un deportista de alto rendimiento. La respuesta no resolvió el fondo de la discusión: si el vehículo correspondía efectivamente a un recurso institucional utilizado en circunstancias personales.
La reelección de Solano quedó atrapada en una disputa política mayor
El episodio ocurre mientras la Asamblea Legislativa evalúa la continuidad de Solano como magistrada de la Sala Tercera. La fracción de Pueblo Soberano votó recientemente en contra de recomendar su reelección, citando preocupaciones sobre la gestión judicial y la inseguridad en el país.
La decisión de la comisión no define por sí sola el futuro de la magistrada. La permanencia o salida deberá resolverse en el plenario, donde se requieren 38 votos para rechazar su continuidad, según lo expuesto durante el proceso.
Qué está en juego después de la comparecencia
El caso combina dos planos que el Congreso deberá separar: la evaluación política de la gestión de Solano y la comprobación concreta de las denuncias sobre vehículos y teléfonos. Las acusaciones todavía deben ser valoradas; ninguna de las posiciones expresadas durante la comparecencia constituye, por sí misma, una determinación definitiva.
Ahora el expediente avanza hacia una decisión legislativa con consecuencias institucionales. El debate no solo definirá el futuro de una magistrada, sino que pondrá a prueba el nivel de escrutinio que el Congreso está dispuesto a aplicar sobre el uso de recursos públicos y sobre la rendición de cuentas dentro del Poder Judicial.
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