El diputado del Partido Pueblo Soberano cuestionó el uso de los recursos públicos de las universidades estatales y pidió que sus autoridades rindan cuentas antes de solicitar un aumento en el financiamiento.
El diputado del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Gonzalo Ramírez, cuestionó la distribución del presupuesto de las universidades públicas y planteó que los rectores también deberían responder por el destino de los fondos que reciben las instituciones de educación superior.
La declaración se produjo en medio de una nueva convocatoria a marchar para exigir al Gobierno más recursos para las universidades estatales. Ramírez sostuvo que las manifestaciones no deberían dirigirse únicamente al Poder Ejecutivo, sino también a las autoridades universitarias.
Ramírez pide cuentas a los rectores
En un mensaje difundido durante el debate, el legislador cuestionó que las movilizaciones reclamen más presupuesto sin exigir explicaciones sobre la forma en que se utilizan los recursos ya asignados.
“¿Por qué no marchan también para exigirle cuentas a sus propios rectores de cómo están utilizando la plata de todos los costarricenses?”, cuestionó Ramírez.
El diputado vinculó su planteamiento con datos expuestos por la Contraloría General de la República (CGR) ante la Comisión de Control del Ingreso y el Gasto Público. Según la información citada por el legislador, cerca de 67 de cada 100 colones ejecutados por las universidades públicas y el Consejo Nacional de Rectores (Conare) se destinaron al pago de remuneraciones durante el periodo analizado.
El peso de los salarios en el presupuesto universitario
Ramírez también afirmó que el 84% de lo presupuestado para las universidades se destina a salarios y preguntó cuánto de ese gasto se traduce directamente en beneficios para los estudiantes.
“En números concretos, 67 de cada 100 colones son destinados a salarios y entonces yo me pregunto, ¿cuánto de esos recursos se traduce en mejores oportunidades para los estudiantes?”, manifestó.
Las cifras plantean un debate sobre la composición del gasto universitario, pero no permiten por sí solas determinar si las remuneraciones corresponden a docentes, investigadores, personal administrativo u otras categorías. Tampoco establecen automáticamente si el gasto es ineficiente o si incumple las obligaciones de las instituciones.
Por esa razón, la discusión presupuestaria requiere distinguir entre el monto destinado a salarios, la función que cumplen los funcionarios financiados con esos recursos y los resultados que las universidades reportan en docencia, investigación, becas y extensión.
Contraloría señala los límites de su fiscalización
Durante su intervención, Ramírez reprodujo parte de una explicación de la Contraloría relacionada con el alcance de su análisis presupuestario y con la información sobre matrículas y becas.
En el extracto citado, una representante del órgano contralor explicó que la institución revisa cuánto se presupuesta y cuáles son los resultados que las universidades esperan alcanzar. Sin embargo, señaló que la autonomía universitaria limita la posibilidad de controlar directamente si los recursos se destinan a becas o a otros rubros específicos cuando el análisis se realiza desde la perspectiva presupuestaria.
“Por autonomía universitaria no podemos entrar a controlar si va para becas o no va para becas, si no vemos la parte presupuestaria”, explicó la representante, según el fragmento divulgado por el diputado.
La autonomía universitaria entra en el centro del debate
A partir de esa explicación, Ramírez cuestionó si las universidades utilizan la autonomía como un escudo para evitar rendir cuentas sobre el destino de los recursos públicos.
“¿Será que están utilizando esa autonomía como escudo? Mientras sesenta y siete de cada cien colones se destinan a las remuneraciones millonarias de unos pocos?”, expresó.
La autonomía universitaria protege la capacidad de las instituciones para organizar su gobierno, definir sus programas y administrar sus asuntos internos dentro del marco constitucional. El debate planteado por el diputado consiste en determinar hasta dónde llega esa autonomía cuando se trata de explicar el uso de fondos públicos.
La respuesta exige separar dos asuntos: la independencia necesaria para la actividad académica y la obligación de transparentar el presupuesto, los resultados y los criterios utilizados para asignar los recursos.
El financiamiento universitario vuelve a enfrentar al Gobierno y las universidades
La controversia se produce en un contexto de presión por aumentar el financiamiento de la educación superior pública. Las universidades sostienen que requieren recursos para mantener sus programas, atender a los estudiantes, financiar la investigación y ampliar sus servicios.
El Gobierno, por su parte, enfrenta restricciones fiscales y debe justificar cada aumento del gasto público. En ese escenario, la discusión sobre el presupuesto universitario no se limita al monto total: también incluye la forma en que se ejecuta, los resultados que produce y la información disponible para la ciudadanía.
El reclamo de Ramírez introduce una exigencia adicional en esa negociación: que cualquier solicitud de más recursos esté acompañada por explicaciones detalladas sobre el uso del dinero recibido y por indicadores verificables de impacto estudiantil.
Ramírez exige resultados antes de pedir más recursos
El legislador concluyó con un llamado a que las autoridades universitarias expliquen cómo utilizan los fondos públicos antes de solicitar un aumento en el financiamiento.
“Si de verdad marchan por el futuro de los estudiantes, ¿por qué no marchan también para que le puedan exigir cuentas a sus rectores? Porque antes de exigir más plata deberían de demostrar qué están haciendo con lo que ya reciben”, concluyó.
La discusión continuará alrededor de tres preguntas: cuánto reciben las universidades, en qué se gasta ese dinero y qué resultados concretos obtiene la sociedad. Mientras no existan respuestas suficientemente detalladas y comparables, el debate seguirá dividido entre quienes priorizan aumentar la inversión pública y quienes exigen mayor control sobre su ejecución.
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